miércoles, 20 de diciembre de 2017

ACA A LA GORDA NI REGALADA


El Partido Socialista Francés, de liquidación: vende su sede por 45 millones de euros

El PS ocupaba desde 1980 un palacete de 3.000 metros cuadrados en la calle Solferino de París, a unos cientos de metros de la Asamblea Nacional francesa y junto al río Sena



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HABRA QUE PEDIRLE PERMISO PARA IR A MEAR

Andalucía echa el freno: busca controlar el trabajo desde casa de sus funcionarios

El Gobierno de Susana Díaz acude al Constitucional para presentarle su 'contraoferta' tras tumbar las 35 horas y aplaza el decreto que mantenía la misma jornada presencial

Foto: La presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)

SEGUI CON LOS RECORTES,GORDI...

Condenado el SAS por el caso de una paciente que falleció tras una diálisis

  • La mujer sufrió un infarto en el Centro Periférico de Cádiz, donde no había ni carro de parada ni desfibrilador ni un médico presente
Imagen de archivo del área de hemodiálisis de un hospital andaluz.Imagen de archivo del área de hemodiálisis de un hospital andaluz.
Imagen de archivo del área de hemodiálisis de un hospital andaluz. D.C.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 18.141,08 euros a las hermanas de una paciente de 42 años que sufrió un infarto mientras estaba siendo dializada en el Centro Periférico de la capital gaditana en febrero de 2011. Dicho centro, apunta la resolución judicial, no contaba en el momento de los hechos con carro de parada ni desfibrilador. Tampoco había un médico presente. Por ello la juez entiende que "existe prueba suficiente del nexo de causalidad entre el funcionamiento de la Administración Sanitaria y el fallecimiento" de esta gaditana.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señala que la mujer era una paciente con alto riesgo de muerte súbita, especialmente en el mes posterior al implante de una prótesis mitral al que se había sometido. Este riesgo estaba en relación con su enfermedad: insuficiencia renal terminal en hemodiálisis, perioperatorio de cirugía de recambio valvular mitral y cardiopatía isquémica. Por lo tanto, "es clínicamente previsible".
Según la magistrada, que comparte las conclusiones del informe pericial obrante en la causa, el conocimiento de esta circunstancia hacía "adecuada" la recomendación del Servicio de Cirugía Cardíaca en relación a que las sesiones de diálisis se siguiesen en el hospital. "El nefrólogo responsable debía conocer la situación del Centro de Diálisis Periférico (ubicado en la calle Almirante Vierna) y su inadecuación a las necesidades de este tipo de pacientes".
El día 14 de febrero de 2011, continúa la resolución, la paciente sufrió una parada cardiorespiratoria en el Centro de Diálisis Periférico durante la sesión de hemodiálisis. "No se realizó la cardioversión eléctrica de la fibrilación ventricular hasta que no llegó el equipo de emergencias. La probabilidad de daño cerebral irreversible aumentó cada minuto que se retrasó la cardioversión eléctrica, a consecuencia de la falta de médico y de desfibrilador. La prevención de la muerte súbita tras una arritmia maligna y parada cardiorespiratoria hace necesario que en los centros de diálisis exista personal formado en reanimación cardiopulmonar, un médico y desfibrilador para que el diagnóstico sea inmediato y la recuperación de las constantes sea lo más rápida posible, maximizando las posibilidades de reanimación y minimizando las de muerte ".
Tanto el referido informe forense como la juez concluyen que "el retraso en la reanimación tuvo como resultado la encefalopatía postanoxica severa y posterior fallecimiento" de la mujer ocho días después del infarto.
"A mayor abundamiento -expone la sentencia- debe tenerse en cuenta que en el pliego de prescripciones técnicas para la concertación del Servicio de Hemodiálisis en el Centro Periférico [para el Hospital Puerta del Mar de Cádiz] se establecía que este equipamiento debía contar tanto con desfibrilador como con carro de parada perfectamente equipado para Reanimación Cardiopulmonar Avanzada".
Desde Bufete Ortiz, despacho que se ha encargado de representar a los familiares de la fallecida en esta causa, subrayan que en el momento en el que se produjo la parada cardiorespiratoria ni había un médico en la unidad ni existía desfibrilador ni carro de parada. "Prueba de ello es la transcripción de la llamada realizada al 061 por parte del Centro Periférico de Diálisis, debiéndose destacar las siguientes manifestaciones: Es que tenemos a una paciente con una pérdida de conciencia, no tenemos ni médico ni nada (...). Sí, está en diálisis, está en máquina ahora mismo (...). No, no está consciente (...). Le hemos puesto oxígeno y demás pero no, no recobra la conciencia."

