La fractura educativa y la desigualdad social en Andalucía

Manuel Ángel Río Ruiz | Rubén Martín Gimen

Cada vez más familias son más pobres. Cada vez más trabajadores son precarios y reúnen insuficientes ingresos. Cada vez más desempleados están desprotegidos. La tasa de desempleo juvenil registrada es la mayor desde los años de aguda depresión económica que siguieron a los hoy acríticamente rememorados fastos andaluces del 92. Las desigualdades de género, multidimensionales, se han incrementado, especialmente en lo que concierne a las condiciones laborales de las andaluzas.

De estas situaciones da cuenta y razones el I Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía. Presentado en Málaga a primeros de marzo, es producto de la colaboración, en muchos aspectos pionera, de una veintena de organizaciones e investigadores/as universitarias implicadas y especializadas en temas de desigualdad. Parte del valor del trabajo estriba en la integración en un único documento de diversas aproximaciones (también disciplinares) a las causas y efectos de distintos tipos imbricados de desigualdad a lo largo de los últimos años de polarización social y depauperación en esta tierra. La tierra con un 43% de hogares en riesgo de pobreza.

Por un lado, el estudio permite identificar bajo qué condiciones la sociedad andaluza afrontará lo que ya se nos viene imponiendo semánticamente como "salida de la crisis". Por otro, pone en evidencia el limitado papel de las políticas públicas mantenidas en la contención y corrección de la pobreza y desigualdad en Andalucía, una tierra que profundiza su alejamiento de la media española en variables socioeconómicas claves.

En cuanto a los efectos de las políticas educativas sobre la desigualdad de oportunidades educativas, el informe identifica sombras, luces y algunos hechos bastante demostrados en sociología de la educación, pero que tardan en cambio en calar en las representaciones populares sobre el sistema educativo y en los debates políticos, donde problemas educativos complejos suelen transformarse en eslóganes simples.

En primer lugar, y como nuevamente ha destacado la comunidad sociológica a raíz también del último Informe PISA 2015, se señala el peso del desigualmente distribuido capital cultural. El distinto nivel de escolarización parental –y por ello la distinta distancia social de las familias respecto a los bienes culturales seleccionados, transmitidos y evaluados por los centros escolares– representa el factor más determinante de la desigualdad de oportunidades educativas. De hecho, frente a los efectos del origen sociocultural del alumnado, el protagonismo de las llamadas "variables escolares", como el tipo de centro o la didáctica empleada se ha demostrado relativamente pequeño en multitud de investigaciones.

En segundo lugar, el estudio da cuenta del peso de la historia sobre la estadística educativa andaluza, cuyo indicador más sensible es el analfabetismo. Quizás la Junta de Andalucía abuse del recurso a la historia social como excusa, pero lo cierto es que las comunidades que vienen obteniendo peores resultados en PISA, entre ellas una vez más Andalucía, eran también desde finales del XIX las regiones con mayor tasa de analfabetismo.

En tercer lugar, a la vez que logros recientes en los niveles formativos alcanzados, el estudio muestra la persistencia de desigualdades educativas que no son por tanto efecto de la crisis. Se revela por ejemplo que Andalucía era antes de la crisis y sigue siendo la región con el menor gasto educativo por alumno. Puede y debe incrementarse el mismo sustancialmente, pero sin olvidar que las comparaciones entre países e incluso regiones españolas revelan que invertir más en educación no es ni mucho menos suficiente para minorar desigualdades escolares y mejorar el rendimiento educativo. Similares resultados educativos se observan en países y regiones con inversiones en cambio muy distintas. Así, pese a las extendidas dificultades económicas e incertidumbres de los últimos años, la expansión educativa andaluza (Martín y Bruquetas, 2014) no se ha visto frenada durante la crisis. El nivel formativo de la población andaluza ha aumentado en todos los niveles, especialmente entre la población con título de secundaria elemental y universitario.

Ahora bien, el análisis revela también el peso creciente de las desigualdades económicas en el deterioro de las condiciones escolares y oportunidades educativas de amplios sectores de la población andaluza.

Las familias más vulnerables son, paradójicamente, quienes menos recurren a la oferta de educación infantil entre 0 y 3 años. También estas familias son las que menos consiguen ayudarse de recursos extraescolares, como academias o profesores particulares, para neutralizar y superar las más frecuentes dificultades escolares de sus menores, patentes desde primaria y multiplicadas a lo largo de secundaria, que es el ciclo donde la distribución clasista del desenganche, fracaso y abandono escolar se consolida y naturaliza.

A pesar de medidas autonómicas con resultados positivos, como las becas 6000 (Río y Jiménez, 2014), los jóvenes andaluces procedentes de los hogares de menor renta son los que menos están participando de la reducción del abandono educativo temprano que nos reservaba la crisis. En relación a los del resto de España, es menor la capacidad de los hogares andaluces para compensar con un incremento del gasto privado en educación la acentuada desinversión pública en este decisivo terreno. Esta desinversión es constatable desde 2010, también en Andalucía. Aquí, de nuevo, quienes menos pueden incrementar su presupuesto familiar en educación son las familias de menos recursos, precisamente las más necesitadas y que más dependen de ayudas y servicios públicos reducidos y encarecidos. A su vez, aunque en Andalucía el peso de la enseñanza concertada y privada es inferior al de otras comunidades, la desigual distribución de las clases sociales por tipos de centros es muy acentuada: aproximadamente el 90% de los menores de entre 11 y 16 años procedentes de familias de menos de 1.100 euros ocupan plazas públicas. En cambio, más del 50% de los procedentes de hogares de rentas superiores a 2.700 euros ocupan plazas en centros concertados y privados.

En suma, son muy pocos los datos e indicadores actuales del sistema escolar andaluz que permiten confiar en que, únicamente mediante políticas, reformas, promesas e inversiones educativas, abortaremos las desigualdades y fracturas educativas que condicionarán nuestro futuro. Entre otras a buen seguro igual de descorazonadoras, una de las lecturas posibles del informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía es que las fracturas sociales que distancian a Andalucía de otras comunidades son mayores que las fracturas educativas que en ella se producen. Y frente a las que también hay intervenir.

¿Cómo? Quizás no sobre recordar que la igualdad de oportunidades educativas sólo mejora cuando previamente aumenta la igualdad social. Las mejores políticas de igualdad de oportunidades educativas son las políticas sociales –predistributivas y redistributivas– para combatir el crecimiento y la reproducción intergeneracional de la exclusión social que sufre una proporción cada vez mayor de la población andaluza. Luchemos eficazmente contra la desigualdad social que revela este informe y ganaremos terrenos en la cruzada contra la desigualdad de oportunidades educativas en Andalucía. Los desahuciados de esta tierra, también los jóvenes de los barrios más pobres de España estigmatizados y abandonados por la universitaria marea granate, saben que sin justicia social hoy tampoco habrá futuro.

___________________

Manuel Ángel Río Ruiz y Rubén Martín Gimeno son sociólogos integrantes del Observatorio de Desigualdad de Andalucía.