El rey Felipe VI, durante su discurso de Nochebuena en 2017. EFE
Hay cierto candor en el discurso del rey de este año 2017, que probablemente venga motivado por las fechas navideñas y esa especie de vapor etílico que lo inunda todo para que estos días nos queramos mucho y bien hasta después del 6 de enero.
Hay, sin embargo, en el discurso del rey de este año un sutil asomo de frustración y unas ganas tremendas de congraciarse con todos/as hablando de corrupción, desigualdad y hasta de violencia machista; y es de agradecer, sin duda, pero llega tarde y con el daño ya (muy) hecho.
Felipe VI, en su discurso de Nochebuena, el más personal del año (el que Moncloa mira pero no toca), evita las aristas, los picos de intensidad que hicieron de su discurso del 3 de octubre (“Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”) un contundente alegato de parte —de parte del Gobierno Rajoy— que hoy le pasa factura y le presenta en los televisores desdibujado, frío, alejado y prácticamente noqueado e inservible.
¿Qué puede decir hoy el rey a los dos millones de independentistas catalanes a quienes ignoró el 3 de octubre salvo para hacerlos culpables del Apocalipsis por querer votar siguiendo instrucciones de un Govern con un programa electoral que incluye la (legítima) independencia? ¿Y a los que apeló como la parte víctima de la división catalana dándoles una incomprensible esperanza de que el Estado estaba con ellos, y sólo con ellos, protegiéndolos en un presunto silencio mártir?
Recuerden:
“Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos”. Felipe VI, 3 de octubre.
Craso error. La mayoría silenciosa para la que reinó Felipe ese fatídico día no existe: el 21-D ha votado más del 80% de la población y seguimos igual salvo por la distribución partidista; seguimos con Catalunya partida en dos bloques, y moralmente reafirmada ahora en su área independentista, como es previsible, porque los/as catalanes le han dado la mayoría absoluta a sus fuerzas políticas. Pese al rey, al Gobierno Rajoy, a las porras, al 155, a la cárcel o a la amenaza económica.
Felipe VI ha tenido su primera gran crisis institucional y ha perdido
Recomiendo la lectura del discurso navideño del rey y, a continuación, la relectura del texto del 3 de octubre; uno no puede entenderse sin el otro, pero no augura nada bueno para la Monarquía el desconcierto titubeante que hoy manifiesta el jefe del Estado ante el inesperado resultado electoral del jueves 21. ¿También se creyó el monarca que con unas elecciones convocadas por el Gobierno central en Catalunya se acababa el ‘problema’? Mal monarca tenemos, entonces, que carece de la intuición del observador neutral y se deja llevar por las pasiones electoralistas y cobardes del Gobierno de parte.
Felipe VI ha tenido su primera gran crisis institucional y ha perdido. Es posible que la cuestión catalana sea en este momento más compleja que el 23-F y que a él le hayan preparado (mucho, insisten en todas partes) para una coyuntura como la de su padre en 1981, al que una serie de circunstancias —y sobre todo el deseo de pasar la página franquista de nuestra Historia— se le dieron cita en Palacio para darle la forma de rey conciliador y empático; aglutinador y simpático.
Hoy, el rey Felipe ha intentado entrar en muchas casas asegurando que “hay que reconocer que no todo han sido aciertos; que persisten situaciones difíciles que hay que corregir, y que requieren de un compromiso de toda la sociedad para superarlas". ¿Qué "sociedad", se preguntarán muchos/as españoles? ¿La que Su Majestad protegía el 3 de octubre? ¿Esa mayoría silenciosa que resultó ser un engaño electoral? ¿La que eligió y reeligió la opción independentista en Catalunya? ¿La que contempló horrorizada, desde Lugo a Málaga, las cargas del 1-O y el encarcelamiento sin sentencia y sin consenso jurídico de líderes políticos con su bendición?
¿De qué sociedad nos habla el rey, que ni siquiera ha reconocido la grandeza y diversidad de la suya cuando servía para algo?
Una inspectora médica denuncia un "fraude contable" en la Seguridad Social en Cádiz
María Dolores Mesa narra cómo le han cobrado "cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e incluso años". La Audiencia Nacional instruye el caso
La inspectora médica María Dolores Mesa Varela (San Fernando, Cádiz, 1954) denuncia un "fraude masivo" en la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia de Cádiz que consistiría en "imputaciones contables de cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e incluso años", según relata a El Confidencial.
En 2016 la TGSS presentó ante la Audiencia Nacional informes donde se observa la diferencia entre "fecha real de ingresos" y "fecha de aplicación", según la documentación que obra en poder de este diario. El asunto le consta, con fecha 18 de octubre de 2016, a la Subdirección general de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería que hace referencia al número de expediente 234/2013-1-1.
