La Junta se escuda en el juzgado para ocultar información sobre los enchufes

La consejera de Educación, Sonia Gaya, a la izquierda, con una parlamentaria.

La consejera de Educación niega al PP acceso a los expedientes de contratación de la hija del ex inspector jefe en Sevilla por "seguridad jurídica"

La Fiscalía denuncia al exdelegado de Educación por el nombramiento "ilegal" de la hija del inspector jefe

La Junta de Andalucía no va a abrir las puertas y ventanas de la Delegación de Educación en Sevilla, en el epicentro del escándalo por las contrataciones irregulares de familiares de altos cargos, por no hablar de las polémicas por los aprobados de despacho o las anomalías en los procesos de escolarización.
La llegada de la nueva consejera, Sonia Gaya, no va a cambiar la política mantenida hasta el momento por el gobierno de Susana Díaz. Ella misma lo ha confirmado este jueves en el Parlamento andaluz al hacer oídos sordos a la petición del Partido Popular de tener acceso a las contrataciones de la hija del ex inspector jefe -que desencadenaron el escándalo y que han sido denunciadas por la Fiscalía- y al expediente que, por ese motivo, se abrió al ya ex alto cargo de Educación.
Gaya aludió a la "seguridad jurídica de todos" para ignorar el requerimiento de información del principal partido de la oposición, al tiempo que ha defendido que su departamento mantiene una actitud de "colaboración y respeto" con la investigación que se se encuentra ya en manos de un juzgado sevillano.
Ésa fue la respuesta, escueta, que la consejera dio a la parlamentaria del PP Patricia del Pozo, que reiteró a Gaya la petición de acceder a la documentación del caso protagonizado por Anais Moreno, hija del que fuera inspector jefe de la Delegación de Educación en Sevilla, Alberto Moreno.
Del Pozo exigió, además de la documentación interna, que la nueva consejera "depure responsabilidades" y señaló directamente a la viceconsejera y a la directora general de Recursos Humanos de la Consejería. "No se ha hecho nada en la Delegación de Educación sin que lo sepan en la Consejería", denunció la parlamentaria del PP, quien habló de un "amaño brutal de silencio".
Más aún, Del Pozo calificó lo sucedido en estos años en la Delegación sevillana como una "trama de actuaciones arbitrarias e irregulares con "intrusos, aprobados de despacho e irregularidades en los procesos de escolarización". Un "iceberg" que ha ido creciendo año tras año y que no puede achacarse a una sola persona.
En este sentido, ha destacado que nadie "aguanta ni un minuto" al frente del departamento de Recursos Humanos de esa delegación.
La titular de Educación defendió, asimismo, la propia actuación de la consejería, que abrió expedientes disciplinarios a los supuestos responsables de los enchufes, aunque paró el procedimiento administrativo una vez abierto el judicial, reprochando al PP lo que considera unas "acusaciones realmente graves".

En manos de un juez

La Fiscalía denunció a principios de este mes ante el juzgado a tres cargos de la Consejería de Educación en Sevilla por la contratación a dedo de la hija del que fuera inspector jefe en la provincia, Alberto Moreno, tras hallar indicios de prevaricación en su actuación.
Los responsables de la Junta señalados por el fiscal son Francisco Díaz Morillo, que era entonces delegado de la Consejería de Educación en Sevilla; Luis Sanchís, que era jefe de Personal; Carmen Liébana, ex jefa del servicio de Ordenación Educativa; y la propia beneficiaria de la contratación irregular, Anais Moreno Malpartida.
Todos ellos eran «plenamente conscientes» de que Anais Moreno no reunía los requisitos para ocupar la plaza docente del Centro de Adultos del Polígono Sur de Sevilla para la que fue contratada. De hecho -subraya el escrito del fiscal- la seleccionada «no era funcionaria de carrera ni había superado ningún proceso selectivo de ingreso en los cuerpos docentes de la función pública ni era integrante de ninguna bolsa de trabajo para acceder a cualquiera de los cuerpos docentes».
El caso del 'enchufe' de Anais Moreno, destapado por EL MUNDO, dejó en evidencia cómo la Consejería de Educación se reservaba cada año una serie de destinos que repartía de forma discrecional al margen de los procedimientos ordinarios para la cobertura de vacantes.