El ex director del hospital, investigado por contrataciones irregulares
El juez cita a Rafael Pereiro por su presunta participación en un delito de prevaricación
El exdirector gerente del Puerta del Mar Rafael Pereiro.
/
J.B.
El
Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha citado a declarar en
calidad de investigado al exdirector gerente del Hospital Puerta del Mar
Rafael Pereiro Hernández por su presunta participación en un delito de
prevaricación, relacionado con supuestas contrataciones irregulares de
médicos en el centro.
Según ha podido saber este periódico, el juez ha
acordado continuar con la investigación que se inició a raíz de una
denuncia penal presentada por las secciones sindicales de Autonomía
Obrera (AO) y CGT del Hospital Puerta del Mar en la Fiscalía en octubre
de 2014, en la que se llamaba la atención sobre el método de selección
del personal médico en este centro. La denuncia recogía que como norma
general, la selección de los facultativos se realizaba a propuesta de
los directores de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), atendiendo a
"criterios absolutamente subjetivos" y sin tener en cuenta los
principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la
contratación en el ámbito de la administración pública "para evitar que
se produzcan casos de arbitrariedad, nepotismo o cualquier otro tipo de
abuso en relación a un acto administrativo que debiera basarse,
exclusivamente, en la valoración de criterios objetivos".
La Policía Nacional citó a numerosos médicos para tratar de esclarecer los hechos
En el escrito presentado a la Fiscalía, AO y CGT
recordaban que el sistema de contratación del SAS establece que la
selección de los candidatos debe realizarse obligatoriamente a través de
los correspondientes listados de la Bolsa de Contratación Temporal del
SAS, ordenados de acuerdo a una puntuación obtenida conforme a un
baremo; como segunda opción, y sólo para aquellos casos en los que no
existan especialistas en los listados o el puesto a cubrir requiera de
unos conocimientos o aptitudes muy específicos, se recoge también la
posibilidad de realizar una oferta pública específica.
Cabe decir que las contrataciones de facultativos al
margen de la Bolsa fueron también denunciadas públicamente a nivel
andaluz por el Sindicato Médico, que en un escrito de enero de 2015
manifestaba que "desde hace años, el SAS, en el ámbito de la atención
especializada, ignora sistemáticamente la puntuación en Bolsa como
criterio principal para contratar a sus médicos", señalando que, como
consecuencia, los facultativos se ven "obligados a soportar las
condiciones laborales más abusivas por temor a perder los contratos".
La Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía,
citó a numerosos médicos del hospital gaditano para tratar de esclarecer
los hechos denunciados por los sindicatos y, posteriormente, el
Ministerio Fiscal pasó el caso al juzgado, que lo archivó
provisionalmente en abril de 2016. Pero las secciones sindicales de AO y
CGT presentaron alegaciones contra el auto de archivo.
El juzgado estimó el recurso presentado por los
sindicatos y, teniendo también en cuenta la solicitud del fiscal de
continuar con la investigación, en diciembre de 2016 emitió un auto
volviendo a abrir el caso porque entendía que podían haberse producido
"alteraciones en la forma de contratación legalmente establecida que
pueden tener relevancia penal y que debe determinarse su alcance", ya
que consideraba que esa forma de proceder habría podido afectar a
"derechos constitucionales básicos como el mérito y la capacidad, para
suplantarlos por la mera voluntariedad de quien tomó las decisiones para
su alteración".
En enero de 2017, el juzgado emitió un auto con las
diligencias que deben practicarse para esclarecer los hechos denunciados
y determinar quiénes son los responsables de las contrataciones,
supuestamente irregulares, realizadas en el Hospital Puerta del Mar.
Esta investigación ha sido declarada como compleja, por lo que puede
extenderse 18 meses (hasta el 20 de marzo de 2018).
La Policía Nacional tomó declaración como
investigadas a varias personas, basándose en un informe del actual
director gerente del hospital, Fernando Forja. Ahora, el juzgado ha
citado a declarar a Rafael Pereiro en calidad de investigado y a Forja
como testigo.
Cabe recordar que Rafael Pereiro, que actualmente es
asesor técnico de la Dirección Gerencia y Dirección General del SAS,
está siendo también investigado por el caso de la estafa de más de
250.000 euros al SAS a través de prescripciones de prótesis y aparatos
ortopédicos a pacientes que no los necesitaban o incluso a usuarios ya
fallecidos. Asimismo, durante su etapa como director gerente del Puerta
del Mar, se denunciaron irregularidades en la Unidad de Cirugía General y
Aparato Digestivo del centro y hubo conflictos en Cirugía Pediátrica,
lo que provocó el cese de los jefes de ambos servicios.
Un proceso subjetivo que no tiene en cuenta la puntuación en Bolsa
El informe policial sobre la investigación de las
supuestas contrataciones irregulares en el Hospital Puerta del Mar
recoge que la mayoría de los médicos a los que los agentes citaron para
declarar manifestaron que no habían sido contratados a través de la
Bolsa durante el año 2014 -que se presentó la denuncia- ni los
anteriores, ya que las ofertas de trabajo y los contratos temporales de
corta duración se los ofrecían directamente los jefes de servicio de las
distintas especialidades médicas del centro.
Teniendo en cuenta este informe policial, las
alegaciones presentadas por los sindicatos Autonomía Obrera y CGT contra
el auto de archivo de este caso describen el procedimiento que se
seguía en el hospital para contratar a los facultativos. Así, detallan
que los jefes de las unidades proponían a la Dirección Médica la
contratación expresa de alguna persona que, por lo general, había
desarrollado su periodo formativo como especialista en el hospital o,
simplemente, era conocido o estaba especialmente bien considerado por el
jefe.
Para ello, se utilizaba una nota interna dirigida a la
Dirección Médica exponiendo los datos personales del médico escogido. A
continuación, la Dirección Médica solicitaba a través de una nota
dirigida a la Dirección Económica la contratación del facultativo
designado por el jefe de la Unidad, introduciendo en el texto alguna
referencia subjetiva, sin tener en cuenta su puntuación en la Bolsa de
Contratación. Posteriormente, la Dirección Económica determinaba la
existencia de disponibilidad presupuestaria y la presunta corrección
formal del procedimiento, y trasladaba a la Dirección Gerencia la
propuesta definitiva de contratación del médico seleccionado.
Finalmente, la Gerencia autorizaba la contratación de la persona elegida
y se le llamaba desde las oficinas del hospital para firmar su primer
nombramiento eventual, que se le renovaría sistemáticamente al finalizar
los periodos por los que fuera contratado.
Andalucía reclama al Estado mil millones de euros para Empleo que Díaz devolvió sin usar
El Gobierno andaluz, con apoyo de UGT y CCOO, aspira a
recuperar los fondos estatales que dejó sin ejecutar durante cinco años
cuando paralizó las ayudas sociolaborales tras estallar el fraude de la
formación.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los ministros Fátima Báñez y Zoido, en la final de la Europa League. EFE/Archivo
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En 2012 los tribunales andaluces abrieron investigaciones en varias provincias apuntando a un supuesto fraude masivo de los fondos del Gobierno andaluz para la formación de parados. La partida presupuestaria bajo sospecha rebasaba los 1.600 millones de euros. Se repetía el esquema del macrofraude de los ERE, el
mayor golpe judicial y político que ha recibido la Junta de Andalucía,
con más de 200 imputados, incluidos los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Casi al inicio de las pesquisas judiciales, el Gobierno de Susana Díaz
decidió cortar de raíz, ordenó paralizar las ayudas sociolaborales y
dejó en suspenso las políticas activas de empleo hasta que se
esclareciese el escándalo judicial. Fue una decisión polémica en una
comunidad con un 25,4% de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Las ayudas públicas para la formación de parados han
estado paralizadas cinco años (hasta hace un par de meses) y en ese
tiempo, la Junta ha devuelto todo el dinero que el Gobierno centraly la UE destinaban
a Andalucía para políticas activas de empleo. Susana Díaz había
aprendido de los ERE y prefirió ser prudente y no seguir concediendo
subvenciones para la formación hasta saber si se había cometido algún
delito de menoscabo de fondos públicos, y si las irregularidades salían
de la Administración o las cometían las empresas adjudicatarias, es
decir, si la Junta era defraudadora o defraudada.
