lunes, 29 de febrero de 2016
sábado, 27 de febrero de 2016
sábado, febrero 27, 2016
DE BAJA POR ENFERMEDAD
Estimados lectores:
El 14 comencé con intenso dolor en el pecho que no paraba con nada y llame a los Servicios de Urgencia.
Con ECG demostraron que el "cuore "estaba bien.
Seguí medicado en casa,pero el dolor no paraba,así fui a Urgencias del Centro de Salud que me corresponde.
Más medicación y mas dolor.
El 16 mis hijos me llevaron al Hospital Universitario donde trabajé y allí me dejaron para que me estudiaran.
Salí de allí de alta provisional hasta el 2 de marzo en que me harán un TAC y RNM para el Dgt definitivo.
Hay obstrucción de la confluencia de las biliares con el conducto del páncreas por un calculo que han decidido quitar operando.
Con los estudios encontraron un imagen al lado del bazo,digamos como si fuera otro bazo que sospechan sea un tumor,pero les explique que me hirieron en Angola y me operaron y los medicos cubanos y dijeron que tenía 2 bazos y que prefirieron dejarlo.
Haran un estudio profundo porque además tengo los tiempos de coagulacion mal,pocas plaquetas y globulos rojos bajos.
Yo creo que es el paludismo que tengo desde la "aventura "del norte argentino.
Ahora a esperar,leer,escribir,dejarme querer por mis hijos,mis amigos y que sea lo que quiera Manitu.
He visto que sin actualizar mis blogs hay una media de 500 lectora/os diarios.
Gente de calidad.
Nos reencontraremos.
Gracias a los que se han preocupado por mi.
lunes, 15 de febrero de 2016
domingo, 14 de febrero de 2016
MIENTRAS EL "MARÍO"DE LA MULA SE PRINGA DANDO MILLONES A MANE PASCUAL
El desmantelamiento del sistema público sanitario de Andalucía
.
Desmantelamiento del Estado de Bienestar
Las consecuencias de la crisis y de las políticas de recortes en gasto social de los Gobiernos del PP en España, y del PSOE en Andalucía, han aumentado las desigualdades sociales como vienen constatando numerosos estudios; y en Andalucía, más que en el conjunto de España, como ha señalado elúltimo Informe Foessa. Los indicadores sobre exclusión social evolucionan peor en Andalucía que en el resto de España, sea el gasto medio del hogar, el desempleo de larga y muy larga duración, las dificultades para llegar a fin de mes, o la situación de exclusión y exclusión severa. Son los ámbitos de empleo, vivienda y salud los que más contribuyen a este incremento de la fractura social. Una comunidad en la que el desempleo, el riesgo de pobreza y exclusión social han cobrado una dimensión de emergencia social.
Es en situaciones sociales como la de Andalucía donde cobra especial relevancia un sistema sanitario como elemento de equidad y cohesión social, capaz de dar respuestas a las necesidades sanitarias de toda la población independientemente de su nivel de renta. Sin embargo, la realidad es que empiezan a detectarse señales preocupantes de su deterioro, de su desmantelamiento.
Las primeras señales de este deterioro son el aumento de las listas de espera y la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales. Más allá de los escasos datos maquillados que ofrece la Consejería de Salud –cuando los ofrece–, la realidad diaria más inmediata de los centros sanitarios son demoras que superan los plazos establecidos para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, y un “baile” incesante de pacientes entre los médicos de Atención Primaria como consecuencia de no sustituir sistemáticamente las ausencias. Empieza a recordar esta situación a la de los años 80 y 90, cuando la gente tenía que hacer gestiones especiales del tipo “¿conoces a alguien…?” para intentar que la consulta, la prueba o la operación se realizasen en un tiempo razonable; y si no tenía éxito, intentar la vía de la puerta de Urgencias del hospital. Si éstas vuelven desde hace unos años a saturarse –y más en invierno– es porque vuelven a ser la única vía que les queda a los pacientes que esperan más de lo prudente para esa consulta especializada, o esa prueba, o esa intervención.
Esta es la foto de unos servicios sanitarios incapaces y desbordados para atender a una población que, por otra parte, ni ha aumentado, ni hay datos de mayor morbilidad.
¿Cuáles han sido las causas de este desbordamiento? ¿Qué está pasando?
Lo que sí se ha constatado es una disminución del presupuesto, traducido en una disminución de personal, a lo que ha seguido, como era de esperar, la de la actividad asistencial. Han disminuido los contratos y las horas de contrato en los eventuales –parcialmente restablecida recientemente-, que no han sido compensados por el aumento generalizado de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral semanal. La disminución de retribuciones por actividades adicionales como jornadas de tarde, o para equipos de cirugía móviles que acudían a operar pacientes en lista de espera a otros hospitales, ha tenido su correlato en la disminución de la actividad asistencial. Cuando un sistema mantiene un nivel de actividad sustentado en parte en retribuciones adicionales, es totalmente esperable que al desaparecer éstas caiga esa actividad.
Además de estos elementos, otros factores, a nuestro modo de ver, han empeorado la salud del propio sistema.
Uno de ellos ha sido, y sigue siendo, la obstinada negación de la Junta de Andalucía en reconocer estos recortes; esto ha impedido tomar medidas coherentes para minimizar sus consecuencias. Los máximos responsables de la Consejería de Salud intentaron vender a la opinión pública que con el impulso de la gestión clínica y con una nueva política de compras conseguirían ahorros suficientes para no afectar la asistencia a los pacientes.
En realidad, todo ha consistido en reducir año tras año el presupuesto: de 9.827 millones en 2009 a 8.459 millones en 2015; de un gasto por habitante de 1.183,50 euros en 2009 a 976,51 en 2014, el más bajo de España.
Sin embargo se repite, año tras año, a los directivos de los centrosesta consigna: “Este es tu presupuesto; no hay ni habrá más. Estos son los objetivos, que no se discuten. Trasládalos a tus Unidades de gestión clínica y apáñatelas como puedas; y sin bronca que transcienda a los medios”.
Ante este panorama presupuestario no queda más que trasladar a los directivos de los hospitales y distritos de Atención Primaria la presión para intentar mantener la actividad asistencial como sea, y éstos a su vez a las distintas Unidades de gestión clínica. Pero no se trata de “este” año difícil en el que hay que hacer más esfuerzos para salvarlo; no es una carrera de obstáculos de media distancia,sino una maratón que dura ya 8 años, y hay que actuar en consecuencia.
Las consecuencias de esta política de ocultación de la realidad podemos verla en dos áreas: la planificación hospitalaria y la gestión de las propias Unidades de gestión clínica.
La planificación hospitalaria
En estos momentos hay una serie de CHARES (Centros Hospitalarios de Alta Resolución), hospitales pequeños, para asistencia especializada básica ambulatoria y hospitalizaciones de corta estancia, que la Junta fue prometiendo y construyendo, repartidos por todo el territorio. La ubicación de esos centros ha dependido más de intereses clientelares y electorales que de una verdadera planificación. Hay que reconocer que no siempre fue así: en 1984 la Consejería de Salud sí hizo pública la Situación y futuro de la red hospitalaria de Andalucía, que es como tituló el texto que editó con su respectivo ISBN. Eran otros tiempos.
Cabe pensar que desde hace muchos años se abandonó la planificación porque nunca se sabe si dentro de seis meses va a saltar una “necesidad política” (que no de salud) en algún sitio y hay que prometer un CHARE, un nuevo centro de salud, algo.
La situación actual es una red de CHARES acabados o a medio acabar, más o menos equipados, con o sin accesos, con o sin acometidas de suministros básicos; incluso hay alguno abierto más simbólica que realmente. Se desconoce cuáles son las posibilidades y previsiones de puesta en marcha de la consejería para esta legislatura, y cuál sería la cartera de servicios con que iniciarían su funcionamiento, y en qué plazo se iría completando.
Hay además otros hospitales que sustituirán a otros más antiguos, como los de Ronda y La Línea de la Concepción. Hay ampliaciones pendientes como la del Materno-infantil de Almería o la del hospital de Marbella. Hay promesas que ya no son creíbles, como la del nuevo gran hospital de Málaga, o el nuevo hospital de Cádiz, o la del antiguo hospital militar de Sevilla.
¿Por qué la consejería no dice –sin ocultar la verdad– cuál es la situación real, cuáles son sus planes y prioridades para poner en marcha estos centros? ¿Es que no puede reconocer que las cuentas no salen para acabar estas inversiones y arrancar y mantenerlo en funcionamiento? La asistencia especializada que estaba previsto facilitar a los pacientes en Lepe, Cártama, Vejer, Lebrija, etc., se está prestando ahora en otros centros. ¿Cómo afectará a estos centros la puesta en marcha de los primeros? ¿Cómo va a ser la selección de personal para los nuevos centros, más allá de “según la normativa vigente”?
Otro aspecto relacionado con la planificación hospitalaria es el de las fusiones de hospitales, que se anunciaron como medida de ahorro y de mejora en 2013. Hasta ahora sólo tienen soporte normativo las de Granada y Huelva, mediante sendas Órdenes de la Consejería de Salud de finales de 2014, año y medio después de anunciarlas. Recientemente un juzgado ha declarado nulas las actuaciones para la fusión realizadas en Huelva con anterioridad a la publicación de la orden correspondiente. Además de actuar sin un mínimo plan director, la Administración ha actuado arbitrariamente, sin amparo legal. ¿Alguien rendirá cuentas de esta falta de rigor? La incertidumbre de los profesionales y tensiones laborales propiciadas por la ausencia de un plan de fusión es otra prueba de los modos de hacer de la Consejería de Salud. Improvisación para salir del paso, que mañana será otro día. ¿Desiste definitivamente la consejería de las fusiones de los hospitales de Sevilla y Málaga? ¿Se quedarán en una fusión de Unidades de gestión clínica? ¿Cuáles? ¿Cómo se hará? ¿En qué mejorará la asistencia a los pacientes?
Las Unidades de Gestión Clínica o UGC
Hablar de gestión clínica es como hablar de calidad de los servicios sanitarios. La respuesta será distinta según el colectivo (pacientes, profesionales, gestores, políticos). En el caso de la gestión clínica puede pensarse que los pacientes son los que la sienten más ajena. Al fin y al cabo, se supone que lo que ellos desean es que se les atienda pronto y bien, y que mejore su estado de salud. Tal vez les da igual si el hospital se organiza en UGC, en servicios médicos por especialidades o en Unidades de cuidados de enfermería. O que en su centro de salud haya un EBAP (Equipo Básico de Atención Primaria) o una UGC de Atención Primaria. Ahora bien, si las consecuencias de esa organización tienen repercusión en su asistencia, sí les importará.
Esta forma organizativa pretende implicar a los profesionales sanitarios en la gestión de los recursos que ellos mismos utilizan. Después de años (década de los 80) de intentar trasladar a las organizaciones sanitarias públicas conceptos y técnicas de la empresa privada, se empezó a reconocer que el mayor determinante del gasto sanitario era el médico recetando medicamentos, pidiendo pruebas, indicando procedimientos quirúrgicos y utilizando la alta tecnología. Así que se buscó con la yuxtaposición de las dos palabras, “gestión” y “clínica”, otro enfoque: como los médicos no se impliquen también en las consecuencias de su práctica clínica en el gasto, el incremento de éste será insostenible para el Estado.
Buscando una definición de consenso podría decirse que la gestión clínica pretende incorporar a los profesionales sanitarios –en realidad se estaba pensando en los médicos, pero hubo que incorporar en el diseño a las enfermeras y al resto del personal– a la gestión de los recursos que ellos mismos utilizaban, con el objetivo de mejorar la organización del trabajo, dándoles más autonomía y continuidad asistencial (esto es, que el recorrido del paciente por los servicios sea ágil, con el apoyo en una historia clínica electrónica única accesible desde cualquier punto de asistencia). En teoría todos ganarían: la Administración, en la contención del incremento del gasto; los gestores, con nuevas formas organizativas que les permitiesen evitar a jefes de servicio vitalicios poco colaboradores en la introducción de innovaciones clínicas y organizativas; los profesionales sanitarios, en autonomía en la organización de su trabajo, y en posibilidades de promoción profesional; y los pacientes, que estarían más satisfechos porque todo funcionaría mejor.
En Andalucía el Servicio Andaluz de Salud, SAS, intentó ponerlas en marcha hacia el año 2000. Sin embargo fue cuando la retribución variable (como productividad) del personal alcanzó cifras importantes, a partir de 2006, cuando se generalizaron. En 2007, un decreto de la Junta obligó a todos los Equipos de Atención Primaria a constituirse en UGC. En hospitales sigue sin haber norma legal que las regule.
Esta es la teoría.
Creemos que la realidad actual en las UGC se parece más a lo que viene a continuación.
El presupuesto anual de gastos se distribuye básicamente en dos o tres grandes partidas. Si es un hospital, en gastos de personal (capítulo 1) y gastos en compra de bienes y servicios (capítulo 2), que incluye los medicamentos. Si es un distrito de Atención Primaria, se añade el gasto en recetas (capítulo 4, medicamentos dispensados en oficinas de farmacia). Las inversiones (capítulo 6), escasas en los últimos años, se deciden a nivel central.
En los últimos años, el presupuesto, además de seguir siendo insuficiente, ha sido menor que el del año anterior. La minoración se ha hecho sin demasiados matices, aplicando el porcentaje de recortes decidido a cada centro: % menos en personal, % menos en capítulo 2, sólo un incremento del % en recetas,… y así año tras año, un poco menos a todos, con independencia de la situación de partida o de la necesidad.
Así que bajo el principio de “este es tu presupuesto, y no hay ni habrá más”, se establecen los objetivos más importantes para los centros (hospitales, distritos), cuyos gerentes trasladan a cada UGC y el director de cada Unidad a sus profesionales, y los profesionales traducen a los pacientes las limitaciones del sistema, intentando explicar las demoras, los medicamentos no financiados, las ausencias de compañeros no sustituidos, la falta de material clínico… como consecuencia de la disminución del presupuesto.
Además de los objetivos de gasto hay otros que proceden del contrato-programa entre la Consejería y el SAS, que de la misma forma se da traslado a cada hospital y distrito, cuyo gerente debe firmarlo e irse con él debajo del brazo para que se lo firmen los directores de sus UGC. En realidad son contratos de adhesión.
No nos corresponde cuestionar la pertinencia u oportunidad de los objetivos, pero sí hemos de recordar que durante varios años apareció como “objetivo estratégico específico” “impulsar una actitud proactiva, articulada y planificada de los centros del SAS con respecto a los medios de comunicación social”, y cuyo indicador era generar un número concreto de noticias positivas al mes para el gabinete de prensa de la consejería; otro consistió en poner en marcha una comisión de participación ciudadana en la que los representantes de la ciudadanía eran designados por el propio SAS por sorteo de la base de datos de usuarios del SAS; había que reunirse una vez al año para explicar a estos representantes los objetivos del contrato-programa de la UGC y los logros. Es fácil imaginar que el grado de implicación y activismo de estos ciudadanos para con la fiscalización de dicho contrato-programa era tan arbitrario como lo era la forma de su designación.
Según el grado de cumplimiento de estos objetivos, a los profesionales se les abona una cantidad económica como productividad. La evaluación del cumplimiento de muchos de estos objetivos (los que no son económicos ni los de farmacia) no se sustenta en sistemas de información sólidos y autónomos del declarante, que es el propio director de la UGC en muchas ocasiones.
En promedio, en 2008 alcanzar los objetivos podía suponer 8.000 euros para un médico, 4.000 para una enfermera y 14.000 para el director de la UGC. Los recortes también han llegado aquí; ahora se está alrededor de los 6.000, 2.800 y 9.000 euros respectivamente.