También está al corriente de esta cuestión la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por "un asunto de reclamación por responsabilidad patrimonial" y la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio, que solicitó que se le enviara información a la Audiencia Nacional.
Según datos oficiales de la dirección provincial de Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el detalle de ingresos aplicados por título ejecutivo a día 17 de octubre de 2016 hay importes como uno de 10.034,51 euros de la sociedad cooperativa andaluza centro médico Safer con fecha real de ingreso 1 de octubre de 2007 y la fecha de aplicación se demora hasta el 4 de enero de 2008. Esta 'descoordinación' de asientos contables también se refleja en otra media docena más de ingresos del centro.
"Enriquecimiento injusto"
Estas presuntas irregularidades comprenderían, según Mesa, un espacio de tiempo entre 2001 y 2015. "Lo que han realizado durante todos estos años es quedarse con el dinero sin anotar y emitir documentos de falsas deudas de las empresas", explica la denunciante quien sostiene que se habría podido producir un presunto delito de "enriquecimiento injusto de la Administración y la productividad de los funcionarios que lo hacen porque elevan el número de embargos y el total cobrado". Y es un "fraude masivo", añade, "porque lo hicieron en las tres empresas que yo tenía y en muchas más de las que tengo documentación", argumenta.
Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz. (Youtube)
El 'modus operandi' consistiría en "una ejecución de embargo por inexistente deuda ante la que no permitieron defensa que han reconocido pero que no han trasladado a la contabilidad, dando continuidad a procedimientos de embargos en cascada sin regularizar los asientos contables, realizar devoluciones de ingresos indebidos o aplicar a cuotas que permitirían comprobar que existe al día de la fecha saldo acreedor de la sociedad".
Y denuncia "la falta de control por parte de la Dirección General en Madrid de la Tesorería General y de la Inspección de Servicios del Ministerio, entonces de Trabajo e Inmigración, y ahora de Empleo y Seguridad Social, incluso con denuncias personales y documentales". Solo entre septiembre de 2006 y julio de 2007 se ha producido una diferencia de 22.103,89 euros de presuntos incrementos debidos a las cuotas de la Seguridad Social, según la denunciante. "Esta mecánica ha costado el cierre de empresas y denuncias ante el contencioso-administrativo penal y denuncias ante el Ministerio".
Imagen del centro médico Safer de San Fernando (Cádiz).
Mesa, que ahora ejerce como inspectora médica en Sevilla, culminó los estudios de Medicina en Cádiz siendo empleada de Telefónica, empresa donde trabajó 16 años. Tiene ya 43 años cotizados. Fundó el centro médico Safer en 1989 por su "ilusión" por ejercer la medicina en la atención primaria. Conocida por sus empleados (llegó a tener 27) como "la jefa" argumenta cuál es su "secreto": "La contabilidad y las cuentas siempre han estado bajo mi responsabilidad en exclusiva, no ha habido interferencias de nadie. Por eso sé perfectamente lo que ha pasado. Han ido a por mí por envidia. Nos financiábamos sobre todo de las urgencias. Lo que me gustaba de mi centro, que me cerraron en febrero de 2012, era la asistencia sanitaria 24 horas". Safer llegó a esponsorizar el club de hockey de San Fernando.
El cierre del centro médico
Los problemas de Mesa con la Administración se remontan a 2001. "Me exigieron en la Tesorería una cantidad que no debía (1,2 millones de pesetas). Embargaron la cuenta de mi banco sin expediente ni nada. Al día de hoy no lo han podido justificar. Ellos argumentaban que era una deuda, pero la diferencia a su favor era de 4.000 euros y no era cierta". 'Diario de Cádiz' ya informó que Mesa reclamaba "una deuda de 300.000 euros por un servicio prestado, que la Administración le negaba por no cumplir una serie de requisitos".
"No es hasta septiembre de 2012 cuando la TGSS reconoce que mantiene excedentes de embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad"
La doctora tampoco se explica cómo no se ha realizado "ninguna investigación" durante todos estos años en la Fiscalía Provincial de Cádiz donde se acudió por parte de la representación de la sociedad cooperativa Safer, que atendía a pacientes de las aseguradoras Adeslas, Mapfre, Asisa, trabajadores de Diputación y personal del Ministerio de Defensa. "No es hasta septiembre de 2012 cuando la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce por primera vez que mantienen excedentes de embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad y, a pesar de ello, hasta la fecha no se ha regularizado", argumenta la denunciante.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía adujo como motivos del cierre "una serie de irregularidades y deficiencias en las unidades asistenciales por visitas practicadas por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios tales como la carencia de autorización administrativa y de tarjetas de transporte de la ambulancia del centro". Dolores Mesa argumenta que el centro disponía de autorización del Ministerio de Sanidad desde 1989 y de la Junta de Andalucía desde 1994. "La documentación se remitió por burofax, contemplada en el artículo 7 del Decreto 69/2008, y también en la Delegación del Gobierno en Sevilla. No me la admitieron y por eso cerraron el centro".