La oposición no discutió demasiado esa decisión el
primer año, pero a medida que la economía andaluza fue dando síntomas de
recuperación, los adversarios de Díaz empezaron a acusarla de tener paralizado el principal instrumento de fomento del empleo. La propia Consejería de Empleo ha reconocido que en los últimos años la Junta de Andalucía ha devuelto sin usar más de dos mil millones de euros al Gobierno de Mariano Rajoy en políticas activas de empleo.
"Reclamaremos ese dinero para poner en marcha un plan extraordinario de empleo"
Ahora, cinco años después, han sido UGT y CCOO quienes se han reunido con miembros del Gobierno andaluz para conminarles a reclamar parte de ese dinero al Ministerio de Empleo. Los sindicatos de clase reclaman al Estado un plan de empleo extraordinario para Andalucía,
financiado con la devolución de los fondos de las cotizaciones de
trabajadores y empresarios andaluces para compensar las partidas no
ejecutadas por la paralización de los cursos de formación: “Es una
partida finalista que, si no se ha gastado en el fomento del empleo para
Andalucía, no se puede gastar en otra cosa, de modo que es lógico solicitar que reenvíen el dinero”,
explican. El Ejecutivo de Susana Díaz ha hecho suya esta reclamación,
ante el asombro y la indignación del PP, que lleva años acusando a la
presidenta de “desperdiciar” los fondos para políticas activas de empleo
mientras Andalucía soporta casi un millón de parados.
En el próximo pleno, una vez se aprueben este jueves
los Presupuestos Autonómicos para 2018, el PSOE llevará una iniciativa a
la Cámara para que sea el Parlamento andaluz el que eleve la solicitud
al Ministerio de Empleo reclamando que reenvíen a Andalucía parte de los
fondos de políticas activas de empleo que se desecharon cuando aún
estaba caliente el escándalo judicial. “Ahora que los tribunales han
desinflado el supuesto fraude de la formación, reclamaremos ese dinero
para poner en marcha un plan extraordinario de empleo”, avisan desde la
Junta.
Andalucía recibió 358,2 millones, 11 millones menos que en 2016
La cifra que se reclama es de mil millones de euros
para que se consigne en las partidas finalistas para Andalucía en los
próximos Presupuestos Generales del Estado, aunque la Junta denuncia que
en los últimos cinco años ha dejado de percibir 2.200 millones. UGT y
CCOO coinciden en que Andalucía ha pasado de ingresar el 26% de los
fondos estatales de empleo en 2011 al 18% en el presente ejercicio.
La proposición no de ley que el PSOE llevará al Parlamento también
insta al Gobierno central a “cuantificar” los fondos para empleo sin
ejecutar de estos años y pide que “se transfiera” a Andalucía a través
de la comisión bilateral Junta-Estado. Al Ejecutivo de Susana Díaz le ha
venido bien que sean los sindicatos UGT y CCOO quienes hayan tomado la
iniciativa, porque así dificulta las críticas del PP. El
secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, se ha reunido con las
líderes sindicales Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO) para
garantizarles que el grupo socialista llevará su propuesta al
Parlamento.
En 2017, el Ministerio de Empleo repartió entre las
comunidades autónomas 1.893,32 millones para las políticas activas de
empleo, un 5,14 % más que en 2016. Sin embargo, Andalucía recibió 358,2
millones, 11 millones menos que en 2016 (-3,08 %). La Junta dijo
que esta caída de fondos era “un agravio” para una comunidad con una de
las tasas de paro más altas el país, mientras que el PP denunció la
“inacción” del Ejecutivo de Díaz, que por entonces aún tenía paralizadas
las ayudas para programas de orientación, formación profesional para el
empleo e intermediación laboral. Es cierto que a Andalucía le corresponderían más fondos para empleo que a otras regiones, dada su elevada tasa de desempleo, pero es sólo una verdad a medias.
El reparto del fondo estatal para políticas activas
de empleo se rige por dos criterios: el 70% depende de la evaluación de
objetivos y del éxito en la ejecución de estos fondos durante el año
anterior (algo en lo que la Junta no había computado, porque las ayudas
estaban bloqueadas) y sólo el 30% depende del número de parados.
El Gobierno de Díaz reactivó las políticas activas
de empleo hace dos meses pero, a consecuencia de las irregularidades
detectadas y judicializadas, los requisitos que la Junta ha impuesto a las empresas para optar a ayudas se han endurecido
y el desarrollo de los cursos a parados es claramente inferior al
previsto. Sólo han empezado 273 cursos de formación para parados, el 20%
de los 1.492 que la Consejería de Empleo prometió el pasado junio,
cuando se anunció en Consejo de Gobierno la oferta de las subvenciones.
La convocatoria de ayudas para 2016, la primera en cinco años, ha tenido un nivel de respuesta insuficiente:
en los cursos que están en marcha hay 4.042 parados inscritos, cuando
Empleo esperaba llegar a los 22.380 beneficiarios. Tampoco las Escuelas
Taller y los Talleres de Empleo han empezado a funcionar, pese a contar
con un presupuesto de 50 millones de euros. El presupuesto total de las
ayudas a la formación asciende a 64,9 millones de euros.
Susana Díaz dice que “no conoce” a Spiriman pero un mes antes habló de él en el Parlamento
.
El cinismo de la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, quedó de nuevo demostrado tras la pregunta de un
periodista de ABC sobre las presiones al médico granadino Jesús Candel.
“Respecto a un sanitario, como usted comprenderá, yo no estoy al
corriente de cada uno de los profesionales, no sé si usted tiene más
información que yo, pues si la tiene me imagino que podrá compartirla
con todos”. Así se pronunció la faraona andaluza el pasado martes
después de que ABC le pregunta si el Servicio Andaluz de Salud ha
emprendido una “persecución” contra este médico de Urgencias del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
El médico granadino lleva meses denunciando la corrupción endémica
del sistema sanitario andaluz y es protagonista de una campaña de acoso y
derribo por parte de los medios de comunicación que más dinero reciben
por publicidad institucional del gobierno autonómico andaluz.
Hoy, 30 de noviembre ha convocado una concentración en las urgencias
del Hospital a las 12 horas de la mañana para exigir la dimisión de
Paquita Antón, gerente del SAS y Pilar Espejo, directora del complejo
hospitalario de Granada.
El médico está sufriendo una “persecución”, en la que han
“colaborado” medios de comunicación, que reciben publicidad
institucional de la Junta, publicando una supuesta denuncia de
trabajadores sanitarios contra él, por supuesto ‘acoso’ laboral.
Según Spiriman están buscando motivos para echarlo del SAS porque
molesta a “mercenarios” y a la administración de Susana Díaz por contar
la “verdad”.
“No son modelo de nada, incluso pueden ser verdaderos imbéciles,
con comportamientos en sus mensajes patanes y primarios, interesados
por el fútbol, la pertenencia al grupo y mantener relaciones sexuales
con muchas mujeres. Pero también son buenos hijos”. Parte de la
estrategia de Agustín Martínez Becerra, uno de los abogados de los
cinco acusados por la presunta violación en grupo de una joven en los
sanfermines de 2016 –él representa a tres de ellos–, fue la de basar los
minutos finales de sus conclusiones en empatizar y humanizar a unos
“imbéciles”, amigos de sus amigos, que se buscan la vida como pueden.
Unos chavales con “conversaciones privadas de patanes” pero que,
fíjense, quieren a sus madres, y posiblemente hasta echaran una mano en el ámbito familiar. He aquí la variación hecha alegato defensor del Señoras que dicen en la tele que su vecino asesino siempre saludaba.
O del “hombres, ya sabes…” que se dice, desde siempre y encogiendo los
hombros, para exonerar a todo un género por el mero hecho de serlo.
Porque es mucho más digno perdonar a un pobre idiota que a un violador."
La Junta levanta de forma parcial la suspensión del PGOU de Chiclana
El
Ayuntamiento debe subsanar unas últimas deficiencias para continuar con
el procedimiento que culminará con su publicación en el BOJA
.La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado
al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera de la resolución de la
Dirección General de Urbanismo y de la orden del consejero del ramo,
José Fiscal, por la que se valida el documento de levantamiento parcial
de las suspensiones de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Chiclana .
El PGOU permitirá desarrollar las previsiones de infraestructuras,
equipamientos y servicios, así como la regularización de más de 15.000
viviendas ilegales, según estimaciones del propio ayuntamiento.