martes, 19 de diciembre de 2017

HABLO UNA CAGADA

JORNADA LABORAL DE 35 HORASSusana Díaz frena la nueva jornada

 de sus funcionarios hasta que 

fichen por el trabajo en casa

El Consejo de Gobierno decide in extremis no ratificar el acuerdo suscrito ayer por Hacienda y los sindicatos hasta que se incluya un sistema de seguimiento de las horas no presenciales de los 250.000 empleados públicos.
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (i), acompañada del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios (d) y el resto de consejeros, momentos antes de presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz tras las vacaciones de verano. EFE/José Manuel Vid
En menos de 24 horas, el Ejecutivo de Susana Díaz ha frenado en seco la nueva jornada laboral para los 250.000 empleados andaluces consensuada este lunes con los sindicatos por falta de seguridad jurídica. El Consejo de Gobierno ha echado para atrás el acuerdo firmado este lunes entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos de la función pública para reordenar la jornada laboral en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó la jornada de 35 horas semanales en Andalucía. 
Estaba previsto -y así lo anunció ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero- que el Gobierno “ratificase” este martes el acuerdo sindical con forma de decreto, y que éste entrase en vigor “inmediatamente”. Pero no será así. El gabinete jurídico ha mostrado dudas sobre la legalidad de dicho acuerdo al no contemplar mecanismos de control y seguimiento de las horas no presenciales, es decir, las 2,5 horas que los funcionarios podrán pasar en casa formándose o estudiando y que computarán como jornada laboral. La Junta ha aplazado la aprobación de este acuerdo en forma de decreto hasta que Hacienda incluya “un sistema de seguimiento y control” de esas 2,5 horas que los funcionarios tendrán que trabajar desde casa.
El frenazo de la norma, ya anunciada y publicitada por la propia Montero, no ha salido de su departamento, se ha decidido en la reunión de este marts del Consejo de Gobierno tras escuchar a los servicios jurídicos y a la presidenta, según fuentes presentes. De hecho, la propia consejera se ha visto sorprendida por la decisión y los sindicatos que ayer firmaron el acuerdo se han enterado hoy por la prensa de que acaba de ser paralizado.

GORDA,PAGA LO QUE DEBES


CÁDIZ PROVINCIA
Niños, en una guardería de la provincia.
Niños, en una guardería de la provincia.

La Junta debe a las guarderías gaditanas 230.000 euros por el presente curso

La Asociación de Escuelas Infantiles recuerda que ya en 2012 tuvo que recurrir a los 

Tribunales para cobrar

.La Asociación de Escuelas Infantiles reclama a la Agencia Pública de Educación, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los pagos de adhesión por el convenio educativo con los centros de Educación Infantil, que en sólo tres meses de curso escolar ya han acumulado una deuda de 3,8 millones de euros en el conjunto de Andalucía. Y 230.000 euros sólo en lo que respecta a los centros de la provincia de Cádiz.

ALGUIEN LE DIJO A LA IMPRESENTABLE PRESIDENTA QUE ESTE MUCHACHO ERA ANDALUZ ?



ANÁLISIS

¿Cuántas veces matarán a 

García Caparrós?

'¿Tanto trabajo costaba señalar en las conclusiones de 
la llamada comisión
 de encuesta del Congreso que la actuación policial fue desproporcionada?'