La Tesorería lo niega
El Confidencial se puso en contacto con la TGSS para recabar su versión de los hechos. Este organismo resaltó que no cobraba deudas "inexistentes", ya que todas las deudas que constan en sus ficheros responden "a un incumplimiento en el pago por parte de los obligados a ello, estando identificada la causa del incumplimiento, el responsable y el expediente", señalaron a El Confidencial fuentes próximas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
"La norma contempla un procedimiento en el que se garantiza que el deudor es conocedor del expediente de apremio desde su inicio, y a quien se le notifican las actuaciones de la TGSS con sus correspondientes pies de recurso. Una vez cobrada una cantidad, el propio sistema informático, aplica dicha cantidad a la deuda más antigua que exista, sin que se pueda alterar dicha imputación", explican en el organismo.
La Policía registró en septiembre de 2016 la sede de la TGSS de Cádiz investigando un presunto delito de alteración en subastas públicas
La dirección provincial gaditana de la Tesorería General de la Seguridad Social resalta que no resulta posible "mantener cuentas falsas ni deudas falsas y por tanto es imposible subastar una finca que no haya sido embargada conforme a las disposiciones legales. Es muy importante resaltar que no se retiene ninguna cantidad de dinero de procedencia ilegítima ya que todos los ingresos que se obtienen se corresponden con deudas reales y existentes". Agentes de la Policía Nacional registraron en septiembre de 2016 la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz investigando un presunto delito de alteración en subastas públicas de efectos intervenidos por la Seguridad Social.
La denuncia de Mesa no solo se limita a la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que también alcanza a Hacienda, según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de junio en la que se admite en parte el relato de la denuncia del centro médico Safer también por presuntas irregularidades contables.
"Sigo luchando para lograr que funcionarios y cargos públicos de las administraciones no impidan a los gaditanos el derecho constitucional al trabajo... y poner de nuevo las actividades laborales, el centro médico y la actividad de mayores que también teníamos en marcha", explica Mesa de modo contundente.
DERROTA BESTIAL DEL FASCISMO DE RAJOY,-3 %-LA ""TRIUNFADORA PIJITA RICACHONA"" DE JEREZ EN CATALUNYA SACA EL 23 % Y ES PRIMERA MINORIA,PERO TERMINARAN ECHANDOLA DE SU BARRIO Y MANDANDOLA A SUS BODEGAS.
Y PODRIA VENIR A ECHAR A LA GORDA MIARMA TRIANERA,UNA MANITA.
BOLCHES,TROSKOS,PODEMITAS,ANARCOS DE LA CUP TIENEN EL 4 %.
EL GORDITO GAY DE SANCHEZ ES SIMPATICON PERO NO PASA DEL 15 % Y GANAN LOS PAGESES DEMOCRISTIANOS DE MISA DOMINICAL DE "PUCHI" PERO NESITARAN LA AYUDA DEL GORDO DEL INTERMITENTE IZQUIERDO ROTO.
LO DEMAS ES EL MISMO RESULTADO QUE SACABA PUJOL ROBANDO.
VAMOS,PA CATA,ME QUEDO CON EL NEN DEL POBLE SEC QUE ME TRAE BUENOS RECUERDOS.
Greenpeace acusa a la Junta de Andalucía de "retrasar hasta 2023" la demolición del hotel ilegal El Algarrobico
Piden al TSJA que "obligue" al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
El hotel figura como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016.
Vecinos de Carboneras repintan el hotel del Algarrobico.
E. P.
Greenpeace ha iniciado los trámites para reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acelere la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico en Carboneras (Almería), tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre de que la Junta de Andalucía acuda a un pleito civil para que la promotora Azata les entregue los terrenos. Además, ha acusado a la Junta de retrasar dicha "demoliciónhasta 2023".
Según Greenpeace, "no es la primera vez que la justicia exige al Gobierno andaluz que inicie los trámites por la vía civil" ya que, en 2015, el propio TSJA ya le pidió lo mismo. "Esto supone un retraso de al menos seis años hasta que se pueda proceder a la demolición del hotel", ha aseverado la organización que va a pedir al TSJA que "obligue" al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, norma de rango superior.
El Algarrobico figura en esta norma como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016, por lo que una vez modificado el PGOU, Greenpeace demandará al Ayuntamiento de Carboneras que "revise la licencia de obras y, una vez declarada ilegal, que inicie un expediente de demolición". Todas estas peticiones irán incluidas en el mismo recurso contencioso administrativo, según ha detallado la organización ecologista.