En
la notificación enviada al Ayuntamiento se informa también de que la
mayor parte de las cuestiones pendientes de subsanar se han resuelto,
por lo que solo quedan algunos aspectos por modificar antes de que siga
adelante el procedimiento que culminará con la orden de publicación de
la norma por parte del consejero de Medio Ambiente y el envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con esta publicación se producirá la vigencia del documento de levantamiento de suspensiones.
El
levantamiento de las suspensiones de este plan se producirá tras
subsanar el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera las deficiencias
detectadas en dicho documento de planificación urbanística, tras un
proceso de cooperación técnica entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y dicho ayuntamiento para agilizar su tramitación. El planeamiento
general de este municipio gaditano estaba constituido por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente por
Resolución de 18 de septiembre de 1987 de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Cádiz, las cuales son las que se han estado aplicando tras
la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2003
por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal
Supremo. Además, desde el año 2013, en determinados ámbitos, han sido de
aplicación las Normas Sustantivas de Ordenación aprobadas por la Junta.
Desde
el punto de vista territorial, las propuestas del PGOU se adaptan al
modelo de ciudad recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA), en concreto como ciudad media nivel 1, y con las determinaciones que establece.
El
Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera tiene
como principal objetivo dotar a este municipio gaditano de un nuevo y
revisado modelo urbano-territorial, con una propuesta de ordenación
presidida por el criterio de la sostenibilidad tanto ambiental como
económica. Para ello se fundamenta en tres pilares básicos: la movilidad
sostenible, las centralidades periféricas y la incorporación del
espacio libre como elemento matriz del diseño. Y EL CAMPO DE CHICLANA SIN AGUA POTABLE,SIN RECOLECCION DE BASURAS,SIN AGUAS SERVIDAS,CON CARRILES QUE SE EMBARRAN...VAMOS,QUE EL "DISEMINADO" ES UNA MIERDA DONDE NADIE PAGA Y NADIE RECIBE
Podemos ha presentado esta mañana una propuesta de ley para que los
Ayuntamientos puedan gastar su superávit pese a las limitaciones
presupuestarias. Los morados han llevado su proyecto a la Mesa del
Congreso convencidos de que no prosperaría, pues esperaban que el
Gobierno lo vetaría. Pero el Ejecutivo se ha retrasado cuatro minutos,
ha presentado su veto fuera de plazo y no ha sido admitido.
Así, la proposición de Podemos se tramitará con la vista puesta en
que “los Ayuntamientos saneados y que pagan a tiempo, como Madrid,
puedan invertir el superávit en políticas públicas”, según ha explicado
el diputado de Podemos Segundo González. Hace dos semanas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervino las cuentas de Manuela Carmena después de que la alcaldesa madrileña gastase por encima del límite establecido por el Gobierno.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido
de que “gracias a la torpeza del PP” podrá salir adelante esta ley que
“servirá para revertir algo el artículo 135 de la Constitución, que hoy
permite que el Gobierno se lleve el dinero de quienes sí gestionan
bien”. Iglesias calcula que logrará el apoyo del resto de partidos, con
la excepción del PP, para su propuesta.
Es posible que no tenga problemas con el PSOE, ya que precisamente
los socialistas someterán a debate en el pleno que empieza hoy una
moción sobre “la modificación de la regla de gasto aplicable a las
entidades locales”. Y Podemos también podría contar con Ciudadanos, pues
su portavoz, Juan Carlos Girauta, considera que “hay margen para que los Ayuntamientos saneados puedan gastar más”
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando,
ha arremetido contra la proposición de Iglesias y ha asegurado que “a
Podemos lo que le gusta es fundirse el dinero entre asociaciones de
amiguetes”. El secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha agregado que el Gobierno tendrá ocasión de presentar de nuevo el veto durante la tramitación parlamentaria de la ley.
La cuestión tiene su trascendencia, porque el superávit de los
Ayuntamientos se eleva a 6.200 millones de euros. si el Congreso les da
luz verde para que los gasten, el Gobierno podría verse obligado a
hacer ajustes en el Presupuesto, por eso es previsible que, durante la
tramitación de la ley, el Ejecutivo trate de convencer a la oposición de
que al menos limite esa cifra.
El Gobierno de Susana Díaz reduce por segundo año el número de mujeres directivas
La Junta no reeditará el estudio sobre retribuciones
del personal público tras evidenciarse que los funcionarios cobraban un
12% más que las mujeres. El Ejecutivo andaluz ficha 46 altos cargos más
en un año, pero cae de nuevo la participación de mujeres en puestos de
responsabilidad.
Fragmento del cartel de la Navidad de Sevilla de este año.
polémica
La Sevilla homófoba se ceba con el cartel de Navidad
La
obra, que representa al arcángel Gabriel sosteniendo una Giralda, es
objeto de crueles mofas y hasta ha sido calificada como “la apoteosis
del lobby gay”
Trato de ser siempre un defensor de las decisiones judiciales pero
hay veces -en ocasiones no pocas veces- que me lo ponen más que difícil.
Cierto que los jueces, como el resto de mortales, son de su padre y de
su madre... vale. Pero hay situaciones en las que algunos se olvidan del
sentido común y de la protección de la víctima.
¿Y esto a que viene? A la intimidad. Ese sagrado derecho de todos.
Porque la justicia, representada por los que portan las togas, tiene que
blindar esa intimidad, tiene que hacer todo lo posible para que nada se
sepa que no se tenga que saber... y menos si nada tiene que ver con la
causa que se está juzgando o investigando.
En Pamplona, un juicio difícil de gestionar. Sin cámaras, sin
periodistas... blindando a la víctima, y protegiendo también la de los
aún presuntos. Una difícil tarea la que llevan a cabo los magistrados y
que tiene pinta de que va por buen camino. Porque lo que no se puede
consentir es que quien ha sido víctima, quien es la denunciante, se vea
sometida a una segunda victimización... y es el escrutinio de su vida
privada, como si tuviera algo que ver con los hechos que denuncia.
Pero igual que en este caso, en el resto. ¿A qué me refiero? Al caso
López Madrid y la doctora Pinto. Recordemos que el proceso judicial se
inicia cuando la dermatóloga denunció en diciembre de 2013 amenazas a su
hijo a la puerta del colegio. Después, una puñalada en enero de 2014, y
amenazas telefónicas. Y luego, más amenazas a sus hijos.... y, así
hasta llegar a una segunda puñalada:... Solo entonces, en abril de 2014,
mencionó el nombre de Javier López Madrid como responsable del acoso.
Resulta que conversaciones de la doctora que nada tienen que ver con
la causa aparecen en sumarios y en medios de comunicación. ¿Por qué
tiene que estar incorporadas conversaciones donde se hablan de las
hemorroides de sus pacientes? Porque este caso es, cuando menos,
curioso. Resulta que la juez autorizó a incorporar a la causa un CD con
grabaciones del teléfono de la doctora, un teléfono que había sido
intervenido con el visto bueno de la propia Elisa Pinto.
Pero claro, en tu teléfono recibes llamadas de todo tipo y hablas de
todo. Pues ese es el hecho, que en el sumario fueron incorporadas todas
las llamadas, de todo tipo, un CD en el que estaban todas las
conversaciones y al que pudieron acceder las partes, todas las partes. Y
se comenzó a conocer. Los periodistas solemos conocer casi siempre casi
todo. Y se publicaron datos de las conversaciones... en las que nada
había nuevo para la causa. Y además, algunos periodistas tuvieron
acceso al cd competo. Y allí sí había de todo... conversaciones con
pacientes, con familiares, con amigas... con la intimidad propia de
cualquier conversación. Porque en ellas se hablaba de todo, como hace
todo hijo de vecino con su teléfono ¿Y por qué si no tenía nada que ver
con los hechos esas conversaciones privadas se incorporaron a la causa?
La defensa de la doctora recurrió, levantó la voz ante lo que
consideraba -con acierto- que era un ataque a su intimidad. Y conviene
recordar... ella es la denunciante... qué pintan conversaciones
familiares cuando lo que ella denuncia es acoso, agresiones,
amenazas... muy difícil de entender. Finalmente, la juez, a
requerimiento de la doctora, ha retirado el polémico CD del sumario.
Mucho del daño ya estaba hecho... Pero todo no acaba ahí. Aún queda el
ordenador personal de la doctora, un ordenador del que la juez ha
ordenado su volcado "completo". ¿Por qué completo? En un ordenador,
igual que ya en un teléfono, está la mayor parte de la vida del
propietario. Y habrá contenidos que puedan ser utilizados para la causa.
Pero seguro que la gran mayoría, no. ¿Entonces? ¿Volvemos a vivir un
episodio similar al del CD, que solo cuando comenzó a trascender su
contenido la juez ordenó que se retirara del sumario y que se prohibiera
la publicación de su contenido?
No quiero imaginar lo que puede contener ese ordenador. Pero estoy
convencido de que la gran mayoría del material absolutamente de nada
servirá para aclarar quién apuñaló a la doctora o amenazó a sus
hijos.... Tal vez para eso tendría más utilidad el ordenador de los
imputados que el juzgado no ha dado luz verde, curiosamente, para ser
descargado. ¿Entonces? ¿Para que quiere el juzgado 39 el ordenador de
la doctora Pinto? ¿No se podrá interpretar como un ataque a su
intimidad? ¿No es más fácil cribar el material y evitar crear una
situación de indefensión a quien es la denunciante?
Al final, quien denuncia se ve aplastada por una maquinaria inmensa
de poder económico-policial, con fuerte penetración mediática. No sé si
la doctora tuvo un 'quelque chose' con el señor López Madrid o no. Y
admito que me da igual. Al juzgado también debería darle. Porque sea
como sea, si una mujer dice no es no, haya lo que haya habido antes y si
lo ha habido. Esto vale para todas. Y un juzgado no debería permitir
que la victima acabe arrepintiéndose denunciar o que parezca cobrar
valor el lema de "la mate porque era mia". Porque lo que sí ha declarado
alguna de las testigos es que estaba convencida de que a la doctora
Pinto la iban a matar.
Asegura
que este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias
a las subvenciones que recibe. El arancel impuesto oscila entre el
2,31% y el 7,24% y tiene carácter preliminar
Ramón de Carranza Fernández, el ex alcalde de Cádiz
al que participar en el golpe del 36 le costará un estadio
Carranza vuelve a los titulares por la eliminación de su nombre del callejero de Cádiz y del estadio de fútbol por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica
El
historiador Diego Caro y el biógrafo e historiador de Ramón de
Carranza, el profesor Joaquín Piñeiro, ambos de la Universidad de Cádiz,
nos ayudan a trazar el perfil del personaje gaditano
Cuando fue
alcalde entre 1936 y 1937 Carranza restituyó los nombres de las calles
que habían sido cambiados tras la proclamación de la II República
El callejero y la memoria histórica
han puesto el nombre de Ramón de Carranza Fernández de la Reguera en
primera línea de actualidad. El Ayuntamiento y parte de la oposición
están de acuerdo en que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática e
Histórica pasa por el cambio de nombre de una de las principales avenidas de la ciudad y
del estadio de fútbol, de propiedad municipal. "Firmó personalmente
informes incriminatorios para reprimir a quienes fueran sospechosos de
haber pertenecido al Frente Popular, a un sindicato o simpatizar con el
Gobierno de la Segunda República", aseguran en la justificación de la
decisión por parte del Ayuntamiento.
Pero ¿quién fue
Ramón de Carranza Fernández? ¿Cuál fue su papel durante la II República?
¿Fue activo durante el Golpe de Estado de las fuerzas militares? ¿Qué
hizo como alcalde de Cádiz durante el primer año de la Guerra Civil?
"No me da la gana"
Año 1936. Elecciones generales en la II República española. Cuenta el historiador Diego Caro
que el Frente Popular (que agrupa las fuerzas políticas de izquierda)
gana las elecciones. Ramón de Carranza Fernández logra ser uno de los
dos diputados en Cortes por Cádiz en representación del Frente
antirrevolucionario que agrupa a partidos de derecha y monárquicos.
Tenía 73 años y le tocó presidir la mesa de edad del Congreso. Dice el
diario de sesiones que alguien en la bancada pidió que dijera un !viva
la República¡ y que él contestó: "No me da la gana".
La anécdota parlamentaria no deja de ser
representativa de la relación de Ramón Carranza con la II República.
Porque este hombre nacido en Ferrol en una familia vinculada a la Armada
tenía un perfil militar y profundamente monárquico. Como explica el
historiador y biógrafo de la Universidad de Cádiz Joaquín Piñeiro,
se sintió atraído por la política en 1898. Desde entonces ocupó
diferentes cargos en el Congreso y el Senado, pero no fue hasta 1927,
durante la dictadura de Primo de Rivera,
que se convirtió en el alcalde de Cádiz siendo responsable de "un
ambicioso programa de obras públicas" que "transformó la ordenación
urbanística de la ciudad" porque "sentó parte de las bases de la
reurbanización del Cádiz de extramuros, la zona franca y el puerto a
partir de 1927".
Sin embargo, la proclamación de la
II República se puede decir, a juicio del profesor Caro, que le pilló
por sorpresa. De hecho, en las elecciones de 1931, mientras en toda
España ganaban los partidos republicanos, en Cádiz no obtuvieron ningún
escaño, con un pucherazo sonado y documentado. El resultado demostraba
que Ramón de Carranza, cabeza de lista, seguía controlando el
Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno ordenó repetir las votaciones en
los casos de fraude y los monárquicos quedaron fuera. Hasta 1933, no
volvería a la vida política activa Ramón de Carranza siempre en las
filas de lo que podría ser la derecha más reaccionaria, en el partido de
Renovación española.
"Represión administrativa"
Llega el día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Se desconoce
que Carranza actuara personalmente, pero sí hay documentos que
certifican que miembros de su partido estuvieron comprando armas en
Italia los días y semanas antes del golpe. Dos días después del Golpe,
Carranza era nombrado alcalde de Cádiz y gobernador civil (cargo este
último que sólo compatibilizaría hasta el 6 de agosto). No tardó ni diez
días en organizar "una suscripción en el domicilio de Acción Ciudadana
para recabar fondos para las tropas rebeldes a la República", para
mostrar su clara adhesión, explica Piñeiro.
Su
mandato municipal en esta ocasión fue bastante breve (apenas un año,
por su estado de salud) pero decisivo: "su actividad fue, obviamente, no
obstaculizar las actuaciones" de los golpistas, "lo que incluía la
represión de los que se destacaron en defensa del orden vigente". Fue el
encargado de organizar "una Comisión Depuradora
para la destitución de los funcionarios municipales interinos" que
perteneciesen a alguno de los partidos del Frente Popular, y para la
contratación posterior de sustitutos. "La Comisión llegó a expulsar a
más de 100 trabajadores sólo en Cádiz". Es lo que se llamó la "represión
administrativa", explica Caro, frente a la "represión caliente que
hacían los militares", extremo en el que se basa la eliminación de su
nombre en Cádiz. "También fue el encargado de dictar normativas de
actuación para la población civil similares a las de otras poblaciones
dominadas".
En cualquier caso, Ramón de Carranza se
alineó claramente con el levantamiento antes y después de manera activa.
Piñeiro señala que hizo hijos adoptivos de la ciudad en septiembre de
ese año a los generales Queipo de Llano (conocido por la sangrienta
represión en Andalucía), Varela (quien dirigió la sublevación en Cádiz) y
López Pinto, y fue el padre de la creación de una "guardia cívica" para
auxiliar a las tropas franquistas en Cádiz, y mantuvo durante ese año
dos reuniones con Franco en Salamanca y Burgos para "mostrar adhesión y
gestionar asuntos de Cádiz".
Su nombre entró en el
callejero de la mano de su hijo, José León de Carranza, también alcalde
franquista entre 1948 y 1969. Pero como si la historia estuviera
esperando para hacer bucles con el destino, Carranza, que como alcalde
"dictaminó la restitución de los antiguos nombres de las calles
cambiados tras la proclamación de la II República", será retirado del
nomenclator gaditano antes de que termine el año 2017.
El informe de conclusiones de la Fiscalía subraya que esta
circunstancia dejó a la denunciante "sometida" y "sin posibilidad de
resistencia". La acusación concluye que "no hubo consentimiento en
ningún momento".
A ALGUIEN LE CABE ALGUNA DUDA DE LO QUE HUBIERA PASADO EN EL JUICIO SI HUBIERA SIDO EN SEVILLA EN VEZ DE PAMPLONA...
LOS HUBIERAN ABSUELTO Y SUSANA DIAZ LOS HUBIERA NOMBRADO ANDALUCES DEL AÑO POR SER LEGIONARIOS...
Los
habitantes de la aldea de Sidi Boulaalam, donde lleva 10 años sin
llover, se vieron envueltos en una estampida mortal durante el reparto
de harina llevado a cabo por el célebre imán Hadidi. "Ha sido voluntad
de Dios", dice en su descargo
LA ESCLAVITUD ESTA EN LOS NEGROS DE LIBIA Y EN LAS CHACHAS ANDALUZAS
La
servidumbre, la sirvienta, la criada, la muchacha, la ayuda, la nana,
la cholera, la chacha, la gata, la mucama; a la empleada doméstica se le
conoce con infinidad de nombres, despectivamente. Sin embargo es la
empleada más importante, paradójicamente también es la mal pagada, la
explotada y la esclavizada en un modelo de sociedad que utiliza a los
parias como trampolín; como escalera, como el soporte más importante
para sostener la explotación de unos para beneficio de otros.
Infinidad
de teorías, estudios, conceptos y definiciones se pueden escribir en
tomos de tomos, para justificar la existencia de la sirvienta, sin
embargo este trabajo no tiene justificación alguna; es la explotación de
una mujer para que otra logre el beneficio de la realización
profesional y personal. Un sistema que milenariamente ha mantenido el
modelo funcional a las minorías.
Gracias
a que estructuralmente se he la negado el acceso a la educación a los
parias y a las mujeres en particular, miles de niñas, adolescentes y
mujeres se ven obligadas a trabajar en el servicio doméstico, situación
que beneficia a muchas familias de la clase media, la burguesía y la
oligarquía a quienes en muchos casos les importa un comino la equidad y
la igualdad social, porque la inexistencia de éstas las beneficia.
Y
así es como vemos, a feministas y a defensoras de derechos humanos, que
no están excluidas del sistema y forman parte de éste muchas veces
adrede porque “qué culpa tienen ellas si ya estaba así cuando nacieron y
para qué ponerse a pelear con él” , las vemos asistiendo a
conferencias, dictando seminarios sobre la equidad y los derechos de la
mujer, sobre el acceso a la educación, mientras en sus casas hay otras;
cuidando a sus hijos, limpiando su casa, planchando su ropa, limpiando
sus baños y trapeando sus pisos. Otra que gracias al sistema de la
explotación no gana ni el salario mínimo y una carencia de beneficios
laborales.
Y
vemos cómo milenariamente, familias completas logran el desarrollo, la
oportunidad de acceso a la educación superior, mientras otras les sirven
de soporte, de piso, de almohada. Esa almohada suave que las cobija y
les cuida el sueño a cambio del dolor de ser explotada, insultada,
tratada como un mueble viejo, no como persona. Una sirvienta que no se
cansa nunca, que no llora nunca, a la que no le duele nada, una
sirvienta que no piensa, no ve, no escucha y no habla, solo cuando tiene
que decir: sí, señora, sí patrona. Porque si siente, si escucha, si
habla, si interactúa como persona será despedida; por abusiva, por
salida, por igualada. Por eso existe la sirvienta, por eso existe el
trabajo de la servidumbre, porque son tumbas que además limpian la
porquería de sus empleadores. Y si vamos más allá, también son la cama
para enfriar las calenturas del patrón, sus amigos y sus hijos.
Mientras
la patrona y sus hijas logran asistir a la escuela, a la universidad,
desenvolverse profesionalmente, la empleada doméstica se pudre entre
cuatro paredes, se pudre entre los pisos sucios y las ollas por lavar.
Una empleada doméstica que también tiene sueños, que también anhela, que
también siente. Una niña, una adolescente y una mujer que sueñan con
asistir a la escuela, a la universidad, con cambiar de vida. Madres que
tienen hijas que también serán sirvientas, muchas veces de las hijas y
de las nietas de sus patronas. Una cadena de injusticia social que
beneficia a unas y explota a otras.
¿Por
que quién en sus cinco sentidos, quisiera trabajar de sirvienta en
lugar de tener acceso a la universidad y realizar sus sueños? ¿Quién
cambiaría un escritorio de universidad por un cepillo de lavar baños?
¿Quién cambiaría un salario justo por la explotación de no tener
derechos laborales?
Y
vemos a través de la historia del tiempo el avance que ha tenido la
mujer como género cuando se coloca en el foco a las profesionales y que
han salido del hogar para desarrollarse profesionalmente, pero quedan en
la oscuridad las miles de parias que son el soporte en la invisibilidad
de la explotación. ¿Existe realmente el avance en derechos de género?
Tal vez para unas, dependiendo su condición social. Porque el paria,
será paria en cualquier lugar.
Con
esto no quiero decir en ningún momento que el trabajo del hogar
corresponda exclusivamente a la mujer, no se trata de alimentar
estereotipos, pero aquí el punto es otro.
Y
vemos doctoras, ingenieras, docentes, periodistas, feministas,
escritoras, artistas, deportistas de alto rendimiento, empresarias muy
exitosas y reconocidas por su humanidad y la excelencia en su trabajo,
éxito logrado por esfuerzo propio y el soporte de una niña, adolescente y
mujer que no pudo desarrollarse porque su condición de paria la obligó a
trabajar en la servidumbre. ¿Injusticias de la vida, del sistema? ¿Cómo
una mujer puede desarrollarse profesionalmente, hablar de humanidad y
luchar en teoría por los derechos de género teniendo a una empleada
doméstica en su casa? ¿Cosas del feminismo burgués? ¿Cosas del
aprovechamiento del sistema? ¿Cosas de doble moral?
Y
como sabemos que en los males de la sociedad, el del servicio doméstico
es perenne, es también urgente que se legislen leyes que las beneficien
laboralmente. Que estas mujeres tengan el derecho a un salario justo,
de vacaciones pagadas, de los bonos de los que gozan los empleados de
cualquier empresa, de los días de enfermedad, del servicio médico. Del
horario de entrada y salida con horas extras. Que tengan todos, todos
los beneficios laborales. Es lo mínimo que se puede hacer con personas
tan importantes en la sociedad. Y es urgente también que deje de existir
la explotación infantil, estas niñas y adolescentes no deberían estar
trabajando en casas, deberían estar estudiando.
¿Qué
sucedería con estas mujeres profesionales el día que quede abolido el
trabajo de la servidumbre? ¿Se organizarán en casa con sus familias y
ellos mismos limpiarán su propia mierda? Dudo que esto llegue a suceder,
porque de la servidumbre se aprovecha el chucho y el coche, ¿ y quién
en su sano juicio quiere perder privilegios? Ojalá, algún día, en la
memoria familiar y en la memoria colectiva se recuerde quiénes desde las
sombras fueron el soporte para el desarrollo de tantas mujeres a través
del tiempo.
Manifestación en defensa de la sanidad pública en Granada.
Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública se han
comprometido con las mareas blancas y están intentando heroicamente
detener la masacre sanitaria
Las declaraciones irresponsables del Gobierno central son descaradas:
la crisis se ha superado. Se basan en una serie de datos
macroeconómicos de mercado que nada tienen que ver con las personas, con
sus dramáticas realidades, con la pérdida de sus derechos y, lo que es
aún peor, sus escasas expectativas de mejorar a corto plazo.
Las desigualdades sociales han aumentado en España de forma
alarmante. Las clases medidas y trabajadoras han perdido poder
adquisitivo o, directamente, han entrado en la pobreza. Incluso hemos
llegado a la “perfección”, aun trabajando siguen en la inviabilidad
sociofamiliar por sus bajos sueldos y la pérdida de derechos laborales
que les permitan detener esta sangría.
En Andalucía, tierra desde donde les escribimos, estas circunstancias
son así, pero en mucho mayor grado. El paro estructural se ha
normalizado, no hay previsiones de desarrollo industrial salvo el
turismo y la emigración vuelve a ser una dramática realidad en nuestra
región.
