Pero, tras 37 años dominando el balón en todas las jugadas, las elecciones celebradas el pasado 2 de diciembre dejaron un mensaje incontestable en favor del cambio. Aunque el resultado electoral ha dejado un Parlamento fragmentado, el dictamen de las urnas tenía una lectura indiscutible, pues tanto el PP como Ciudadanos, y por supuesto Vox, se presentaron a las elecciones con un discurso claro en favor del relevo en la Junta de Andalucía. De hecho, el PP planteó el 2D como un plebiscito y Ciudadanos renunció a su condición de partido bisagra descartando desde el inicio de la campaña la renovación de su alianza con el PSOE andaluz.2018 pasará a la historia de la autonomía andaluza. El pacto PP-Ciudadanosdesalojará al PSOE del Gobierno andaluz (a estas alturas no caben ya giros inesperados de guion) con la venia de la derecha radical de Vox y los andaluces asistirán al fin de una era política. El peso del PSOE en Andalucía ha sido hegemónico en estos 40 años en los que no sólo ha gobernado la Junta de Andalucía sin interrupción sino que ha ejercido el poder y su influencia más allá de las instituciones públicas imponiendo su discurso en muchos ámbitos de la sociedad civil gracias a una bien sostenida red de interconexiones con el sindicalismo y el asociacionismo que le habían servido al partido para perpetuarse y poner sordina a las escasas manifestaciones críticas con su manera de ejercer la política y gestionar lo público.
El 2D significó, por otro lado, el segundo gran fracaso político de Susana Díaz, tras su intento fallido de dirigir a nivel federal el Partido Socialista. La presidenta de la Junta empeñó todo su capital político en un adelanto electoral (las autonómicas no tocaban hasta marzo de 2019) que finalmente se ha demostrado un completo error. Para empezar, porque el PSOE andaluz y su candidata se han llevado un doble castigo de los electores, el primero por méritos propios y el segundo como resultado de la política del Gobierno de Pedro Sánchez de acercamiento y negociación con el separatismo catalán.
A la luz de los resultados, resulta evidente que Díaz no le dio la importancia que merecía a un dato que sí supieron vaticinar las encuestas: la pulsión de cambio asentada en la ciudadanía, una constante en los últimos sondeos (incluido el único CIS previo al 2D), pese a que ninguno de ellos parecía saber traducir ese deseo a las intenciones reales de voto.
Andalucía se ha convertido, por otro lado, en plataforma de lanzamiento de Vox que, por primera vez ha entrado en las instituciones y lo hará gracias al voto de 396.000 andaluces, con 12 escaños en la Cámara autonómica y un senador.
Por tanto, si la intención de Susana Díaz era desmarcarse del desgaste que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez podría suponer para la marca PSOE, su cálculo político no ha podido resultar más desacertado, dado que el 2D parece haberse convertido en el gran catalizador de la frustración de muchos andaluces por la actuación del PSOE frente al reto del secesionismo catalán.
Además, con su calculado (y recíproco) distanciamiento de Ciudadanos para justificar su decisión de disolver la Cámara, la presidenta andaluza (ahora en funciones) ha dejado a la comunidad sin presupuesto para 2019. De haber mantenido las elecciones cuando tocaba y haber aprobado los presupuestos de la comunidad (el Gobierno andaluz ni siquiera los presentó ni hizo amago alguno de negociarlos), la inestabilidad política derivada de la falta de mayorías contundentes de cara a la investidura habría tenido consecuencias menores para la economía, pues las cuentas aprobadas amortiguarían el efecto de la parálisis institucional.
Susana Díaz justificó el adelanto electoral porque Andalucía necesitaba arrancar el 2019 con estabilidad política y unos presupuestos aprobados. Pero su decisión aboca a la comunidad a iniciar el año con unos presupuestos prorrogados y un Parlamento más polarizado. Si el PP y Cs consiguen superar con éxito el trance de la investidura, tendrán que emprender de cero la elaboración de los presupuestos y la negociación para encontrar los apoyos suficientes en el Parlamento, una tarea que no resultará ágil ni sencilla.
También es achacable a Díaz la desmovilización de la izquierda, como así se lo ha echado en cara buena parte del partido. Muchos votantes socialistas han castigado con su abstención que Díaz abandonara a mitad de mandato la gestión para dedicarse a la batallas internas en el partido. Tras su fracaso orgánico, Susana Díaz no realizó ningún guiño al sector crítico andaluz (casi un tercio de la militancia) y dejó fuera de las candidaturas a todos los referentes del sanchismo en la comunidad, confiada en iniciar el 2D un proceso de recomposición institucional y orgánica de su figura política. Tras el batacazo electoral, el PSOE andaluz confió aún durante unas semanas en una repetición electoral que le permitiera enmendar los errores cometidos durante una campaña electoral que fio su éxito exclusivamente a la fuerza de arrastre de su candidata.
Pero el pacto ya está hecho y el Gobierno de Juan Manuel Moreno podría ser una realidad este mismo mes de enero. Susana Díaz se sentará en los escaños de la oposición con un papel secundario en su propio grupo parlamentario mientras medita sobre su futuro político. El PSOE andaluz ha frenado las ansias revanchistas del sanchismo que se le echó al cuello sólo unos horas después de que hablaran las urnas.
Parece bastante improbable que Díaz puede mantenerse al frente de la federación más importante del PSOE en España, pero se ha ganado el derecho, al menos, a decidir cómo y cuándo se produce el relevo. Y así parece haberlo entendido la dirección del partido, que ha suspendido, por ahora, su intención de nombrar una gestora y forzar un relevo inmediato. La inminencia de las elecciones municipales y la presión de los barones socialistas parece haber atemperado el caletón en Ferraz. De momento. Pero la batalla por la sucesión ya está abierta, con algunos nombres sobre la mesa, como el de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, adversario histórico de Susana Díaz en Andalucía y delegado del Gobierno de Pedro Sánchez. Y el de la ministra de Hacienda, la ex consejera andaluza María Jesús Montero, que se ha labrado un perfil de política rocosa pero a su vez bien dotada para la negociación en las peores condiciones. Baste recordar que fue ella la que pactó hasta tres presupuestos con Ciudadanos en Andalucía y es ella también la que tiene la encomienda de negociar las cuentas del Estado con Podemos y las fuerzas nacionalistas. De su éxito dependerán el futuro de la legislatura de Sánchez y probablemente también sus opciones en el PSOE andaluz.
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