Roche, otro verano de alto voltaje
.
Fotos
Situada frente a los acantilados de Conil, la urbanización
de Roche nació en la década de los 60 y comenzó a construirse en los 70
como un espacio privilegiado por su enclave y por las prestaciones que
se prometían en un residencial de chalés independientes, sólo
disponibles para economías solventes. El lugar sigue manteniendo esa
imagen de zona privilegiada, donde se suceden las viviendas más o menos
exclusivas en su laberinto interno de calles. Pero en los últimos
veranos no está siendo noticia por su intensa actividad social. El
residencial conileño es el escenario de una pugna soterrada entre
propietarios que aflora en las juntas que se convocan en las últimas
semanas de agosto. Las dos anteriores fueron impugnadas y son materia de
procedimientos judiciales. En la del año pasado hubo hasta intervención
de la Guardia Civil. En los próximos días se espera una nueva
convocatoria en la que se prevén cambios significativos. El actual
presidente de la junta de propietarios, José Ramón Marina, ha anunciado
que no se va a presentar a la reelección de un cargo que ostenta desde
el año 2009. Así también se lo ha confirmado a este periódico cuando ha
sido preguntado. Asegura que está «desmoralizado y cansado» por el
tratamiento judicial que está recibiendo la urbanización: «Algo pasa con
la Justicia en Roche».
Marina ha sido condenado al pago de una multa de 120 euros
por una falta continuada de coacciones. Fue denunciado por un grupo de
vecinos que vieron impedido el acceso a la reunión de propietarios de
hace un año. «Si tengo encomendada la dirección de esas juntas y sólo
puse unas normas de organización interna, de cómo deben celebrarse, no
entiendo por qué he sido condenado». La sentencia dictada por el juzgado
nº 5 de Chiclana confirma la decisión adoptada previamente por el
juzgado de paz de Conil y concluye que el presidente impuso unas normas
ilegales a los comuneros para poder entrar en la reunión y ejercer su
derecho de voz y voto. Ésa fue la Junta en la que tuvo que mediar la
Guardia Civil ante la situación de crispación.
Pero ésa no es la única sentencia en contra que ha recibido
recientemente. La Audiencia Provincial ha desestimado la reivindicación
de los elementos comunes que la junta de propietarios reclama a las dos
constructoras que ejecutaron el proyecto de urbanización en la década
de los 70 en la dehesa de Roche. Una demanda que puso al frente de su
lista de objetivos cuando se presentó a la presidencia hace cinco años y
que ha sido rechazada en primera y segunda instancia.
Para situarse en este conflicto, hay que partir de las
dimensiones de este residencial, que por vecinos e ingresos que genera a
través de las cuotas de comunidad y el arrendamiento de algunos de sus
espacios, podría asemejarse a un pueblo. Pero es una urbanización
enclavada en el municipio de Conil con cuyo Gobierno local las
relaciones no son fluidas. Este residencial se costea servicios básicos
como la limpieza de las calles o la depuración de aguas y hay un grupo
de vecinos que reclaman el mismo tratamiento que cualquier barrio de la
localidad; otros abogan por un convenio que regule esta prestación de
servicios. El residencial tiene 1.500 propietarios y mueve unos ingresos
anuales de un millón y medio. Añada a estos números varios pleitos
judiciales que mantiene enfrentados a varios de sus residentes y podrá
aproximarse a la situación de tensión que reina en las juntas de
propietarios de Roche. En la próxima se puede vivir el relevo del actual
equipo directivo; lo que invita a presagiar un clima de alto voltaje.
Desde la asociación de vecinos, que aglutina a los dueños
más críticos con la gestión de José Ramón Marina, confirman que están
trabajando para que se presente un candidato de perfil sosegado y
alejado de las actuales disputas, «pero resulta muy complicado. Nadie se
quiere presentar si enfrente tienen a los actuales gestores. Están
consiguiendo que la gente se canse y prefiera que Roche se hunda».
Tampoco se creen que Marina cumpla con lo anunciado: «ya lo ha hecho en
anteriores ocasiones y al final se ha presentado».
Altos costes judiciales
La lista de quejas que esgrime este grupo es larga: pésimo
mantenimiento de las zonas comunes, vías sin asfaltar hace años, una
depuradora que funciona a medio gas y que ha propiciado una multa de la
Administración por vertidos y el roto económico que ha generado la
batalla judicial por la propiedad de unos 40.000 metros cuadrados donde
se ubican espacios como las piscinas o el club social. Aseguran que este
peregrinaje judicial, que se ha saldado con derrotas, le ha costado a
la urbanización 500.000 euros, «a lo que hay que sumar otros pleitos
iniciados por el presidente», que elevarían, según sus cifras, a los
600.000 euros el coste de las batallas de Roche en los tribunales.