En este contexto, el sector público es el único alivio que pueden
tener estos sectores empobrecidos. Sin embargo, la “decisión política”
de pagar una deuda ilícita a costa de recortar al sector público de
servicios vuelve a ensombrecer el panorama. La inmensa cantidad de
millones de euros que gastó el estado para rescatar a la banca
“obligaba” a recortar en sanidad, educación, protección social y
liquidar la hucha de las pensiones. Un dato descorazonador, las
ganancias de las entidades bancarias en el último año han batido récords
mientras la ciudadanía se empobrece: los ricos cada vez más ricos y los
pobres cada vez más pobres: “la desigualdad perfecta”.
Pero la historia no acaba aquí: se anuncia que el ligero aumento
presupuestario en sanidad para el próximo año será destinado a nuevos
conciertos con entidades privadas para aliviar transitoriamente las
listas de espera y para inversiones en alta tecnología. En caso de que
lo permitamos, esta nueva “decisión política” va a terminar
estrangulando a la sanidad pública andaluza. Lo que se necesita es
reponer las plantillas. Las inversiones que necesitan la educación
pública y la protección social tampoco se producirán. Por eso, los que
defendemos al sector público en la búsqueda de la lucha por los derechos
humanos no podemos permanecer impasibles ante este escenario.
En Andalucía estamos convencidos que la sanidad pública no va a
resistir esta nueva embestida. El deterioro es un clamor entre la
población, los profesionales o están al borde de sus posibilidades
físicas y mentales o directamente se han inhibido adoptando una actitud
pasiva para sobrevivir. En cualquier caso, estamos muy preocupados por
el hecho de que añadir más recortes en los próximos años liquidarán los
logros alcanzados.
La tendencia de la población es bien clara. Todos aquellos sectores
que pueden, están complementando la sanidad pública con seguros
privados. El crecimiento de la privada es espectacular. Además, los
i/responsables sanitarios, bloqueados ante su propia impotencia, no ven
otra salida que las privatizaciones para aliviar las carencias
asistenciales. Los que no puedan asumir un nuevo “gasto sanitario”
quedarán marginados en este proceso.
La administración pública andaluza ha estado durante años negando la
realidad, la consigna era clara: aguantar los recortes, que parezca que
no tienen repercusiones, sobrecargar a los profesionales que van
quedando y “ya vendrán tiempos mejores”. Una de las consecuencias del
deterioro sanitario es el aumento escandaloso de las listas de espera.
¿Cuál es la solución? Está clara para ellos, nuevos conciertos con
entidades privadas para aliviar dichas listas y resistir otros añitos.
No existen respuestas ni desde el ámbito profesional ni sindical. Los
intentos institucionales de los defensores de “lo público” se pierden
en el marasmo de los parlamentos y los ciudadanos se sienten
abandonados.
Por estos motivos, la movilización social está siendo el único halo
de esperanza para que esta dinámica cambie. Las asociaciones para la
defensa de la sanidad pública se han comprometido con las mareas blancas
y están intentando heroicamente detener esta masacre sanitaria.
El llamamiento a la población andaluza para que apoye estos
movimientos de protesta social es de alarma y reacción. Hay que sumar,
no es momento de ajustar cuentas del pasado ni de buscar rencillas o
diferencias, que las hay. Es imprescindible que todas aquellas personas y
organizaciones que defiendan el sector público y los derechos humanos
se comprometan para llegar, no sólo a las calles, sino a los parlamentos
para que “nuestros representantes” conozcan nuestras propuestas y se
hagan conscientes de la realidad. La crisis no ha sido superada, nos
referimos a la crisis social que han generado los recortes y las
políticas austericidas.
De lo que se trata es de defender el sistema sanitario público, el de
toda la ciudadanía, para evitar que la salud sea una mercancía. Es un
derecho.
Por todos estos motivos, vamos a proponer a la coordinadora de mareas
blancas andaluzas la convocatoria de una concentración frente al
parlamento andaluz el día que se debatan los presupuestos para el año
próximo. Nos jugamos mucho. Acude y participa. Salud. Antonio Vergara de Campos | Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública |
Al médico Jesús Candel lo han retirado de los turnos que venía
realizando en el servicio de Urgencias del Hospital de las Nieves.
Spiriman, líder de las protestas ciudadanas de Granada por la
“nefasta” gestión sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Susana
Díaz en la ciudad y en otras partes de Andalucía, ha anunciado que el
día 30 de noviembre estará en las urgencias del Hospital a las 12 horas
de la mañana para exigir la dimisión de Paquita Antón, gerente del SAS y
Pilar Espejo, directora del complejo hospitalario de Granada.
El médico está sufriendo una “persecución”, en la que han
“colaborado” medios de comunicación, que reciben publicidad
institucional de la Junta, publicando una supuesta denuncia de
trabajadores sanitarios contra él, por supuesto ‘acoso’ laboral.
Según Spiriman están buscando motivos para echarlo del SAS porque
molesta a “mercenarios” y a la administración de Susana Díaz por contar
la “verdad”.
Este es el vídeo titulado “Necesito vuestra ayuda” que Spiriman publica en su canal de Youtube:
Susana Díaz y Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía.
Muchas personas leen mis artículos en Digital Sevilla
desde diferentes lugares de la geografía española y me preguntan: ¿Cómo
es posible que en Andalucía la gente siga votando al PSOE?
Hoy hemos publicado un artículo que ha generado de nuevo esa duda en muchos lectores. “La Junta de Susana Díaz echa al médico activista Spiriman de su trabajo“,
con este titular relatamos la persecución a la que está siendo sometido
el médico activista Jesús Candel por parte de la Junta de Andalucía y
sus medios de comunicación satélites, que en Andalucía y en España son
la mayoría.
Para que todos podamos entender por qué el PSOE lleva gobernando más
de treinta años en Andalucía y lo seguirá haciendo durante las próximas
décadas voy a intentar resumir en este artículo como funciona la Junta
de Andalucía, su administración paralela y sus cementerios de elefantes.
¿Qué son los cementerios de elefantes?
Cuando Pedro Sánchez anunció su pacto de gobierno con Ciudadanos
Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial
de Sevilla, salió rápidamente a dar una rueda de prensa que fue muy bien
cubierta por decenas de medios de comunicación locales que ven en la
Diputación una de sus principales fuentes de ingresos publicitarios.
En la rueda de prensa Villalobos criticó abiertamente el acuerdo
firmado en el que se pretendía suprimir las diputaciones provinciales y
pasar sus competencias a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas
reduciendo así la factura en cargos políticos en varios miles de
millones de euros al año.
Las diputaciones son un auténtico cementerio de elefantes en la que
los políticos de turno pasan sus últimos días con grandes sueldos a
cargo de las arcas públicas, especialmente en Andalucía.
Sin ir más lejos Villalobos contó con más de veinte alcaldes o ex
alcaldes socialistas para conformar a dedo los altos cargos de la
Diputación tras volver a ser elegido presidente en 2015.
Esta casi veintena de enchufados ocupan dos tipo de cargos en el
gobierno de Villalobos: el de coordinadores territoriales o el de
asesores en las diferentes áreas, todos ellos con un sueldo de 40.758
euros. En el caso del primer puesto, el presidente ha contado con
alcaldes actuales: Felicidad Fernández, de Almadén de la Plata (área de
Cultura y Ciudadanía); Antonio Manuel González, de Badolatosa (área de
Cohesión Territorial); José Losada, de Cañada Rosal (área de Cohesión
Territorial); Mª del Carmen Herrera, de Castilleja de la Cuesta (área de
Concertación); Isabel Herrera, de Gelves (área de Cultura y
Ciudadanía); Manuel Sánchez, de Martín de la Jara (área de Servicios
Públicos Supramunicipales); y Álvaro Lara, de El Ronquillo (área de
Cohesión Social).
Esta situación es extensible a todas las Diputaciones de todas las
provincias de España. Cuando Pedro Sánchez aceptó acabar con las
Diputaciones dio un paso valiente y demostró tener visión de futuro y
querer una España mejor aunque fuese a costa de eliminar poltronas
dentro de su propio partido.
Y cuando Villalobos dio la rueda de prensa criticando abiertamente a
su secretario general abrió la veda y comenzó la serie de maniobras
internas que acabarían con el derrocamiento de Sánchez previa puñalada
política de Díaz y sus lacayos.
La administración paralela
El procedimiento mediante el cual se contrata a funcionarios públicos
está muy bien reglamentado para evitar “enchufes” así que la Junta de
Andalucía tuvo que crear agencias públicas a las que derivar
competencias de las diferentes conserjerías y ya de paso “enchufar” a
miles de personas que luego se traducen en votantes y voceros de todo lo
que diga la faraona, Susana Díaz.
