Ciudadanos retira por segunda vez su apoyo al Gobierno de Susana Díaz
La abstención del partido de Rivera y la oposición del resto deroga un decreto de la JuntaOtros
Esta es la segunda vez que la abstención de Ciudadanos permite la derogación de un decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno. En septiembre, por solo dos votos -ya que en esa ocasión también se abstuvo IU-, se derogó la norma que reconocía a los funcionarios de la Junta los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.Ciudadanos, cuyo apoyo permitió la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía el pasado junio, ha dado de lado por segunda vezal Gobierno andaluz. Su abstención en el pleno del Parlamento autonómico ha permitido que los votos en contra de PP, Podemos e Izquierda Unida logren derogar un decreto ley sobre el acceso de los Ayuntamientos a los planes de empleo. La razón del rechazo es la inclusión en el texto legal de una disposición adicional que permite la participación del personal laboral de la desaparecida Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en la prestación de servicios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La oposición considera esta disposición "una trampa" porque facilita el acceso a un puesto público de trabajadores que no han pasado por proceso de selección alguno y no son funcionarios.
El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, no ha convencido a Ciudadanos cuando ha defendido que las prestaciones de servicios previstas para los exempleados de la fundación no tenían nada que ver con las reservadas a los funcionarios, que el decreto agilizaba los planes de empleo y que fomentaba la participación de los Ayuntamientos.
Carlos Hernández, diputado del partido de Albert Rivera en Andalucía, ha aprovechado su turno para acusar a la Junta de "jugar sucio" al incluir una disposición adicional "sin hablarla, sin debatirla, sin consensuarla". "Parece que la transparencia no va con ustedes", ha afirmado antes de justificar su abstención en que el decreto pretende "de forma turbia" poner a las más de 1.500 personas que tiene la Junta "en nómina" a atender las demandas de empleo del SAE sin haber accedido a esos empleos "en condiciones de igualdad con el resto".
"Hay que consensuar y ponerse en la piel de los grupos parlamentarios, que representamos a todos los andaluces", ha remachado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Sergio Romero, quien ha recordado que el acuerdo suscrito entre su formación y el PSOE para la investidura de Susana Díaz "en ningún modo significa un cheque en blanco".
"Mandar y mangonear"
"Esa forma de mandar y mangonear se ha acabado", ha afirmado el representante del PP Miguel Ángel Torrico, quien se ha sumado a las acusaciones de "intento de trampear" y "abusar de la buena fe del Parlamento" dirigidas contra el Gobierno socialista.
Jesús Romero, de Podemos, también ha afeado la incorporación de la disposición sin reuniones previas con los grupos para consensuarla.
El representante de IU José Antonio Castro ha llegado a calificar la iniciativa de "puñalada trapera en toda regla". "Nos traen a un debate tongo, a un chantaje: Ayuntamientos y parados frente a los laborales del SAE", ha criticado.
El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha lamentado el nuevo acuerdo de la oposición "para hacer daño a la Administración pública y a los trabajadores públicos". "Se está hablando de cientos de trabajadores que por sentencia judicial ya forman parte del SAE, y a los que ahora se condena a estar recibiendo su salario sin hacer nada, sin trabajar", ha afirmado para matizar, de inmediato, que en la Administración pública andaluza no habrá nadie que cobre sin trabajar.
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