Objetivo: la sanidad pública. Aunque la búsqueda de los puntos débiles del sistema sanitario andaluz siempre estuvo entre los objetivos estratégicos del Partido Popular, la organización presidida por Juan Manuel Moreno ha redoblado una ofensiva que, a su vez, está contando un inesperado y valiosísimo aliado en los propios errores del propio Gobierno andaluz.
Y es que, más allá d la ofensiva popular, la que siempre ha sido ‘la joya de la corona’ de la Junta de Andalucía presenta fisuras preocupantes, muchas de ellas derivadas de los recortes presupuestarios impuestos por Bruselas y el Gobierno central y no pocas producto de equivocaciones políticas. Encuestas de consumo interno del Partido Socialista vienen confirmando desde hace tiempo el cambio de opinión –para mal– de los andaluces sobre un sistema que siempre valoraron con nota muy alta. La bandera de la sanidad pública está deshilachándose y el Gobierno de Susana Díaz está teniendo dificultades para impedirlo.
La novedad de la campaña era la habilitación de un canal de denuncias a través del número de WhatsApp 686502972 para “dar conocimiento y difusión a los problemas que sufren diariamente usuarios, pacientes, proveedores o profesionales de la sanidad”.
Pero el PP no está solo. Aunque no tan beligerante como la derecha, la izquierda también ‘dispara’ contra la sanidad pública. Para Libertad Benítez, diputada de Podemos, en Andalucía "el código postal es más determinante para la saludde las personas que su código genético", mientras que para la diputada de IU Inmaculada Nieto "la sanidad pública andaluza está estallando por las costuras y no reaccionan".
Este último reproche roza, por cierto, la línea roja del cinismo, dado que la pérdida de empleo se ha derivado directamente de las imposiciones del Gobierno central que dirige el propio PP. Aun así, el próximo año la Junta publicará una nueva Oferta de Empleo Público con más de 2.500 plazas.
Dos semanas después de ponerla en marcha, este era el balance que Moreno Bonilla hacía de su campaña: “Ha hecho despertar a la Junta y en solo diez días desde su inicio Susana Díaz se ha puesto muy nerviosa, ha pedido perdón dos veces por las fusiones hospitalarias y la sanidad cuenta con 500 millones más" en esta comunidad.
Aunque el Presupuesto de 2017 empezó a negociarse con Ciudadanos mucho antes de que el PP activara su campaña, los conservadores no dudan en apuntarse el tanto de que la partida sanitaria vaya a aumentar unos 500 millones de euros, lo que supone un 5,5 por ciento más que en 2016.
También ayer mismo, desde Londres, la presidenta Díaz reprochaba a la derecha que "le haga el juego a aquellos que quieren incrementar la cuenta de resultados de entidades privadas" a costa del patrimonio sanitario de la comunidad, una de las "joyas" de Andalucía. "No es inocente lo que se está produciendo", añadía, aunque admitiendo que veía "inevitable, que se produzcan fallos". También recordaba que los profesionales sanitarios están recuperando todos sus derechos -salariales y de jornada—y que se han abierto 17 infraestructuras sanitarias en Andalucía.
Pero los reproches al funcionamiento de la sanidad andaluza no provienen solo del Partido Popular. En Granada se han producido dos movilizaciones masivas –en torno a 30.000/40.000 personas cada una– para protestar por la fusión hospitalaria puesta en marcha por la Consejería de Salud y para exigir que la ciudad tenga “dos hospitales completos”.
Y las críticas no son solo en Granada. En Huelva, el movimiento ciudadano 'Huelva, por una sanidad digna' registraba ayer mismo ante la Subdelegación del Gobierno de Huelva una solicitud para la convocatoria de una manifestación el 27 de noviembre contra “la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, al considerar que mermaría la atención a los usuarios, con un recorte encubierto de medios y personal".
Tanto el de Huelva como el de Granada son movimientos de protesta nacidos desde abajo, ya sea partiendo de profesionales, ya de los propios ciudadanos. No quieren que sus protestas se instrumentalicen políticamente, y tampoco el PP tiene especial interés en hacerlo dado que las movilizaciones ciudadanas como tales parecen darle la razón.
