Andalucía y Madrid concentran más del 80% de la industria armamentística
La
producción de las empresas de armamento, componentes y servicios
militares y de defensa catalanas supone un 2% de la estatal. La vasca
representa el 16%
El debate
sobre la exportación de armas españolas a países de dudosa reputación
en cuanto a respeto a los derechos humanos e intervención en conflictos,
como Arabia Saudita o Qatar, ha relanzado, también, la cuestión de la
industria militar en el Estado. Tras la manifestación contra el
terrorismo del sábado pasado en Barcelona, en la que se denunció la
responsabilidad del Gobierno español y del monarca Felipe VI en el
comercio de armas y, por extensión, en las guerras, esta cuestión ocupa
de nuevo la actualidad mediática y además se ha convertido en un arma
(nunca mejor dicho) arrojadiza con el conflicto nacional entre Catalunya
y España como factor añadido.
Entre los
motivos de la protesta, la presencia de quienes representan
públicamente a las empresas de armamento en sus viajes comerciales fue
el detonante para denunciar, también, la militarización de las fronteras
o la exportación de armamento y material militar por parte del Estado
Español, que bascula ya entre el sexto y el séptimo puesto, en función
del semestre, en el ranking mundial de países exportadores. Pero, ¿cuál
es la realidad del sector? ¿Y cuáles sus principales empresas
exportadoras? ¿Tiene industria militar Catalunya?
Inyección de optimismo (y de fondos públicos) a la industria militar española tras la crisis
En el
directorio de empresas que suministran materiales y servicios al
Ministerio de Defensa, constan hoy 580 empresas. Eso no significa que
todas ellas se dediquen a la producción de arma, sus componentes y
manufacturas, ni siquiera que formen parte de la industria militar, pues
se incluyen empresas de mantenimiento del personal militar y sus
instalaciones (energía, combustible, comida, limpieza). Como define el
Diccionario de la guerra, la paz y el desarme (Icaria, 2015), la
industria militar o de defensa la forman aquellas empresas que fabrican
armas o sistemas de armas, componentes de armas, material de defensa o
tecnologías destinadas al uso militar o al mantenimiento de las fuerzas
armadas. Y, también, aquellos servicios sin los cuales un arma no es
operativa, por ejemplo, las tecnologías de comunicación, de sistemas de
vuelo, de guiado de misiles o de mantenimiento de las armas.
Según la
patronal del sector, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Aeronáutica y Espacio (TEDAE), hay 381 empresas ligadas al sector de la
defensa (en 2012 eran 393). En cuanto a volumen de producción y venta,
esta industria facturó, en el año 2015, por valor de 7.428 millones de
euros y empleó a más de 21.000 trabajadores aunque, como destaca el
informe La burbuja de las armas y la industria militar en España, que el
Centro Delàs publicará en breve, la cifra es aproximativa porque la
mayoría de esas empresas no desglosan qué datos corresponden a la
producción militar y cuales a la producción de carácter civil.
A pesar
de su importancia y peso en los Presupuestos Generales del Estado, la
industria militar representó, según el mismo informe, un 1,02% del total
de la producción industrial en España y tan sólo un 0,86% del total de
ocupación industrial.
En lo que
respecta a las exportaciones, que ya son de largo la principal fuente
de ingresos y actividad de las empresas de armamento, 122 de estas
compañías vendieron en 2015 material a otros países, dos tercios a
países de la UE y la OTAN, como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o
Turquía y, el resto, a más de 50 Estados, entre los que destacan los
países Oriente Medio, que se consolida como mercado prioritario a pesar
de ser una de las regiones más inestables del mundo.
En junio
denunciábamos, tras la publicación del informe Estadísticas españolas de
exportación de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso de 2016, elaborado por la Secretaría de Estado
de Comercio, la falta de escrúpulos con la que las empresas españolas
consiguieron batir ese año un nuevo récord en la cifra de venta de
material militar al exterior, exportando por valor de 4.052 millones de
euros.
Cuestionábamos
y cuestionamos la venta de esas armas, buques, aviones y explosivos a
países que no pueden garantizar, por su situación interna o su política
exterior, que ese material no va a ser utilizado en conflictos. Algunos
de los casos más flagrantes en ese sentido son los de Egipto --en una
situación política muy inestable--, Turquía, Ucrania e Irak -en
conflicto abierto- o el de Arabia Saudí, uno de los socios comerciales
más polémicos de la industria española de armamento.
Esas
exportaciones controvertidas no sólo no parece que se vayan a
rectificar, sino que van a ser reforzadas con la puesta en marcha de
algunos proyectos de gran calado incluidos en los llamados Programas
Especiales de Armamento (PEA), que habían quedado congelados a la espera
de tiempos mejores y que el aumento del gasto militar ha permitido
reanudar. El ‘éxito’ de las empresas del sector de la defensa en el
exterior ha venido acompañado, tras vivir unos años de claro
estancamiento debido a los ajustes presupuestarios y la disminución de
las partidas públicas destinadas a defensa, del “inicio de un nuevo
ciclo inversor”, como la patronal TEDAE llama al aumento del 32% en los
créditos del Ministerio de Defensa.
La
inclusión en los presupuestos de 24 PEA, de los que la industria militar
en España se nutre en gran parte, ha permitido conocer la cifra total
de endeudamiento que supusieron estos proyectos, que se financiaban a
través de créditos y ayudas a I+D. En total fueron 17.487 millones que, a
medida que entregaban las armas, debían ser reintegrados al Tesoro
Público para saldar la deuda establecida. Esto no se ha llevado a cabo
en su totalidad y hoy se adeudan alrededor de 15.000 millones.
