Una juez investiga «vejaciones» a menores en un punto de encuentro de la Junta de Andalucía en Sevilla

Una adolescente pasa por el punto de encuentro de Sevilla que investiga el juzgado. ESTHER LOBATO

Cinco padres denuncian el trato del centro de Sevilla, donde los niños ven a sus progenitores bajo supervisión judicial

Los denunciantes critican que se «resalte la figura del progenitor no custodio y se ensalce sus virtudes»

Un juzgado de Sevilla está investigando la atención que presta la Junta de Andalucía a los menores de padres separados en el Punto de Encuentro Familiar que la Asociación Humanos con Recursos gestiona en la capital andaluza. La juez instructora está indagando, entre otras presuntas irregularidades, si varios menores habrían sufrido «vejaciones e insultos», como han denunciado cinco padres.
Los puntos de encuentro familiar son lugares donde progenitores afectados por separaciones traumáticas, condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de su ex pareja retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y recogen en cumplimiento del régimen de visitas.
El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, que dirige la magistrada Patricia Fernández, está investigando ya la denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre contra el punto que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla, según ha confirmado EL MUNDO. La denuncia describe numerosas irregularidades, como los «insultos y vejaciones» que habrían sufrido algunos menores en este centro y el «trato denigrante» hacia los padres por parte de trabajadores de la entidad.
No es la única anomalía denunciada. Los padres afirman que los informes que emiten sobre los encuentros que se producen en el centro con los menores «no responden a la verdad» o no relatan lo que «de verdad ocurre», lo que les está dejando en la más absoluta «indefensión». Las periciales que emiten los puntos de encuentro suelen ser claves para la decisión que toman los jueces sobre la custodia de los menores y el régimen de visitas.
Los responsables del punto de encuentro de la Junta «omiten intencionadamente» en sus informes periciales «datos relevantes, como la enfermedad que padecen los menores y los trastornos que sufren», y los «fuerzan» a ver al progenitor que no tiene la custodia «en contra de su voluntad», según los denunciantes.
«Insultan y vejan a los menores y a sus progenitores», recoge la denuncia, que asegura que algunas madres han grabado con su móvil las conversaciones que acreditan este «trato denigrante» que afirman haber sufrido en el punto de encuentro de la Junta. La grabación «será aportada en el transcurso de la investigación judicial», anuncian.
Como dato revelador de la presunta falta de profesionalidad de los encargados de hacer los informes en el punto de encuentro, los padres denunciantes señalan que «son idénticos en todos los casos, resaltando la figura del progenitor no custodio y ensalzando sus virtudes».

Informes de corta y pega

«Cuando consideran oportuno, sin causa que lo justifique, lanzan el informe con el que dan por finalizada su actuación que también resulta idéntico: 'que la vinculación del menor con el progenitor no custodio es adecuada', 'que ambas partes mantienen una actitud responsable', y 'que se recomienda que las visitas se desarrollen en un contexto naturalizado'», afirma la denuncia.
Para estos padres, la actuación de los trabajadores del punto de encuentro de la Junta es «inadecuada» y está produciendo «unos graves perjuicios» a sus hijos y a ellos mismos. «Está descalificando y malogrando el servicio público que presta, cuyo fin último debería ser el interés de los menores que tratan», afirman los padres, que desconocen si la actuación de los trabajadores del punto de encuentro de la Junta «se debe a ignorancia, a su falta de cualificación profesional o a otros intereses, lo que sería más grave».
Los denunciantes afirman que los hechos que han sufrido pueden ser constitutivos de siete delitos distintos: contra la integridad moral, encubrimiento, omisión del deber de impedir delitos, falsificación de documentos públicos y oficiales, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y descubrimiento y revelación de secretos.
Fuentes de la Consejería de Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, indicaron que en agosto no había llegado ninguna notificación del juzgado sobre la denuncia, pero ofrecieron la «máxima colaboración» con la Justicia para aclarar cualquier extremo relacionado con el funcionamiento del punto de encuentro.
La Consejería de Justicia e Interior invierte cada año en torno al millón de euros en los diez puntos de encuentro que están en funcionamiento en las ocho provincias andaluzas, en los que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades y asociaciones, que son las encargadas de gestionar estos centros.
«Siempre que ha habido una queja se ha actuado» para «corregir» cualquier incidencia y para «garantizar el buen funcionamiento del servicio del punto de encuentro», señala la Consejería. La Administración define los puntos de encuentro como «un espacio neutral para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia».