INFORME DE FISCALIZACIÓN
La Cámara de Cuentas detecta 3.385 millones de fondos sin justificar en la Junta de Andalucía
Apremia al Gobierno de Susana Díaz a acreditar el uso del dinero público o a realizar las gestiones para recuperarlo.
Susana Díaz, durante el acto de entrega de las Medallas de Andalucía.
EFE/Julio Muñoz
El Gobierno de Susana Díaz tiene un agujero de fondos públicos sin justificar que alcanza los 3.385,81 millones de euros.
Así lo revela la última cuenta general cerrada y auditada por la Cámara
de Cuentas andaluza, la del ejercicio 2015, que alerta del crecimiento
de esta brecha año tras año y recomienda a la Junta tomar medidas para
agilizar la justificación del dinero o recuperarlo.
El informe revela que la mayor parte de estos fondos (3.208,10 millones) se refieren a los denominados “libramientos pendientes de justificar”, un método que permite desembolsar dinero público y verificar su gasto después -se emplea, principalmente, para abonar subvenciones-; mientras que los 177,71 millones restantes pertenecen al quebranto de las agencias de la Junta.
Este informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL fue registrado el lunes en el Parlamento de Andalucía y contiene un análisis de la situación económica y financiera del Gobierno andaluz y de sus empresas instrumentales. La conclusión es clara: "Andalucía ha incumplido la regla del gasto (...) y tampoco ha alcanzado en 2015 el objetivo de estabilidad presupuestaria (...)".
Ante estos datos, la Cámara de Cuentas aconseja a la Junta de Andalucía y a sus empresas instrumentales adoptar medidas para justificar los gastos, agilizar las comprobaciones y solicitar el reembolso de las ayudas que no hayan sido debidamente acreditadas “con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados”.
La Cámara de Cuentas también ha puesto el foco en los derechos pendientes de cobro. A 1 de enero de 2015, el montante por este concepto ascendía a 3.732,17 millones de euros y, aunque durante ese ejercicio se recuperó un 24,8%, aún quedan por recuperar 2.573,61 millones. De esta cifra, 726,43 millones datan del ejercicio 2010.
Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda poner todas las medidas al alcance “para tratar de recuperar el mayor importe que sea posible de la deuda nacida entre la empresa avalada que no respondió de sus obligaciones y la propia agencia que tuvo que hacer frente al quebranto que dicho incumplimiento produjo”.
Además, el informe fiscalizador recuerda que la Intervención General de la Junta ya concluyó que, tanto el hecho de no reintegrar los fondos recuperados por la agencia, como no dar traslado a la Agencia Tributaria de Andalucía para que ésta siga el procedimiento de apremio, podrían “suponer un menoscabo de los fondos públicos y pueden ser causa de infracción”.
El informe revela que la mayor parte de estos fondos (3.208,10 millones) se refieren a los denominados “libramientos pendientes de justificar”, un método que permite desembolsar dinero público y verificar su gasto después -se emplea, principalmente, para abonar subvenciones-; mientras que los 177,71 millones restantes pertenecen al quebranto de las agencias de la Junta.
Este informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL fue registrado el lunes en el Parlamento de Andalucía y contiene un análisis de la situación económica y financiera del Gobierno andaluz y de sus empresas instrumentales. La conclusión es clara: "Andalucía ha incumplido la regla del gasto (...) y tampoco ha alcanzado en 2015 el objetivo de estabilidad presupuestaria (...)".
Riesgo de prescripción
En cuanto a esos “libramientos pendientes de justificar”, el órgano de control externo del sector público andaluz revela un notable incremento con el paso de los años. Por ejemplo, y según expone en su informe, el agujero en las arcas públicas ha crecido un 24,8% respecto a 2014. La diferencia es todavía más escandalosa si se compara con el estudio de fiscalización del ejercicio 2012, cuando el gasto sin justificar era de 2.471 millones.Ante estos datos, la Cámara de Cuentas aconseja a la Junta de Andalucía y a sus empresas instrumentales adoptar medidas para justificar los gastos, agilizar las comprobaciones y solicitar el reembolso de las ayudas que no hayan sido debidamente acreditadas “con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados”.
La Cámara de Cuentas también ha puesto el foco en los derechos pendientes de cobro. A 1 de enero de 2015, el montante por este concepto ascendía a 3.732,17 millones de euros y, aunque durante ese ejercicio se recuperó un 24,8%, aún quedan por recuperar 2.573,61 millones. De esta cifra, 726,43 millones datan del ejercicio 2010.
Posibles infracciones
Capítulo aparte merece la situación de la controvertida Agencia IDEA (la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz), inmersa en un proceso judicial por la gestión de los avales a empresas seleccionadas a discreción. En este sentido, el órgano fiscalizador señala que este quebranto económico era de 106 millones de euros al inicio de 2015, pero que al cierre del ejercicio se habían ejecutado avales fallidos por valor de 117,39 millones. Esto supone un incremento del 10,7%. Y es que la Agencia IDEA tan sólo pudo recuperar a lo largo de 2015 unos 560.000 euros de las cantidades abonadas, un 0,5% del saldo total.Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda poner todas las medidas al alcance “para tratar de recuperar el mayor importe que sea posible de la deuda nacida entre la empresa avalada que no respondió de sus obligaciones y la propia agencia que tuvo que hacer frente al quebranto que dicho incumplimiento produjo”.
Además, el informe fiscalizador recuerda que la Intervención General de la Junta ya concluyó que, tanto el hecho de no reintegrar los fondos recuperados por la agencia, como no dar traslado a la Agencia Tributaria de Andalucía para que ésta siga el procedimiento de apremio, podrían “suponer un menoscabo de los fondos públicos y pueden ser causa de infracción”.
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