La larga lista de casos de corrupción que afectan en Andalucía al PSOE y al Gobierno andaluz desbordaron varios juzgados y también a la fiscal jefe de Sevilladesde el 2004, María José Segarra, la nueva fiscal general del Estado.
Desde que estallaron los escándalos, Segarra, de 54 años y miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), reclamó a sus jefes refuerzos para apoyar el trabajo de los fiscales de Anticorrupción ante la complejidad de los casos de corrupción que se estaban indagando en los juzgados. El asunto con mayor número de imputados y de mayor complejidad es el de los ERE, que comenzó a investigarse en 2011 y versa sobre el reparto de ayudas millonarias de forma arbitraria por parte del Gobierno andaluz a trabajadores de empresas en crisis afines al PSOE o con vínculos sindicales.
Precisamente ahora se está juzgando en la Audiencia de Sevilla la pieza principal de este caso, que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ex ministra Magdalena Álvarez. Y todavía deben abrirse casi dos centenares de piezas más por cada una de las ayudas concedidas.
En los orígenes de los ERE está el caso Mercasevilla y unas cintas de audio grabadas por los empresarios del grupo La Raza durante una reunión en la que los directivos de la empresa pública Mercasevilla les exigieron una comisión de 450.000 euros por la concesión de una subvención de 900.000 euros de la Junta para financiar la puesta en marcha de una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos de la capital andaluza
El PP acusó en el año 2009 a la fiscal María José Segarra de guardar en un cajón aquellas grabaciones de sonido «durante meses». La cronología, no obstante, matiza la denuncia de los populares. El 27 de enero de 2009, los empresarios de La Raza grabaron cómo les pedían la mordida y, con posterioridad, contactaron con el jefe de gabinete de Manuel Chaves, Juan Gallo, a quien enviaron los audios.
Con el material en bruto y sin ninguna transcripción que ayudara a las pesquisas, la Junta llamó a la puerta de Segarra y le entregó los audios. En abril de 2009, tan sólo dos meses después de que se hiciera la grabación, el PP presentó otra denuncia sobre este asunto.
En septiembre de 2009, en pleno escándalo de la Gürtel, el ex ministro Zoido, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, puso este caso como ejemplo de la «doble vara de medir» de la Fiscalía cuando se trata de políticos del PP y del PSOE. La Fiscalía de Sevilla replicó que las cintas de Mercasevilla no habían estado guardadas en un cajón y que incluso le había dado instrucciones a la Policía, si bien finalmente fue la denuncia del PP la que desatascó estas pesquisas.
Aunque Segarra es una mujer de ideas progresistas, lo cierto es que ha renovado su cargo al frente de la Fiscalía de Sevilla con gobiernos del PSOE, en la época de Zapatero, y también del PP, en la etapa de Rajoy. En 2004, fue nombrada con Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado por encima de otros candidatos como el ex consejero de Justicia andaluz Emilio Llera, al que las quinielas sucesorias señalaban como favorito. Entonces tenía 41 años y se convirtió en una de las fiscales jefe más jóvenes del país y en una de las primeras mujeres en llegar a ese cargo.
Fue renovada por última vez en 2015 durante la etapa de Consuelo Madrigal en la Fiscalía General, que optó por ella frente a otros candidatos de perfil teóricamente más afín al PP. Su mandato estaba previsto que alcanzara hasta 2020. Compañeros de Segarra de talante más conservador señalan su profesionalidad y amplia capacidad de trabajo.
Aunque es feminista, no le ha temblado el pulso al pedir condenas a mujeres que han presentado denuncias falsas contra sus ex parejas por maltrato. En el polémico caso de María Salmerón, la mujer condenada por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, condenado por maltrato, la Fiscalía tampoco se puso de perfil y se opuso al indulto.
Segarra comenzó en menores. Hace 20 años, su imagen fue portada en la prensa regional, cuando trataba de proteger a María Ángeles, la niña del municipio granadino de Benamaurel que se disputaban dos familias.
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