JESÚS DE MANUEL JEREZ

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Hace 40 años Rosa Burgos era una estudiante de Derecho de la Universidad de Granada. Allí fue a la manifestación del 4 de diciembre,  como cientos de miles de andaluzas y andaluces que exigían en las calles una “autonomía de primera”. Sin embargo, pronto quedó helada cuando supo que un joven había muerto en Málaga por lo mismo que ella pedía alegremente en las calles granadinas. Ese hecho trágico la marcó por mucho tiempo, tanto que hoy Rosa Burgos probablemente sea hoy quien con más empeño ha logrado arrojar luz sobre la muerte de Manuel José García Caparrós.
El libro
Hace 10 años, Rosa, siendo ya secretaria judicial, publicó un libro donde reflejaba el resultado de muchos años de investigaciones en archivos judiciales y en los del Congreso de los Diputados. El libro se titulaba La muerte de García Caparrós. Ninguna de las instituciones que, con mucho retraso, lo declararon hijo predilecto quiso editar la obra. Tuvo que hacerlo con la ayuda de una modesta revista.
Hace unos días Rosa presentó una reedición, ahora titulada Las muertes de García Caparrós. “El plural -dijo- se debe al sentimiento de que Manuel José sigue muriendo por dejación institucional”.
La segunda muerte
Manuel José murió por segunda vez en 1978 cuando la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados cerró en falso sus conclusiones. Esas conclusiones, como las 675 páginas del informe de la comisión, han permanecido ocultas todo este tiempo, salvo un par de excepciones.
Una de ellas la protagonizó Rosa Burgos, y no debió gustar mucho lo que contó tras estudiar aquellos documentos, porque la Mesa del Congreso no volvió a autorizar su acceso, salvo muy recientemente, y con limitaciones, a la diputada por Málaga Eva García Sampere .
Habría sido bueno que el Parlamento de Andalucía accediera a la petición de los grupos de IU y Podemos para que la diputada de Unidos Podemos pudiera comparecer y contar en esta cámara lo que comenzó a desvelar en rueda de prensa el 23 de octubre en ese mismo Parlamento.  Hubiera sido una muestra de respeto a la verdad y a las hermanas de Manuel José, que llevan demasiados años buscando respuestas que nadie les da.
Cierre en falso
Tras acceder a aproximadamente la mitad de las páginas del informe de la Comisión, la diputada de IU contó a la prensa, ante las hermanas de Manuel José y dos diputados del Parlamento de Andalucía, datos muy relevantes que hablan de ese cierre en falso, que hablan de un Parlamento democrático con demasiados miedos a un régimen que no había acabado de morir, pese a la muerte del dictador.
Tal vez fue ese miedo el que llevó al ponente de la comisión, entonces diputado de UCD y hoy alcalde de Málaga, a decir entonces que los manifestantes habían sido “agresivos” por lo que era “obligación” de la Policía, y “con los medios al alcance”, “mantener la paz y estabilidad de la ciudad”.  Algo muy distinto a lo que le oímos decir hace pocos días en el programa La Memoria de Canal Sur, donde afirmaba que “la actuación de la policía [el 4 de diciembre de 1977] no estuvo proporcionada ni acorde”. En ese mismo programa reconocía que “fue un absoluto error” que el presidente de la Diputación de Málaga, aún predemocrática, no colgara la bandera andaluza del balcón, a diferencia de lo que hicieron los presidentes de las otras 7 diputaciones andaluzas.
Fuenteovejuna al revés
¿Tanto trabajo costaba señalar ese error hace 40 años en las conclusiones de la llamada “comisión de encuesta”? ¿Tanto costaba reconocer que la actuación policial fue desproporcionada? ¿No se daba pie con eso a una peligrosa impunidad que abría la puerta a que hechos similares volvieran a reproducirse después, como así ocurrió en aquella “modélica Transición” en cerca de 200 ocasiones entre 1975 y 1981?