Un claro ejemplo es IDEA, la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, que está pagando las nóminas de más de veinte familiares de
ex cargos públicos y responsables del PSOE.
Este es solo un escándalo más de la plaga de instituciones opacas
donde trabajan cientos de “enchufados” del PSOE de Susana Díaz. Entre
los 340 empleados de los servicios centrales de IDEA se encuentran
hijos, hermanos, sobrinos, nueras, cónyuges y primos carnales con
suculentos contratos de alta dirección y personal laboral.
Los sueldos alcanzan hasta los 43.700 euros al año incluyendo los
complementos y pluses de antigüedad. IDEA es una de las principales
callejones sin salida del laberinto de administraciones andaluzas
paralelas plagadas de enchufados, familiares de dirigentes y militantes
agradecidos del partido de Susana Díaz.
La agencia es además una pieza fundamental en las trama de los ERE en
la que se investiga un escandaloso fraude multimillonario en los
juzgados. IDEA esquivaba los controles de la Intervención, concedía
avales fallidos a compañías y financiaba proyectos sin ningún futuro a
través de Invercaria, otro desastre de gestión pública y que tiene
imputados a varios cargos del PSOE, entre ellos el sobrino de Felipe
González, Juan María González Mejías por ser un “trabajador fantasma”.
¿Justicia complice?
Las dudas por los vínculos entre la clase política y la justicia son
continuas en Andalucía. La cuñada de la juez Núñez Bolaños entró
presuntamente de manera ilegal en IDEA según la intervención general de
la mano de un desimputado en la causa. El marido de la juez es además
amigo ‘desde chiquitito’ del exconsejero de Justicia de la Junta.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cargaron contra la
prensa por publicar noticias sobre los supuestos lazos familiares de la
jueza Núñez Bolaños con la Junta e instituciones implicadas en el
multimillonario fraude de los ERE, caso que ella investiga junto al otro
multimillonario fraude de la formación, tras suceder a la
repentinamente ascendida Mercedes Alaya.
No sabemos si es que la jueza Núñez tiene un tipo de privilegio
especial para que no se dude de su imparcialidad. La imparcialidad se
puede ver afectada por muchas cosas, por ello, todo el mundo que
envuelve a un juez puede ser puesto en entredicho. ¿No?
Medios de comunicación propaganda
La Asociación de Empresas de la Publicidad de Sevilla declaró que
están preocupados por los criterios que se utilizan en Andalucía a la
hora de adjudicar los concursos públicos en materia publicitaria.
Al indiscriminado y opaco gasto en publicidad en medios de
comunicación privados hay que sumar el presupuesto de 418,5 millones de
euros que en los próximos tres años el gobierno andaluz destinará a
Canal Sur para intentar reflotar a la empresa. Con una plantilla de
1.475 trabajadores, RTVA costará 139,5 millones de euros al año, 11,6 al
mes a los andaluces.
El problema de Canal Sur no radica solo en el coste, que es mucho,
sino sobre todo en el servicio. Es un medio costoso de propaganda
política al servicio del Gobierno andaluz donde Ciudadanos apenas ha
logrado nada en su supuesta lucha por la transparencia y donde se
adjudican contratos millonarios a programas de niños cantores, que
también cuentan chistes, mientras no se emiten apenas imágenes del
Parlamento andaluz.
Y si alguien alza la voz contra la propaganda cateta que emite la
televisión pública andaluza, como pasó tras una polémica en el programa
de Juan y Medio, Joaquín Durán, subdirector general de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA) califica las críticas recibidas por la
prensa y los ciudadanos, como “críticas salvajes”.
No sabemos si son salvajes los ciudadanos, los periodistas, los
medios o las críticas. A falta de que detalle este aspecto, podemos
deducir que criticar en Andalucía a la televisión de la Junta es ser un
‘salvaje’.
Además, otros medios de comunicación privados de ámbito nacional
mantienen lazos familiares con la Junta de Andalucía. La cuñada de
Antonio García Ferreras, director de La Sexta Noticias, es la directora
de comunicación de la presidencia del Parlamento andaluz que lo ocupa
Juan Pablo Durán, miembro del PSOEA de Susana Díaz.
¿Es Andalucía la dictadura perfecta?
¿Es Andalucía la dictadura perfecta? En este artículo he intentado
hacer un mapa general de lo que pasa en Andalucía con los diferentes
poderes -político, económico, judicial y de medios de comunicación- y
ahora ustedes, queridos lectores, son los que tienen que responder a
esta pregunta y elegir entre levantarse o quedarse sentados mientras
siguen jugando con nosotros.
Memoria Histórica El 20-N revela los límites y la impotencia de la Ley de Memoria de Andalucía
El Código Penal no sanciona la apología del
franquismo. Permite que en la España post Franco pasen cosas que están
prohibidas por ley en la Alemania post Hitler, como el homenaje fascista
de esta semana en Lucena junto a la fosa de 123 víctimas represaliadas
por la Dictadura
.
Debe de ser difícil oír el
grito de “¡Viva Franco!” junto a una fosa común recién abierta donde
buscan los huesos de un centenar de víctimas del dictador. Torturadas,
fusiladas, asesinadas, desaparecidas. Levantaron en el cementerio un
monolito con sus nombres, aunque no están ahí. 80 años después siguen
desaparecidas, pero al menos aquella piedra con sus nombres grabados les
sirve a sus familias para llevar flores. Entretanto empiezan a exhumar
otra fosa -es el segundo enclave que excavan en Lucena (Córdoba)- y unos
metros más abajo, 15 ultraderechistas dejan sus flores para honrar al dictador fascista, al genocida, al autor de la fosa: “¡Viva Franco!”.
La primera vez que el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica de Andalucía llegó al Consejo de Gobierno, en marzo de 2014, el entonces vicepresidente de la Junta y exlíder regional de IU, Diego Valderas, quiso destacar un artículo por encima del resto: el Gobierno andaluz “prohibirá” por ley las manifestaciones, homenajes y actos públicos de exaltación del franquismo.
“Se acabaron los aniversarios del 20-N”, musitó Valderas, aludiendo al
fallecimiento de Francisco Franco (20 de noviembre de 1975), una fecha
conmemorada cada año por grupos falangistas y de ultraderecha.
El artículo 32.12 de la Ley andaluza de Memoria dice
que las administraciones públicas “prevendrán y evitarán” este tipo de
homenajes franquistas y cualquier “acto público que entrañe descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas” de la represión o a sus familiares. Pero no ha servido para evitar la ofrenda floral que Fuerza Nueva dedicó a Franco y a Primo de Rivera el martes pasado en el exterior del cementerio de Lucena, junto a la fosa común. Ni sirvió para evitar el homenaje “a los caídos” del bando fascista
que tuvo lugar en el municipio cordobés de Dos Torres, en mayo, y al
que asistió el alcalde, el subdelegado del Gobierno en Córdoba y el
número dos del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto. Y tampoco
evitó ni permitió sancionar a quienes entonaron el Cara al Sol y
acompañaron con el saludo fascista del brazo en alto al féretro del
último ministro de Franco que quedaba vivo, José Utrera Molina, a la
salida de una iglesia de Nerja (Málaga).
El Ministerio Público sobre el Cara
al Sol: no va “contra nadie”. “Se trata de palabras a favor del
fallecido y en un entorno esencialmente íntimo”
Estos dos últimos homenajes, de hecho, fueron denunciados ante la Fiscalía por un delito de “exaltación del fascismo”, pero el Ministerio Público archivó ambos casos.
En Dos Torres, además, el Ayuntamiento mantiene la placa que
“glorifica” al bando franquista junto a una Cruz de los Caídos, un
vestigio que vulnera la Ley de Memoria, y que la Junta ha pedido dos
veces por carta al alcalde que lo retire. Pero el regidor (del PP) alega
que ese monumento no es de titularidad municipal y por tanto no puede
tocarlo. La Junta ha recurrido al registro de la propiedad para
corroborar si es cierto, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
El suceso de Lucena de esta semana también ha sido
denunciado ante el fiscal de Córdoba, aunque el Gobierno andaluz tiene
pocas esperanzas de que prospere. El artículo 32 de la Ley andaluza de
Memoria, más ambicioso que la propia ley estatal (2007), ha generado
unas expectativas que no se corresponden con la realidad, que generan frustración en las familias de las víctimas de la represión y en las asociaciones memorialistas.
