Verdad y justicia para Blas Infante y Caparrós

Los autores ofrecen el apoyo de la Fundación Blas Infante a la familia del joven asesinado en Málaga durante las manifestaciones por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977

Manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Cádiz. / d. S.

Isidoro Moreno · Antonio M. Rodríguez

Blas Infante, cuyo aniversario de nacimiento se cumple el 5 de julio, tenía 51 años cuando fue asesinado en Sevilla la noche del 10 de agosto de 1936 en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona. Manuel José García Caparrós tenía 18 años cuando lo mató una bala durante las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Ocurrió en Málaga, en los alrededores de la única Diputación andaluza en la que se había prohibido izar la verdiblanca. Sin duda, una provocación, como lo demuestra la imagen del joven Trinidad Berlanga escalando por su fachada con una arbonaida en las manos para intentar ponerla en el balcón. No lo dejaron. Guardias civiles y policías, junto a miembros armados de Fuerza Nueva, comenzaron poco después a disparar, parece que por orden directa del gobernador civil. Una bala hirió en el brazo al adolescente Miguel Jiménez Ruiz. Y otra, del calibre 9mm, como las que usaba la Policía Armada, acabó con la vida de Caparrós. Aunque se abrió una investigación, nunca hubo el menor interés en determinar los culpables: incluso el proyectil fue limpiado con acetona.

Pocos días después, el 12 de diciembre de 1977, otra bala asesina acabó con el joven Javier Fernández Quesada a consecuencia de los disparos indiscriminados de la Guardia Civil en el campus de la Universidad de La Laguna. Ambas muertes provocaron que el 20 de diciembre de 1977 se abriera con urgencia en el Congreso una comisión de investigación, entonces llamadas "de Encuesta". La causa judicial sobre la muerte de García Caparrós fue archivada en 1985, al no haberse podido determinar los responsables penales. Inexplicablemente, la Comisión de Encuesta también se cerró sin responsables políticos. En ella declararon más personas que durante el proceso judicial. Ninguna mujer, por cierto. Algunas de las actas de aquellas sesiones son públicas. Pero no las del 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978. ¿Por qué? ¿Qué esconden esas actas?

La condena a Infante y la investigación sobre Caparrós son un desprecio a Andalucía

Recientemente, la familia de García Caparrós solicitó al Congreso de los Diputados tener acceso a las mismas, para lo que hubiera bastado el acuerdo mayoritario de la Mesa, conforme al reglamento vigente. Sin embargo, en reunión celebrada hace pocos días, el 18 de mayo de 2017, la Mesa de la Cámara negó el derecho humano a conocer la verdad amparándose en el reglamento provisional y preconstitucional que regulaba aquellas comisiones, hoy inexistentes, el cual consideraba sus sesiones "secretas en todo caso". La decisión de los diputados se parapeta en un informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara que califica como secretas aquellas sesiones pero sólo hasta su dictamen, aprobado en noviembre de 1978. En consecuencia, nada impide que pueda ser público o, cuando menos, consultado por los diputados que lo deseen, previo acuerdo de la Mesa. Justo lo que se ha prohibido tras 40 años de democracia.

Más de cuarenta años separan los asesinatos de Blas Infante y Manuel José García Caparrós. Más de cuarenta años tuvimos que esperar, desde su muerte, para pronunciar el nombre de Blas Infante en libertad. Algo más tiempo transcurrió hasta que el Parlamento de Andalucía lo reconociera como Padre de la Patria Andaluza. Y también tuvieron que pasar cuarenta años desde su muerte para que la Junta de Andalucía nombrase Hijo Predilecto a Manuel José García Caparrós. Pero ya no queremos esperar ni un día más para que el Congreso de los Diputados declare ilegal la sentencia infame que condenó a Blas Infante después de muerto y para que haga públicas las actas de la Comisión de Investigación sobre el homicidio del joven malagueño. Porque ambas negativas son un desprecio a lo que une a Blas Infante y García Caparrós: Andalucía, y a lo que une a estos con tantas otras víctimas de los enemigos de la democracia. Para todos ellos es necesaria la reivindicación de verdad, justicia y reparación.

Por todas estas razones, la Fundación Blas Infante ha acordado apoyar la reclamación de la familia García Caparrós y solicitar que se levante el veto político sobre las actas de las sesiones de la comisión que investigó su asesinato.