Pues bien, las conclusiones de aquella “comisión de encuesta” fueron una suerte de Fuenteovejuna al revés, con la diferencia de que aquí la víctima fue un joven trabajador de 18 años y no un comendador déspota y autoritario. Para la comisión de encuesta parece como si a Manuel José lo hubiera matado Málaga entera, porque la solución que proponía era invertir en Málaga para sacarla del atraso socioeconómico, como si fuera ese atraso y no una bala de 9 mm disparada por una pistola Star de la policía militar la que mató a un  joven aquel día. Pistolas que, al parecer, disparaban al aire pero impactaban en las paredes de los edificios de la zona, cuando no, lamentablemente en los cuerpos de 3 manifestantes. “Mi hermano no volaba”, ha dicho recientemente Loli García Caparrós. Hasta 23 impactos de bala se encontraron en muros de la confluencia de la Alameda de Colón con el puente de Tetuán.
La tercera muerte
A García Caparrós lo mató por tercera vez el juez que decidió archivar el caso, pese a los indicios que apuntaban a un cabo de la policía militar. El mismo que fue trasladado a otra localidad, el mismo cuya pistola dejaba marcas en los proyectiles similares a las del arma homicida y que fue dada de baja curiosamente poco después. El mismo que causalmente se puso enfermo el día que le tocaba declarar, lo que lo libró de comparecer ante el juez.
Para cuando se archivó el caso ya habían fallecido su madre y su padre, muy jóvenes los dos. Sus hermanas, Loli, Puri y Paqui, se quedaron huérfanas y sin hermano en cuestión de muy pocos años.
La cuarta muerte
La última muerte de Caparrós, quién lo iba a decir, se produjo cuando tras 40 años de democracia la Mesa del Congreso de los Diputados decidió mantener secretas aquellas 675 páginas y luego, en una segunda votación, levantar sólo parcialmente ese secreto y sólo para consultar los documentos in situ, como si se tratara de un TTIP cualquiera.
Carlos Sanjuán, exmilitar de la UMD y secretario general del PSOE en 1977 reconocía hace unos días, hablando de Memoria Histórica: “Me produce una profunda indignación esa falta de respuesta que hemos tenido. Me la achaco personalmente también. Yo creo que teníamos que haber sido en ese tema mucho más tajantes.”
El gobierno andaluz ha ido a remolque en este tema. No nombró a García Caparrós hijo predilecto de Andalucía hasta que no gobernó con Izquierda Unida, y eso ocurrió hace sólo 4 años, cuatro después de que la Diputación de Málaga le otorgara un reconocimiento similar. Y sólo después de una pregunta de la portavoz de Podemos Teresa Rodríguez el pasado mes de julio la presidenta de la Junta se comprometió a pedir al Congreso de los Diputados que levantara el secreto de los documentos. Llegan tarde, pero mejor tarde que nunca.
El perdón que nunca llegó
Hay dos cosas que llaman la atención en las pocas palabras que pudo pronunciar Loli García Caparrós cuando participó en el coloquio que el programa de Andalucía TV La Memoria dedicó a su hermano hace un par de semanas: una, que nadie nunca ha pedido perdón a su familia. La otra, que ella y sus dos hermanas son tal vez las personas que menos acceso han podido tener a la verdad del caso. “Otras personas tendrán más suerte o tendrán más mano”,decía Loli en ese programa, que por cierto merece mejor ubicación y horario en la parrilla de la TV pública andaluza.
Para que la dejación institucional no siga matando a Caparrós el grupo parlamentario de Podemos Andalucía apoyó la PNL que presentó ayer en el pleno del Parlamento de Andalucía el grupo socialista, así como las enmiendas de IU para que los documentos de la comisión de investigación se publiqueny sean accesibles, en primer lugar a la familia, para que por fin pueda tener algo de verdad y de reparación, primer paso para que tenga también algo de justicia.
Y, al cabo, para que nuestra democracia pueda mirarse al espejo con un mín
Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977.
imo de dignidad.
(*) Jesús de Manuel Jerez es responsable de Memoria Histórica y Democrática de Podemos Andalucía.