Por su parte, el equipo directivo remitió las cuentas
anuales del último ejercicio la pasada primavera. Un balance que ocupa
119 páginas, más anexos, redactadas en español e inglés. Las cifras que
presenta Marina defienden un equilibrio entre inversión, gastos y
presupuestos. El balance, que parece el resumen de explotación de una
sociedad mercantil por la complejidad de sus cifras, defiende que: «se
ha permitido administrar un presupuesto sin subir la cuota anual. Esto
es control del gasto y así podemos comunicar que hemos obtenido un
beneficio modesto. No es nuestro objetivo el beneficio, ya que la
correcta ejecución de un presupuesto es cerrar a cero, pero sirva este
dato para callar a quienes los falsean».
Esta última manifestación está extraída de la memoria
financiera de la urbanización en la que el presidente de los
propietarios defiende su gestión y hace continuas menciones a un grupo
opositor; lo que evidencia el estado de crispación que reina en lo que
se considera, desde la mirada de un visitante, un remanso de paz.
Pero las cuentas que defiende el presidente de la Junta
tampoco concitan el consenso. En la asociación de vecinos sostienen que
esos datos «están maquillados porque se incluyen como activos bienes que
no son propiedad de la urbanización. Hay varios economistas que las han
revisado y han detectado errores claros». Además de falsear cuentas,
acusan a Marina de manipular votos en las juntas y adoptar decisiones
sin el respaldo de los propietarios.
Zonas comunes sin uso
Este periódico visitó hace dos días el residencial para ver
el estado de conservación de la urbanización. Y esa falta de
entendimiento entre vecinos queda patente en los espacios comunes que
están cerrados como las piscinas o el club gastronómico. Si bien este
último tuvo que echar la baraja por orden del Ayuntamiento que acordó
dar una licencia para la apertura de un club social y no para un bar
donde se podían servir comidas. Hoy en las puertas del negocio se puede
leer una iniciativa de recogidas de firmas a través de la plataforma
change.org para conseguir la reapertura del negocio. Desde la oposición a
Marina se le responsabiliza de «las pésimas relaciones con el
Consistorio, que impiden acuerdos que redunden en la comunidad».
El estado de deterioro del recinto de las piscinas por la
falta de actividad, los desperfectos en el acerado de algunas calles y
el abandono de las parcelas sin construir, contrasta con el cuidado de
los inmuebles y jardines privados que son responsabilidad de sus dueños o
de las principales vías que vertebran la comunidad que presentan un
mantenimiento óptimo.
Cuando atendió a este medio, Marina explicó que tras el
último varapalo judicial de la Audiencia, estaba valorando si convocar
una junta extraordinaria que decida si mantener vivo el pleito y
elevarlo al Supremo. «Aún a día de hoy no sé cuál es la propuesta de
este grupo minoritario de propietarios sobre qué quieren hacer con unos
espacios como las piscinas, el club social o la capilla que deben ser
propiedad de todos». El presidente es además muy crítico con la Justicia
y así lo ha manifestado a sus vecinos, cuando comunicó el resultado de
la sentencia y se lamentó de «interferencias» en el procedimiento
judicial. «Más de un año esperando una resolución para que la Audiencia
dicte una sentencia que es un copia y pega de la anterior. Por respeto
podrían haberla trabajado más».
Al otro lado no quieren oír ni hablar de seguir pleiteando y
acusan al presidente de haber recurrido ante la Audiencia sin el
acuerdo de la junta de propietarios. «Ya han dejado claro y así lo
recoge el Plan General de Conil que son espacios de dotación pública.
Esos lugares deben ser aprovechados por la comunidad a través de un
acuerdo con las constructoras o con el ayuntamiento, pero lo que no
tiene sentido es que se siga una lucha judicial estéril y costosa y que
los vecinos no dispongan de esos servicios».
Sólo hay consenso entre ambas partes en un punto: a ninguno
le gusta ver cómo una de las urbanizaciones privilegiadas de la
provincia es noticia por sus conflictos internos. Las escopetas están
cargadas para la próxima reunión. Es de desear que las aguas no se
desborden.
No hay comentarios:
Publicar un comentario