El gobierno de Susana Díaz burló la ley para favorecer a la mina de la hija de Chaves

• • CHEMA RODRÍGUEZ

Paula Chaves, en la presentación en 2012 del proyecto de ampliación de Matsa en Valdelamusa. J. YÁÑEZ

El TSJA concluye que la Junta adjudicó irregularmente derechos mineros en Huelva a Matsa en un concurso público que ordena repetir

Bajo sospecha otro concurso minero de la Junta del que se beneficia la empresa de la hija de Chaves

La Junta de Andalucía burló la ley para favorecer a la empresa Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), de la que es directora del área Legal y de Relaciones Institucionales Paula Chaves Iborra, hija del ex presidente Manuel Chaves.
Lo hizo, según ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el concurso por el que el gobierno de Susana Díaz adjudicó los derechos mineros en varias explotaciones de las localidades onubenses de Paymogo y Puebla de Guzmán en abril de 2014.
En aquel procedimiento, Matsa fue la gran beneficiaria y logró la mayoría de los derechos de investigación -paso previo a la explotación- en una zona en la que su presencia es prácticamente hegemónica, la Faja Pirítica de Huelva, y en detrimento de las otras empresas que participaron. Una de ellas llevó a la Junta ante los tribunales alegando favoritismo hacia la empresa donde trabaja la hija de Chaves y ahora el Alto Tribunal andaluz le ha dado la razón.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los magistrados ponen de manifiesto que la Junta hizo una valoración «arbitraria» de las ofertas presentadas por las empresas aspirantes «favoreciendo» a una de ellas, a Matsa.
En concreto, explica la sentencia, la Consejería de Economía, a través de su delegación territorial en Huelva, fijó a posteriori criterios de valoración que no estaban incluidos en las bases del concurso.
Así, a Matsa se le dieron puntos extra por tener otros yacimientos cercanos al área objeto del procedimiento con el argumento de que eso suponía un mayor conocimiento geológico, electromagético y minero de la zona.
Pero no fue el único criterio arbitrario que favoreció a Matsa, según el TSJA, que apunta además a la valoración presupuestaria. A la empresa de la que es directiva Paula Chaves se le valoró un porcentaje sobre la cifra que ofrecía gastar en materia medioambiental, algo que tampoco estaba en los papeles antes del concurso.
Estos dos criterios -los demandantes incluían algunos más que también consideraban ilegales- para ser admisibles, señalan los magistrados, deberían haber sido incluidos con detalle en los pliegos del concurso. En cambio, aparecían de forma general e inconcreta y eso, para los jueces, es suficiente para sentenciar la nulidad de la adjudicación. Porque, añade la sentencia del TSJA, la discrecionalidad de la mesa del concurso se circunscribe a aplicar los criterios previamente establecidos sin alcanzar más allá.
En vista de esto, el Alto Tribunal andaluz ordena anular la resolución del concurso y que se repita a partir de la fase de valoración de las ofertas, en la que se deben excluir, dice expresamente, los criterios ilegales.

Otra vez Matsa y la Junta

No es la primera vez que la Junta favorece a Matsa, a la que el propio Manuel Chaves concedió en 2009 un incentivo de casi doce millones de euros que la Intervención declaró ilegal y cuya devolución luego le tuvo que reclamar la Administración andaluza.
La ayuda que la Administración andaluza reclama a Matsa se otorgó justo antes de que Chaves dimitiera en la Junta -para incorporarse como vicepresidente tercero al último Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero- y que, como reveló este diario, el ex presidente andaluz no se inhibió en el procedimiento de concesión de la ayuda, votando a favor en la reunión definitiva del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009.
Pese al flagrante incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta -hasta el punto de que Paula Chaves Iborra fue quien aceptó en nombre de Matsa la subvención minera ratificada por su propio padre-, el Gobierno andaluz presidido por José Antonio Griñán se negó a abrir expediente sancionador contra Chaves incluso cuando recibió la orden expresa del TSJA, finalmente revocada por el Tribunal Supremo al negar al PP andaluz legitimidad judicial activa para exigir al Ejecutivo autonómico sancionar a los políticos de la Junta que infrinjan la citada normativa anticorrupción.
El varapalo judicial a la política minera de la Junta no es menor teniendo en cuenta que un juzgado mantiene imputados a ocho ex cargos y funcionarios de la Junta por irregularidades en otro concurso, el de Aznalcóllar.