Roche, intervenida

La gran conflictividad entre algunos propietarios lleva a un Juzgado de Chiclana a nombrar un nuevo presidente y un administrador judicial entre otras medidas cautelares

La medida no permitirá hacer nuevas actuaciones. - F. JIMÉNEZ

Estaba llamada a ser una de las joyas turísticas de la provincia de Cádiz, un lugar de ensueño donde la naturaleza y el lujo fueran de la mano para impulsar un sector llamado a ser el futuro más creíble y necesario. Pero todo se truncó.Roche se paró. Y así lleva años, abandonada a su suerte y mantenida a duras penas por los propios residentes que se resisten a dejarla morir. Pero hay más. A estas deficiencias, llenas de capítulos de protestas y desencuentros con el Ayuntamiento, si recepciona o no, si se hace cargo de los viales o de los servicios básicos, o si se pone en pie todo lo prometido, se le suman las rígidas tensiones mantenidas en la misma comunidad de propietarios entre unos partidarios y otros que, incluso, ha llegado en más de una ocasión a denuncias cruzadas y a litigios.

Pues bien, en este marco de incertidumbre por el lugar que un día se soñó, de nuevo hay que añadir otro episodio que deja claro que su futuro se sigue perdiendo en su presente. Ahora, el Juzgado Mixto número 1 de Chiclana ha intervenido la urbanizadora. Así lo ha decidido la jueza que ha dictado una serie de medidas cautelares después de la denuncia presentada por parte de los propietarios contra la comunidad y su junta directiva hasta que no se resuelva el procedimiento que tienen pendiente en cuanto al peligro de mora procesal.

La primera medida cautelar que tomará el juzgado es nombrar a un nuevo presidente y un administrador

Por este motivo, una de la primeras medidas que se adoptarán será el nombramiento por parte del Juzgado del presidente de la comunidad de Roche Residencial, asicomo de un administrador judicial. Además la juez declara «nula y sin valor» la junta de propietarios celebrada el 27 de agosto de 2014 «como consecuencia de la vulneración de normas imperativas que determinan la nulidad de la convocatoria», expone la jueza en el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Así las cosas, considera que esta suspensión es «idónea y conducente» al fin de no permitir que los cargos electos y nombrados en dichos acuerdos puedan llevar a cabo en representación de la comunidad actuaciones que en origen serían nulas «por decaer (a la postre en sentencia) el acuerdo de la junta por el que fueron nombrados, provocando perjuicios irreparables probablemente no solo a la comunidad de propietarios sino a terceros de buena fe».

Además, añade, que dicha medida cautelar la toma en base las decisiones que pueda adoptar el actual presidente en representación de todos y quepuedan causar perjuicios tanto jurídicos como económicos si se estimara en la sentencia pendiente la impugnación de dichas acciones.

Aún así, se matiza que aquellas decisiones que ya estuvieran en curso serán asumidas por la nueva representación, es decir, el administrador judicial y el presidente que resulten nombrados.

Congelados

Esta situación paraliza aún más si cabe el posible y esperado desarrollo de la urbanización ya que además de ordenarse la suspensión de la adopción de acuerdos relativos a nuevos nombramientos, también se prohibe la aprobación de cuentas. De hecho, ahora mismo Roche Residencial carece de presupuestos para 2016, lo que significa el parón definitivo de cualquier actuación. En este sentido, el auto matiza que sólo se podrán aprobar aquellas obras que tengan carácter de «necesarias y urgentes».

Además, la intervención judicial no permite como medida cautelar que se establezcan nuevas cuotas o se modifiquen las que ya existen, además de que se planteen acciones judiciales distintas a las reclamaciones de las cuotas que deben algunos comuneros morosos.

El administrador judicial que se nombre tendrá una «operatividad básica»mientras que esté pendiente el procedimiento en marcha. Es decir, no tendrá las mismas responsabilidades que el habitual sino que desarrollará labores esenciales. Esta actuación se toma después de que se haya impugnado el nombramiento del anterior gerente. Según concreta el auto, el administrador judicial será designado por sorteo de entre la lista de administradores de fincas, o en su defecto, de entre la relación de administradores judiciales de empresas.

La nulidad de los acuerdos de la última junta deja sin presupuestos, y por tanto, sin actuaciones a la zona

Funciones

Sus funciones también quedan estrictamente delimitadas. Así, se encargará del cobro de las cuotas a los comuneros, atenderá a los pagos de mantenimiento y de los salarios de empleados ya convenidos, convocará las juntas ordinarias obligadas para asuntos de presupuestos, gastos e ingresos, además de informar a los propietarios de las contiendas judiciales ya abiertas por o contra la comunidad.

Uno de los asuntos que más se han discutido en torno a esta polémica entre los propietarios es el cariz autoritario para unos, democrático para otros, que tomaba las reuniones vecinales. En cuanto a este asunto el administrador judicial también tendrá un papel importante puesto que si convoca alguna junta tendrá que velar porque se respete el derecho al voto. De hecho, su propio sueldo se tendrá que decidir en una junta ordinaria o extraordinaria cuando se decida quien es el candidato.

El Centro Lúdico Gastronómico es uno de los equipamientos de ocio que se construyó pero está cerrado desde hace años.- F. JIMÉNEZ

Entre las medidas cautelares que ordena la jueza se encuentra la relativa al nombramiento del presidente de la comunidad ya que la designación del actual ha sido declarado nulo. El nuevo cargo será elegido por sorteo en el juzgado de entre un listado de propietarios candidatos que se presenten en el plazo de un mes, o si no hubiera ‘voluntarios’, por sorteo también, entre los propietarios que residen habitualmente en la comunidad, es decir, aquellos que tienen esas viviendas como domicilio habitual. En este caso se comprobará con el listado que se le requerirá al Ayuntamiento de Conil sobre los ciudadanos empadronados en esta zona.

Para la jueza estas medidas son «inusuales» pero «necesarias» visto el tono y la crispación que se vive en Roche desde hace ya bastantes años. Sobre la junta de la discordia, la del 27 de agosto, el auto precisa que se impugna por «distintos motivos». Entre ellos los relacionados con las directrices seguidas en la delegación de voto y votos por correo que, recuerda la juez, ya fueron objeto de crítica en anteriores pronunciamientos judiciales.

Los votos

Además se impugnan todos los acuerdos tomados ese día como la designación del gerente, la del presidente y vicepresidente, y la autorización igualmente al mismo presidente para que emprendiera acciones judiciales en representación de la comunidad. Según precisa, estas decisiones se han anulado «por haberse alcanzado mediante el cómputo irregular de delegaciones de voto conforme a directrices unilateralmente dispuestas por el entonces presidente». Por otro lado, se alegan errores en el acta, por no consignarse con exactitud la identidad de los propietarios, los presentes o los de voto delegado, y sus coeficientes que votaron en contra o a favor de los acuerdos.

Pero a pesar de todo esto, Roche mantiene esa imagen de zona privilegiada, donde se suceden las viviendas más o menos exclusivas en su laberinto interno de calles. El problema es que siga siendo escenario de una pugna entre propietarios que aflora en las juntas que se convocan en las últimas semanas de agosto. Ya han sido impugnadas tres de ellas y además son materia de procedimientos judiciales que enquistan un desarrollo que ya de por sí era difícil de antes.