"La estrategia jurídica seguida por la Junta de Andalucía para demoler el hotel puede demorarse muchos lustros. Para evitar más dilaciones, Greenpeace ha decidido abrir esta vía en los tribunales", ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, quien ha afirmado que "esta es la forma más rápida para demoler el hotel" porque si se espera a que lo haga la Junta, "lo verán las siguientes generaciones".
Además, Greenpeace ha asegurado que el Gobierno andaluz "podía ya haber comenzado los trámites" para obligar a Azata a entregarle la finca, pero "no lo hizo hasta el año 2015" y si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, "ya tendría al menos sentencia en primera instancia". "A los cuatro años de retraso que ya lleva el Gobierno andaluz en su pretensión de apropiarse de los terrenos, habrá que sumar ahora el tiempo que tarde en tramitar el pleito civil, que puede prolongarse durante seis años más", ha aseverado.
Marcos ha concluido que Greenpeace pretende es evitar que el proceso "sea eterno", ya que, según ha explicado, una vez que el Gobierno andaluz tome posesión de los terrenos dentro de unos seis años, podría ocurrir que Azata no reconozca que el retracto incluya el hotel, lo que "implicaría nuevos pleitos". Y, si finalmente la Junta consigue ser el dueño legal de los terrenos y del hotel, el siguiente problema será demolerlo, ya que el Ayuntamiento de Carboneras probablemente no conceda licencia de demolición, porque según su PGOU, el hotel tiene licencia de obras y está construido en terreno urbanizable.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el pleno del Parlamento andaluz. EFE
La presidenta rechaza de forma vehemente el anticipo de elecciones
La oposición no se la cree y se prepara para unos comicios en 2018
La posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, convoque elecciones autonómicas antes de tiempo -tocarían en 2019- ha pasado de comentario de pasillo a materia de debate político y aunque lo niegue una y otra vez -ayer fue la última- en el Parlamento y entre los partidos políticos la hipótesis de unas elecciones en 2018 cobra cada vez más fuerza.
«No voy a adelantar las elecciones, relájese, porque estamos gobernando y trabajando». Eso es lo que respondió la presidenta cuando el líder del PPandaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, le preguntó por el alcance de la remodelación del gobierno que acometió en verano. Una negativa tajante que para muchos dentro del Hospital de las Cinco Llagas sonó a todo lo contrario.
Díaz se esforzó por dibujar un escenario de estabilidad política, con un presupuesto ya aprobado como contraposición a la situación nacional. «Estamos trabajando», enfatizó la presidenta al tiempo que vinculaba la pregunta del presidente del PP andaluz con «el miedo» y criticó su «torpeza» al plantear la opción del adelante de los comicios. Una pregunta así, incidió, es propia de alguien «que no ha gobernando nunca ni tampoco piensa gobernar».
En la misma línea, replicó que los resultados de la remodelación de su ejecutivo «están a la vista» y citó la aprobación de los presupuestos para el año que viene o algunas de sus medidas estrella, como la gratuidad de las matrículas universitarias o la renta mínima de inserción social, que se ha aprobado esta misma semana. Andalucía, vino a decir la presidenta citando además los datos de creación de empleo, va bien.
Nada justifica -según el argumentario de Susana Díaz- anticipar las elecciones. Pero pocos se lo creyeron.
La pregunta de Moreno Bonilla se produce después de que en los últimos meses los rumores de un adelanto electoral se hayan intensificado. Y uno de los motivos es, precisamente, la premura de Susana Díaz para aprobar las cuentas de 2018.
Entre los populares el adelanto electoral es una convicción y las prisas en los presupuestos una prueba, ya que, señalan desde el PP, la idea de la presidenta podría ser hacer lo mismo el año que viene y si no hay acuerdo con Ciudadanosconvocar los comicios para antes de final de año.
Lo que dicen algunas encuestas
Lo más probable, piensan en el PP, es que el que comienza tras las navidades sea el último periodo de sesiones en el Parlamento andaluz.
Algunas encuestas apuntan un desgaste considerable del PSOE y de Podemos al mismo tiempo que un repunte de la intención de voto del PPy de Ciudadanos. De que esta tendencia se confirme puede depender, en gran medida, que Díaz dé el paso y del momento en el que decida darlo.
El límite, en cualquier caso, sería el que evite una coincidencia con las elecciones generales y municipales, también previstas para mediados de 2019. La secretaria general de los socialistas andaluces no quiere, de ninguna manera, compartir cartel con Pedro Sánchez y pretende que su marca personal se superponga a la del PSOE.
Tanto Podemos como Izquierda Unida coinciden en que la credibilidad de la presidenta es nula y que su palabra de que no va haber adelanto vale poco o nada. Las dos formaciones, de hecho, trabajan en la confluencia con la que, si no hay sorpresas, irán a las urnas juntas.
