El adelanto electoral, también pendiente del enredo catalan

TERESA LÓPEZ PAVÓN

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Parlamento andaluz. EFE

Susana Díaz intentará evitar la coincidencia de las autonómicas con las generales, para lo cual mira de reojo los movimientos de Rajoy

El adelanto electoral cobra fuerza tras negarlo Susana Díaz

Si el 2017 fue una montaña rusa para Susana Díaz, el 2018 amenaza con traer también grandes dosis de adrenalina para la presidenta de la Junta, que podría tener la tentación de adelantar las elecciones autonómicas para evitar coincidir con las generales y esquivar así el lastre que, a su juicio, es hoy el candidato Pedro Sánchez para la marca PSOE en Andalucía. Pero tampoco está claro que Rajoy pueda agotar la legislatura, circunstancia que dependerá de lo que ocurra en Cataluña. Por tanto, todo en la política española, también la disolución de la Cámara andaluza, está pendiente de cómo se desenvuelva en los próximos meses el enredo catalán.

La política española vive un momento tan convulso que hacer un vaticinio es, sobre todo, un ejercicio de puro entretenimiento. Así las cosas, sólo es posible analizar ventajas e inconvenientes de un acortamiento de la legislatura en función de los intereses electorales del PSOE andaluz y de su candidata, que es la que tiene en sus manos la capacidad de disolver el Parlamento por adelantado.

En el PP-A están convencidos de que éste que comienza a primeros de febrero (las vacaciones parlamentarias se alargan durante el mes de enero) será el último periodo de sesiones. La única duda es si se llegará a agotar (concluye a finales de julio) o si se interrumpirá antes. En el primer caso, las elecciones andaluzas se celebrarían en el último trimestre del año. En el segundo, podrían adelantarse incluso antes del verano.

Una hipotética negativa de Ciudadanos a dar su apoyo a los presupuestos de 2019 -hipotética pero más que probable, pues el partido que preside Juan Marín necesita también marcar distancias de cara a las autonómicas- le serviría en bandeja la coartada a Susana Díaz.

El empuje de Ciudadanos, tras el éxito electoral cosechado en Cataluña, es otro factor que el PSOE-A podría tener en cuenta en favor del adelantamiento, ante la posibilidad de que ese empuje se transfiera al resto del país. Para evitar ese efecto, al PSOE le interesaría una convocatoria temprana que pillara al partido de Albert Rivera sin tiempo para apuntalar el liderazgo de Juan Marín en Andalucía, muy cuestionado internamente.

Otro argumento para el adelantamiento electoral tiene que ver con la marcha del juicio por el caso ERE, que ha sentado en el banquillo a los ex presidentes Chavesy Griñán y, con ellos, a toda una manera de hacer política del PSOE andaluz de la que es heredera Susana Díaz. Las declaraciones de ambos podrían celebrarse a finales del mes de enero, pero la vista oral se prolongará hasta el verano, con lo que no es fácil que haya sentencia hasta el último trimestre del año. Y es probable que Susana Díaz no quiera arriesgarse a que la sentencia le caiga encima en plena campaña electoral. Evitarlo sólo es posible adelantando las elecciones antes incluso del verano.

Los sondeos

Además de mirar de reojo a los movimientos de Rajoy, Susana Díaz atenderá igualmente al reflejo de los sondeos. En los últimos días, el PSOE ha trasladado a diferentes medios de comunicación los resultados de una encuesta interna que, supuestamente, confirman la fortaleza del proyecto de Susana Díaz en Andalucía. Eso supondría que la presidenta andaluza habría ya neutralizado el efecto negativo que sobre su imagen tuvo su fracaso en las primarias.

Desde el Partido Popular desconfían, sin embargo, de esa filtración, convencidos de que, en este momento, el PSOE andaluz es una marca a la baja en todas las provincias, en favor no sólo del propio Partido Popular sino sobre todo de Ciudadanos. Así las cosas, Susana Díaz podría precipitar los acontecimientos en previsión de que esa tendencia se agudice más adelante.

Igualmente, beneficiaría a sus intereses celebrar las elecciones andaluzas antes de las generales buscando el refuerzo electoral de cara a un hipotético segundo asaltoen el caso de que el proyecto de Pedro Sánchez no termine de fraguar. Aunque los ecos de su batacazo en las primarias siguen sonando, los cantos de sirena podrían volverle a llegar a la presidenta andaluza como única garante de un PSOE constitucionalista y españolista.

Con todo, y aunque la última decisión está en su mano, la presidenta de la Junta actuará en función de lo que haga al respecto Rajoy, que podría igualmente verse obligado a forzar las elecciones si finalmente no consigue sacar adelante los presupuestos de 2019, cuya aprobación se ha visto también afectada por la tensión en Cataluña.

Hasta tal punto el conflicto catalán es determinante que incluso debates tan urgentes para Andalucía como el de la nueva financiación autonómica seguirán sin resolverse mientras no se desbloquee el enredo provocado por el desafío independentista.

Otra cuestión bloqueada por el conflicto catalán tiene que ver con la implantación de la jornada de 35 horas de los empleados públicos. El Gobierno de Mariano Rajoy confiaba en alcanzar un acuerdo con los sindicatos al amparo de los presupuestos de 2019. Y con ello, el PP andaluz se vería liberado de su incómodo papel en la confrontación de la Junta con el Ejecutivo central. Pero, sin presupuestos no hay acuerdo. Sólo la decisión del Tribunal Constitucional (TC) anulando el decreto de las 35 horas de la Junta ha terminado, contra pronóstico, por aliviar la tensión.

Aunque la fórmula del Gobierno andaluz para contar como horas de trabajo las tareas de «formación» que se realizan en casa se presentó inicialmente casi como una burla a la sentencia del TC, el PP no parece en absoluto interesado en desenmascarar el amaño y huye, como gato escaldado, de otra batalla impopular frente a la Junta.

Finalmente, y tras el desahogo inicial, Susana Díaz mandó parar y ordenó formalizar el acatamiento de la sentencia con algo más de disimulo, anunciando que se controlaría el cumplimiento de las horas no presenciales a diferencia de lo dicho inicialmente por su consejera de Hacienda. El conflicto está de momento desactivado. Pero, el Gobierno andaluz y los sindicatos son conscientes de que se trata de una componenda precaria.