La acusación cita por sorpresa a

Susana Díaz para que declare .

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán saludan al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, en la sala la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebra el juicio por la pieza política del caso ERE. EFE/Raúl Caro

El Partido Popular (PP), que ejerce como acusación particular en el juicio de la pieza política del fraude de los ERE, ha solicitado al tribunal que cite a declarar en calidad de testigo a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, “por su amplio conocimiento” sobre el caso y porque durante su mandato se tramitaron algunos de los procedimientos para la concesión de ayudas bajo sospecha. Los abogados del PP también piden la citación del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, porque durante su etapa como alcalde de Chiclana (Cádiz) recibió ayudas supuestamente irregulares.

La acusación particular ha dado un golpe de efecto en la primera sesión del juicio de los ERE, implicando en el proceso a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y a su número dos. El tribunal conoce desde hace meses el nombre de los 117 testigos propuestos por acusaciones y defensas para que declaren durante el proceso, pero en la lista no estaba un nombre tan relevante como el de la presidenta andaluza.

El PP-A, principal partido de la oposición, busca la imagen del paseíllo de Susana Díaz hasta la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se juzga a sus dos antecesores, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de fondos. Los populares repiten la misma estrategia que ejercieron en la comisión parlamentaria que investigó el caso ERE, en la que Díaz también fue citada Díaz como testigo y, durante su comparecencia, fue duramente atacada por la portavoz del PP, que la acusó de cómplice del fraude de ayudas sociolaborales que salpica a los 22 exaltos cargos de la Junta imputados en el caso.

Los populares también han pedido la comparecencia de la exconsejera de Presidencia, Mar Moreno, que fue preimputada inicialmente en el caso ERE por la jueza Mercedes Alaya, y posteriormente desestimado por el Tribunal Supremo. El sindicato Manos Limpias, que también ejerce la acusación, se ha adherido a la petición del PP, no así la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido tiempo para decidirse.

Ahora el tribunal, que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña, tendrá que deliberar para decidir si acepta a los nuevos testigos propuestos por las acusaciones (también los fiscales han planteado nuevos nombres). En todo caso esta decisión no se conocerá hasta que termine la presentación de las cuestiones previas, dentro de un par de semanas, pero entretanto servirá al PP andaluz para reactivar su oposición a Díaz, que ha vuelto a encontrar en el juicio de los ERE su mejor baza para desgastar al Gobierno andaluz.

Durante la comisión que investigó el caso ERE en el Parlamento, el PP buscó culpabilizar a toda la cúpula de la Junta, la anterior y la actual, señalando como responsables políticos a la propia Susana Díaz, a sus antecesores Chaves y Griñán, y a otros 35 miembros del gabinete, incluidos consejeros, exconsejeros y viceconsejeros. Díaz no formaba parte del Consejo de Gobierno andaluz durante la etapa que se investiga (2000-2010). Cuando llegó a la Presidencia para sustituir a Griñán, echó a todos los consejeros y miembros del gabinete salpicados por el fraude, como Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila (la primera se sienta en el banquillo, pero el segundo fue exonerado).

La cuarta jornada de la pieza política de los ERE ha arrancado con la solicitud unánime por parte de las defensas para expulsar del caso al pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce como acusación particular. El abogado Alfonso Martínez del Hoya, que representa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha sido el encargado de defender un escrito firmado por todas las defensas y que cuestiona la presencia de este sindicato por “carecer de órganos representativos”, ejercer de mala fe y abusar del propio derecho. Manos Limpias está inmerso en un proceso de disolución y las defensas le imputan falta de legitimación para ejercer la acusación particular por incumplimiento de sus propios estatutos sindicales, un argumento similar al que se usó en el caso Noos, que juzgó un caso de corrupción que salpicó a la Casa Real.