El Supremo apuntilla una era de poder andaluz
El juez del ‘caso ERE’ denuncia prevaricación y malversación en la gestión de ingentes cantidades de dinero. Las defensas preparan recursos y alegaciones
El expresidente andaluz Manuel Chaves, comparece en el Tribunal Supremo por el caso de los Eres. / KIKE PARA (EL PAÍS)
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dado la puntilla a una era, la del poder absoluto del PSOE en la Junta de Andalucía, con 130 páginas en las que pone bajo sospecha a la cúpula del Gobierno autónomo y sitúa en la antesala del banquillo a dos expresidentes (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y dos exconsejeros (José Antonio Viera y Gaspar Zarrías).
Entre 2000 y 2010, periodo investigado por el Supremo, el PSOE pasó en Andalucía de rozar la mayoría absoluta (45% de los votos en 2000) y gobernar con la ayuda del Partido Andalucista, a dos victorias aplastantes (51% y 48% en los comicios de 2004 y 2008) que le permitieron mandar en solitario. Durante esa década, la Junta aprobó y gestionó un programa de ayudas públicas a 263 empresas en crisis que repartió 855 millones de euros, parte de ellos sin control, lo que favoreció el fraude.
El magistrado ha encontrado numerosos motivos para el reproche penal a los principales símbolos del poder político socialista andaluz, los expresidentes Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2012). Pero los abogados de los imputados preparan ya escritos de alegaciones en los que intentan desmontar la tesis del juez y sostienen que su relato cae en importantes contradicciones y que las acusaciones más graves se basan en conclusiones inferidas por el magistrado sin pruebas objetivas.
Estas son algunas de las acusaciones del juez y los argumentos contrarios de las defensas:
Conocimiento de la cúpula. “El instrumento de las transferencias de financiación era ilegal para conceder ayudas y subvenciones y lo conocían los imputados y personal cualificado de varias consejerías. Además, fueron advertidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía”, señala el juez. Los imputados lo niegan. “El magistrado sostiene que el Interventor hizo en 2005 un informe de cumplimiento y que cuando lo remitió a las consejerías escribió que se diera traslado al consejero de Hacienda. Eso no lo dice, es mentira”, dice uno de los letrados. “Además, no ha querido oír en declaración a la viceconsejera de Hacienda, que ha negado siempre que trasladara a Griñán ese informe del interventor”.
El interventor temía perder su cargo. El interventor de la Junta advirtió de que el procedimiento era irregular, pero nunca hizo un ‘informe de actuación’, la fórmula de alerta que hubiera obligado al Gobierno andaluz a tomar medidas. El juez reprocha al interventor esta “incoherencia”, pero deduce que si no dio el paso de firmar un informe de actuación para obligar a modificar el sistema de ayudas fue por miedo a perder el cargo que ocupaba.
“Esta conclusión no tiene ni pies ni cabeza”, sostienen los abogados de los imputados. “El interventor ha hecho a lo largo de este proceso declaraciones muy hostiles contra el Gobierno andaluz y en ningún caso ha admitido que hubiera recibido presiones. El magistrado apunta la tesis del miedo porque le viene bien para cuadrar su argumento”, afirman.
El Parlamento andaluz fue inducido a error. Las ayudas a empresas estaban incorporadas al Presupuesto regional que se aprobaba cada año en el Parlamento andaluz. Si una ley establecía el monto de las ayudas y el procedimiento para adjudicarlas, el sistema no podía ser ilegal. Pero el juez cree que sí porque sostiene que la Cámara andaluza fue inducida a error: “La documentación anexa a las leyes de Presupuestos era críptica, confusa y equívoca. No se considera razonable que el Parlamento andaluz aprobara conscientemente un sistema integrado por un cúmulo de ilegalidades que abocaban necesariamente al descontrol”, dice el auto.
La defensa de los imputados contesta: “Todos los parlamentarios tenían a su disposición una oficina presupuestaria para aclarar dudas; los proyectos de ley de Presupuestos iban informados por la Intervención de la Junta. Las modificaciones presupuestarias que aprobaba el Gobierno andaluz para ayudas sociolaborales, la supuesta prevaricación de la que acusa el juez a los presidentes y consejeros, iban con informes favorables de la Intervención”. Los abogados consideran que la mayor incongruencia de Barreiro es que califique de “prevaricadores” los proyectos de ley que aprueba el Gobierno antes de llevarlos al Parlamento. “Una ley no puede ser prevaricadora porque es una decisión soberana del Parlamento, pero el juez dice que el proyecto de ley que hace el Gobierno sí puede ser prevaricador. Es absurdo”, sostienen. “Durante 10 años esas leyes pasaron por las manos de cientos de parlamentarios y nadie percibió que fueran ilegales, y eso que en la oposición siempre están alertas”, añaden.
La competencia sobre aforados y no aforados. El magistrado Barreiro decidió seguir adelante con la causa contra José Antonio Griñán pese a que este renunció a su escaño de senador, dejó de ser aforado, y el juez natural que le correspondía ya no era el instructor del Supremo sino la magistrada del juzgado de Sevilla que inició la investigación.
Barreiro argumentó que había, en el delito de prevaricación que investigaba, una coautoría de todos los imputados, por lo que no podía separar a Griñán del proceso. Los abogados defensores sostienen que esa decisión no correspondía a Barreiro sino a la sala de admisiones del Supremo. La defensa del expresidente Griñán dirigirá un escrito a la Sala de Admisiones pidiendo la nulidad de las actuaciones de Barreiro por carecer de competencias.
Recursos de apelación. La exposición razonada que Barreiro ha trasladado a la Sala de Admisiones para que pida a las Cortes el suplicatorio que permita juzgar a los imputados no es recurrible, pero las defensas planean otros cauces de protesta. El abogado del exconsejero Gaspar Zarrías presentó el martes en el Supremo un escrito solicitando el archivo de la causa. Dos días después, Barreiro hizo pública su exposición razonada donde atribuye a Zarrías un delito de prevaricación. La defensa del exconsejero considera que esa exposición razonada es, en sí misma, un rechazo a su recurso para el archivo de la causa. Por eso, interpondrá otro de apelación. A la vez, enviará un escrito a la Sala de Admisiones solicitando que aplace la petición de suplicatorio.
Y alguien se cree que "La Diaz" no lo supiera?
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