Una de las escandalosas muestras de falta de transparencia en el país es que los andaluces fueron a votar el día 2 sin saber lo que había aprobado la Junta de Andalucía en plena campaña sobre las cuentas públicas. Tras detectarse en octubre que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había incumplido en su cargo anterior la regla de gasto andaluza en 2017, el Gobierno de Susana Díaz tuvo que presentar el pasado noviembre un Plan Económico Financiero para ajustarse a la Ley, pero ha resultado ser una filfa. Todo eso ha sido ocultado a los votantes.
Así lo desvela el informe concluido el pasado 30 de noviembre por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que tampoco ha aireado para no entrar en la campaña electoral. Su opinión es que la Junta andaluza no plantea en el plan ajustes reales y que hay riesgo de incumplimiento por ingresos y gastos inflados. Su conclusión es que Susana Díaz, incluso en funciones, debe emprender "para 2018 actuaciones directas e inmediatas que garanticen el cumplimiento de la regla de gasto". Y "para 2019, que diseñe mecanismos de corrección inmediata del gasto" equivalentes a dos décimas del PIB andaluz, que suponen el 10% de su presupuesto. En caso contrario, el Gobierno andaluz se encamina a cinco años seguidos de incumplimiento de la regla de gasto y está aún por ver si cumplirá el de déficit este año y el próximo.
Todo apunta a que este episodio andaluz es sólo la primera muestra de lo que se avecina en el año electoral de 2019. Las comunidades autónomas batirán un récord de deuda en la historia de España, según augura la agencia de calificación de solvencia Moody's, que apuesta en que sólo las 11 comunidades que analiza -las más importantes- alcanzarán un nivel de deuda de 271.000 millones el próximo año, en hito histórico. Si a ellas se suman las restantes comunidades, se superará en 2019 por primera vez la insólita barrera de 300.000 millones de deuda autonómica. Sólo hasta julio de este año acumulan ya 293.426 millones.
Esta montaña de deuda es cinco veces superior a la acumulada por las mismas comunidades en 2007 y traza una espiral de crecimiento aún mayor que la del Estado en su conjunto. El Reino de España debía en aquel inicio de la crisis 384.000 millones y ahora adeuda 1,16 billones.
Sólo Andalucía debe 34.329 millones, la tercera más endeudada después de la Comunidad Valenciana (46.322) y la gran líder Cataluña (78.759) en una dinámica que no ha dejado de crecer en la última década. Estas tres necesitarán el año que viene otros 4.600 millones, 5.600 millones y 8.400 millones, respectivamente, y tienen al Estado como principal acreedor.
También aumenta en todas las comunidades autónomas el personal contratado. Está creciendo a un ritmo del 4% (60.000 más) este año y rondan los 1,5 millones, frente a los 328.000 de la Administración Central, según el Ministerio de Trabajo.
La subida de ingresos por la bonanza palía el problema, según Moody's, pero el riesgo de que el Estado acumule una deuda insostenible es cada vez mayor. El vicepresidente del Euro en la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis ha declarado a este diario que "con este nivel de deuda España es vulnerable, no tiene margen de maniobra para cuando llegue la próxima crisis".
Sin embargo, la política sigue siendo de permitir objetivos "flexibles y poco restrictivos" de deuda a las comunidades, según la AIReF. La ministra de Hacienda atribuye el problema al insuficiente sistema de financiación. Es cierto que hay gastos imprescincibles, puesto que las comunidades prestan servicios básicos como la Sanidad y la Educación, pero el año electoral es un poderoso estimulante del déficit y el endeudamiento. El propio Gobierno de Pedro Sánchez está ya haciendo ingeniería aprovechando el aún buen ritmo de la recaudación y anticipando gastos en 2018 para dotarse del mayor margen posible de déficit en 2019. Peligroso, porque cuanto más se retrase el saneamiento, más difícil será al avanzar la desaceleración.
El deterioro llega al punto de que la Abogacía del Estado ha tenido que recordar al Gobierno que no podía tramitar legalmente unos nuevos Presupuestos en enero sin volver a remitir previamente al Parlamento la senda de déficit que pretende. El Consejo de Ministros la volvió a aprobar suavizada el viernes en su particular día de la marmota sabiendo que no tiene visto bueno de Bruselas ni de Las Cortes, pero es que el año electoral no llega en 2019, comenzó ya hace demasiado tiempo.
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