La última provincia en articular el malestar ciudadano ha sido Málaga. El pasado día 3 fue constituida en la Asociación de Vecinos de Gamarra la Plataforma por la Calidad de la Sanidad Malagueña, que de entrada cuenta con más de 5.000 apoyos en Facebook. ¿Sus quejas? Parecidas a las de Huelva: que el Servicio Andaluz de Salud mantiene a Málaga "a la cola de las listas de espera, en la infradotación de personal sanitario y de infraestructuras".
En este envite, el PSOE se juega mucho en la ciudad de la Alhambra, cuya Alcaldía ha recuperado después de 13 años y ello merced a un pacto cogido con alfileres con la izquierda y con C’s tras la dimisión del popular José Torres Hurtado, investigado por corrupción urbanística.
Si los socialistas gestionan mal el conflicto sanitario granadino pueden acabar perdiendo una capital recuperada hace escasos meses más por una carambola político-judicial que merced a sus propios méritos.
La Fiscalía concluye que "no se observan indicios de ilícito penal". Aquilino Alonso ha ganado esta batalla, pero se ha llevado un buen susto. Otro más. Y es que hasta la justicia parece conjurada contra la gestión sanitaria andaluza. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaraba nula la Orden de la Junta del 21 de noviembre de 2014 por la que se actualizaba la estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de los servicios de atención especializada en el área de Salud de Huelva unificando los hospitales de la capital onubense.
En un comunicado, recordaban que en enero del año 2014 la entonces titular de salud María José Sánchez Rubio "decidió rescindir unilateralmente el concierto que mantenía con la empresa y sustituirlo por unas prórrogas declaradas ilegales por los tribunales”.
El conflicto dura ya casi tres años y, de hecho, el Servicio Andaluz de Salud ha iniciado el expediente para declarar la nulidad de la prestación de asistenciasanitaria en esos hospitales, que han seguido atendiendo a pacientes del SAS dada la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios.
‘Por una sanidad 10’
El punto de inflexión en la estrategia conservadora tiene una fecha: el 24 de octubre pasado. Ese día Moreno presentaba la campaña #PorUnaSanidad10, con la que los populares anunciaban su intención de hacer oír “la voz de la calle” y “denunciar e informar a los profesionales y usuarios de los problemas y carencias del sistema sanitario público en la comunidad”.
Rozando la línea roja del cinismo
Este es el sombrío retrato que el PP hace de la sanidad en la Comunidad: Andalucía está por debajo de la media nacional en número de hospitales por cada 100.000 habitantes (0,55 frente a 0,77 de España); es la última en número de camas hospitalarias (2,5 por cada 1.000 habitantes frente al 3,4 de media nacional) y en médicos especialistas (1,4 por cada 1.000 habitantes frente al 1,78 de España) y ha perdido 6.000 profesionales sanitarios.
El pirómano bombero
Así respondía el PSOE al PP por boca de su secretario general en Almería, José Luis Sánchez Teruel: "Si el partido que ha efectuado los mayores recortes en salud de la historia reciente de España quiere que los ciudadanos le escuchen sobre sanidad pública tiene que derogar los copagos, devolviendo a la sanidad su universalidad para todos los ciudadanos. Quien ha sido el pirómano de la sanidad pública no puede ser bombero ahora".
Granada, Huelva, Málaga…
Una Alcaldía en el aire
Pero los mayores apuros políticos del consejero de Salud, Aquilino Alonso, están siendo en Granada, donde hasta el alcalde socialista Francisco Cuenca exige una rápida "rectificación". Por su parte, el responsable de la sanidad pública andaluza ha tomado “nota”.
Denuncias del Defensor del Paciente
Los frentes críticos se le multiplican a la Junta. Además del PP en toda Andalucía y de los ciudadanos en algunas provincias, la Asociación Nacional del Defensor del Paciente ha venido presentando sucesivas denuncias, si bien la Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado dos de ellas presentadas este verano. La primera, relativa a las listas de espera del sistema sanitario público andaluz, y la segunda, sobre el complemento de rendimiento profesional.
La guinda de Clínicas Pascual
Y la guinda final de la cadena de problemas la ponen las clínicas Pascual, con las que la Junta viene concertando servicios que ella no puede prestar directamente en varias provincias. El colectivo de trabajadores de los hospitales de la empresa JM Pascual, ubicados en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, se concentraban el 29 de septiembre frente a la sede del Parlamento de Andalucía porque "ninguno de los seis hospitales de Pascual mantiene concierto en la actualidad con el Servicio Andaluz de Salud" y por la "pérdida" de empleo.
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