La norma habla de “evitar” y “prevenir” actos públicos de “exaltación
del golpe militar, el franquismo o la Dictadura”. “Pero la ley llega
hasta donde llega”, admite la Junta y reconocen en las filas de IU, que
impulsó la norma.
En la práctica, el artículo 32 no ha logrado prohibir
homenajes como los del 20-N o el 18 de julio -que conmemora el
alzamiento militar fascista (1936)-, porque por encima de su marco de
acción existen dos normas superiores que permiten que en la España
post Franco pasen cosas que están prohibidas, por ley, en la Alemania
post Hitler. Esas dos normas son el artículo 510 del Código Penal,
que regula el concepto de “apología del odio y la violencia”. Y la
Constitución española, que reconoce el derecho de reunión y a
manifestarse de forma pacífica (artículo 21) y la libertad de expresión
(artículo 20). Ambos son derechos fundamentales.
La clave Utrera Molina
El homenaje póstumo a Utrera Molina marcó un
antes y un después en la Ley de Memoria de Andalucía. La norma se había
aprobado en el Parlamento hacía apenas tres semanas, sin ningún voto en
contra, y las imágenes del brazo en alto ante el féretro del exministro de Franco
indignaron a casi todos los partidos políticos. El Gobierno andaluz
condenó el suceso y aseguró sin dudas que era “ilegal”, pero tras una
consulta al gabinete jurídico decidió no personarse como acusación.
Juventudes Socialistas y Podemos sí presentaron denuncias ante Fiscalía.
Los partidos de izquierda criticaron la “tibieza” del
Ejecutivo de Susana Díaz a la hora de defender la Ley de Memoria, pero
el gabinete jurídico había sido claro: “La exaltación del franquismo no está tipificada en el Código Penal”.
La conclusión de los letrados fue un jarro de agua fría para los
políticos -también para los de Podemos, que recibieron la misma
advertencia de sus abogados-: Si quieren sancionar estos actos, si
quieren ilegalizar la Fundación Francisco Franco, si quieren meterle
mano al Valle de los Caídos, empiecen por cambiar el artículo 510 del
Código Penal. Ese fue el mensaje.
En 2013, el Congreso aprobó una moción de CiU pactada
con PSOE, Izquierda Plural, UPyD y UPN y respaldada por el resto de
partidos (excepto el PP) que reclamaba tipificar como delito la apología
del franquismo, junto al fascismo, el nazismo y el totalitarismo. No
prosperó. El Gobierno de Rajoy prefería algo más “genérico” para no generar “confusión” en las interpretaciones jurídicas.
El artículo 32 de la Ley andaluza de Memoria no es el
veto definitivo que muchos esperaban contra los homenajes fascistas. La
clave aparece en la respuesta que la Fiscalía de Málaga dio a la
denuncia por los sucesos del entierro de Utrera Molina. El fiscal no vio
delito en los cánticos del Cara al Sol, himno de Falange Española, “un
partido legalizado” en España, advirtió.
Existen dos normas superiores en el
Código Penal que permiten que en la España post Franco pasen cosas que
están prohibidas, por ley, en la Alemania post Hitler
En
el auto de archivo, el Ministerio Público reproduce la letra íntegra
del Cara al Sol, y reconoce que puede resultar “ofensiva” y “molesta”
para quienes “sufrieron los excesos y vulneraciones de derechos
fundamentales” a manos del régimen franquista. Pero concluye que el
himno no va “contra nadie”. “No se trata de palabras emitidas en
contra o para lesionar a ningún colectivo, sino a favor del fallecido y
en un entorno esencialmente íntimo”, dice.
La Junta tomó nota de los argumentos del fiscal, que niega
que en esos cánticos haya “una incitación, ni siquiera indirecta, a la
violencia o discriminación contra un colectivo determinado”. “Habría
que especificar el colectivo de personas contra las que se dirige el
discurso o que resultarían afectadas por el mismo”, reza el auto. Y
añade: “Lo que es claro es que la canción de marras se entona en un acto
eminentemente íntimo, como es el funeral de una persona y solo a él va
dirigido el cántico, como muestra de afecto o respeto de sus acólitos y
sin que pueda entenderse, tras visionar las imágenes, que hay intención
alguna de provocar un clima de odio”.
El fiscal tampoco acepta la denuncia de “enaltecimiento del genocidio” que
Podemos atribuyó a los gritos de “¡Viva Franco!”, “con independencia de
la consideración histórica que pudiera otorgarse a los crímenes
franquistas”. La propia naturaleza del homenaje “impide” verlo como un
delito de apología de la violencia, dice el escrito, porque en el
funeral no se fomentó “un clima de hostilidad, violencia, odio o
discriminación”, hechos todos castigados con uno a cuatro años de cárcel
en el Código Penal.
La Fiscalía no entra a valorar si el homenaje a
Utrera Molina vulneró el artículo 32.12 de la Ley de Memoria, como dijo
la Junta, y remitió testimonio a sus letrados para que ellos decidieran.
Y éstos asumieron que es “un callejón sin salida”.
Impotencia de los ayuntamientos
Lo que ha ocurrido esta semana en Lucena ha ofendido
a mucha gente, ha dejado en mal lugar al Ejecutivo andaluz, que alertó
sin éxito al Gobierno de Rajoy para que “evitase” los festejos del 20N, y
también ha salpicado al Ayuntamiento del municipio, que se sintió “atado de manos” para impedir un homenaje franquista que
el Subdelegado del Gobierno en Córdoba ya había autorizado previamente.
El Consistorio de Lucena está colaborando activamente con la Dirección
General de Memoria de la Junta en los trabajos de exhumación de las 123
víctimas de la represión fascista.
Al Gobierno municipal no le ha gustado ver banderas y
símbolos falangistas en los aledaños de su cementerio, a pocos metros
del monolito que recuerda el nombre de los fusilados, donde sus
familiares van a honrarles y a rezarles. “Es impotencia y rabia”,
dice Fran Adame, delegado de Seguridad Ciudadana, que asegura que lo
único que estaba en su mano fue una ordenanza municipal de tráfico con
la que extremó la vigilancia para que los ultraderechistas no repitieran
la “caravana franquista” por las calles del pueblo, como ocurrió en
2015.
La ofrenda a Franco se celebró y también una misa
para honrar su recuerdo en la Ermita de Nuestra Señora de la Aurora.
“Fue una escena rara”, dice un vecino que pasó por la capilla a esas
horas y la encontró “casi vacía”. “Oficiaba la misa un cura negro, que
no es el habitual de la ermita, y asistían cinco o seis hombres con ropa
de cuero y sus símbolos fascistas. Era surrealista”, dice.
La Ley andaluza de Memoria promete más de lo que puede dar. No sirve siempre para “evitar”, pero sí ha servido para “prevenir”
El artículo 32 de la Ley de Memoria no sirve siempre para “evitar”, pero sí ha servido para “prevenir”.
El de Lucena no era el único homenaje franquista previsto para el 20N
en Andalucía. El Gobierno andaluz trató de anticiparse y, tres días
antes del aniversario de la muerte de Franco, envió una carta a las
subdelegaciones del Gobierno central en las ocho provincias andaluzas,
instándoles a “hacer cumplir” la Ley de Memoria y “evitar acciones que
puedan ser constitutivas del delito que recoge el artículo 510 del
Código Penal”.
Funcionó en algunos casos, como en Granada capital,
donde se logró desactivar una concentración de ultraderechistas a las
puertas de la catedral, que había convocado Fuerza Nueva. En Lucena, en
cambio, la carta no hizo efecto y el homenaje franquista junto a la fosa
de las víctimas terminó celebrándose con el consentimiento del
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, el mismo
que meses atrás había autorizado y participado en la ofrenda floral a
los caídos del bando fascista en la Guerra Civil.
El artículo 32.12 de la Ley andaluza de Memoria promete más de lo que puede dar.
Otros gobiernos regionales han venido a Sevilla para interesarse por el
texto -Andalucía es, junto a Navarra, la única que tiene una normativa
propia- y han tomado nota del corto alcance de este apartado. Por si
tienen que ahorrárselo