Las
grandes beneficiadas con los PEA son, precisamente, las grandes empresas
de la industria militar española, que también son sus principales
empresas exportadoras: el grupo Airbus (cuya cuenta de resultados arrojó
124 millones de euros en 2015), Navantia (100% de titularidad pública y
con continuas pérdidas) y EXPAL S.A. (que fabrica explosivos y
proyectiles y facturó 255 millones de euros en 2015), que desplaza del
cuarto puesto a General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas. Esta última
empresa, principal proveedora del Ejército de Tierra, dejó de
suministrar sus productos estrella, los blindados Leopardo Pizarro y los
obuses de 155 mm contratados por el Ministerio de Defensa español y vió
reducida considerablemente su facturación, pasando de 499 millones de
euros en 2006 a 102 millones en 2015. A ellas se suma Indra Sistemas,
una multinacional española de tecnología electrónica de uso civil y
militar cuya sede en Barcelona representa, además, la cara visible de la
industria militar en Catalunya.
Entonces, ¿hay o no hay industria militar en Catalunya?
“En
Catalunya también hay industria militar, subvencionada con fondos
públicos”, respondían algunos críticos con la protesta que ha relanzado
todo este debate, movilizados especialmente por uno de los carteles
presentes en la marcha, que invitaba a imaginar un país –en este caso,
aunque la banderola solo lo insinuara, una futura república catalana--
que no venda armas. Algunos de ellos citaban datos recogidos en el
informe del Centro Delàs La industria militar en Catalunya: un deseo
insatisfecho, elaborado por Pere Ortega, experto en el ciclo económico
militar y presidente de la entidad.
En el
documento, que es prácticamente el único que ofrece datos concretos
sobre la presencia de esta industria en Catalunya, hace un repaso
exhaustivo de la producción militar exclusivamente catalana, que coloca
en manos de 35 empresas, la mayoría dedicadas al diseño o a la
ingeniería o a la tecnología electrónica, aunque en algunas de las más
importantes, como las filiales de Sener, GMV o Rohde & Schwarz o
Alava ingenieros (ahora Grupo Álava), trabajan directamente en
componentes y sistemas para aviones y helicópteros de combate, carros
blindados o misiles. Aún así, la fabricación de armas, componentes de
armas y explosivos en Catalunya es testimonial y la industria destaca,
en este territorio, sobre todo por la producción subsidiaria de
componentes y la oferta de servicios. Se conoce, eso sí, la ubicación de
un polvorín de la empresa MAXAM, cuya cara oscura EXPAL es uno de las
grandes fabricantes de explosivos en España, en Marganell, cerca del
Bruc.
No se
puede decir, pues, que la industria militar catalana, que en las
primeras décadas del siglo pasado jugó un papel considerable en el
desarrollo industrial y económico del país, como se recoge en Industria
de las armas en Catalunya: de los trabucos a la aeronáutica, posea un
volumen relevante hoy en día. Aun así, cabe resaltar que, aunque no
destaca en lo cuantitativo, Catalunya es sede de algunas de las mayores
empresas vinculadas al sector, como la mencionada INDRA Sistemas, con
presencia en 33 países y unas ventas en material de defensa de 326,98
millones de euros en 2015, lo que supone el 19% de su producción total.
Otra
empresa importante sería CIMSA, con sede en Les Franqueses del Vallès,
que fabrica paracaídas militares, sistemas de frenado de aviones o
sistemas de estabilización para torpedos y en 2015 empleaba a 36
personas y vendió material de defensa por 2,51 millones de euros, un 60%
del total de su producción. Cabe destacar el caso de la empresa
catalana GTD, con sede en Barcelona, que se asoció a la francesa Nexter,
creando Ibersystems, para participar en la licitación del blindado 8x8,
que la inyección de crédito en los PEA ha desbloqueado tras más de
cuatro años congelada.
Aunque no
podemos saber con exactitud a cuánto asciende la producción militar
total que tiene lugar en Catalunya, sí que sabemos que, en 2012, la
industria militar catalana ocupaba a 478 personas y facturaba 124
millones de euros, lo que suponía aproximadamente un 2% de la producción
estatal y una ocupación del 1,6%. Hoy, si bien no se tienen
prácticamente datos de nuevas empresas catalanas que suministren
armamento, complementos o servicios al Ministerio de Defensa, sí que
sabemos que con la crisis y la reducción de ayudas de instituciones como
la Generalitat de Catalunya, que en el periodo 2002-2011 subvencionó al
sector con 19 millones de euros, algunas empresas importantes, como
EMTE Sistemas, acabaron por cerrar.
Así pues,
aunque Catalunya posee, efectivamente indústria militar, representada
en una de las empresas más importantes del Estado, esta tiene un volumen
total irrisorio en comparación con otros territorios, como el País
Vasco donde la indústria de defensa supone sobre un 16% del total
estatal, o Andalucía y Madrid, que concentran más del 80% de las
empresas de armamento, componentes y servicios militares y de defensa
del Estado. Cosa que no significa, desafortunadamente, que los sucesivos
gobiernos catalanes sean menos militaristas. Solo hace falta remitirse a
las declaraciones del actual presidente catalán sobre la necesidad de
dotar a la futura república catalana con un ejército propio.
P.S.:
Este artículo no podría haberse hecho sin el conocimiento colectivo
creado por los investigadores e investigadoras del Centro Delàs,
plasmadas en varios informes a lo largo de los años. Sería injusto,
pues, atribuirme el mérito de la obtención los datos que exponen la
situación de la industria militar.