Creemos que uno de los problemas de las UGC es la falta de credibilidad en que han caído ante los profesionales: por un lado, por la forma de establecer los objetivos, unidireccional desde arriba, un contrato-programa de adhesión obligada; por otra, la falta de realismo: si el presupuesto del SAS es irreal por insuficiente, los objetivos económicos de las UGC son increíbles; además estaba el éxito sí o sí que la Consejería y el SAS exigían al modelo de UGC, ya que fueron declaradas garantes de la ausencia de recortes, y en Andalucía la doctrina oficial era que en la sanidad pública, blindada por la Junta, no había recortes.
Es legítimo y obligado que un gobierno intente establecer objetivos que orienten la acción de los servicios públicos a la satisfacción del interés general, en el marco del presupuesto aprobado por el Parlamento. No estamos abogando por la vuelta al sistema de jefaturas de departamento, servicio y sección según especialidades médicas de hace cincuenta años. Lo que criticamos y lamentamos es el descrédito en que se ha dejado caer a esta forma de organizar los centros. Si a los problemas estructurales de presupuestos no creíbles e imposición de objetivos, se añade la falta de regulación que lleva a improvisaciones y vaivenes en el nombramiento de sus directores, la falta de transparencia en la evaluación del desempeño de sus miembros por esos directores, y utilizaciones coyunturales vinculadas a fusiones hospitalarias no explicadas, la desafección de los profesionales es inevitable.
Qué proponemos
En primer lugar, y como principio, dejar de ocultar la realidad a los profesionales y los ciudadanos. No podrán corregirse los problemas si no se reconocen y se analizan. El déficit crónico de transparencia es el primer lastre a dejar para salir del pozo en que se ha dejado caer a nuestro sistema sanitario público.
Habría que auditar de urgencia el estado del sistema sanitario para identificar las áreas críticas que ya están afectando o amenazan con afectar a la asistencia a los pacientes, y elaborar un plan de legislatura, tanto estratégico como de actuaciones a corto plazo. Probablemente en este plan se identifiquen necesidadescomo:
* Corregir dotaciones de personal por debajo de mínimos razonables, en centros de Atención Primaria, servicios de Urgencias y unidades de hospitalización concretas. Incluso antes que por mejorar las condiciones de trabajo del personal, por la seguridad clínica de los pacientes.
* Contar cómo están las listas de espera sin trucos estadísticos ni suspensiones temporales administrativas. Gestionarlas con criterios clínicos.
* Recuperar la afección de los profesionales al sistema público. Reconducir las UGC, tanto de Atención Primaria como de hospitales.
* No ocultar la realidad presupuestaria. (Otra cuestión es la priorización del gasto entre las consejerías de la Junta).
* Plantear objetivos centrados en lo importante, no en lo mediático, con criterios clínicos, intentando responder a la pregunta “¿en qué se benefician los pacientes?”, y de Salud Pública, para disminuir las desigualdades en la atención sanitaria, e intentar revertir la “ley de cuidados inversos” atendiendo más a los que más lo necesitan.
* Participación real de la ciudadanía. Si lo que está previsto en las normas no es viable, buscar con seriedad alternativas.
* Planificación realista de servicios hospitalarios, iniciando de forma urgente una auditoría.
* Revisión de los sistemas organizativos desarrollados en paralelo (SAS y Agencias Empresariales Sanitarias) y de lasexternalizaciones de servicios (conciertos para asistencia sanitaria, etc.).
* Hay que aumentar el presupuesto público en salud, progresivamente y en cantidades significativas, para ir acercándonos a la media estatal. No es un éxito haber alcanzado el gasto más bajo por habitante de España.
Finalmente, no podemos dejar de recordar que las desigualdades en salud tienen causas más profundas en desigualdades socialesante las que el sistema sanitario sirve de amortiguador pero no de solución. Disminuir la brecha acrecentada en los últimos años debe ser el objetivo de la política que se hace para la gente.
Las consecuencias de la crisis y de las políticas de recortes en gasto social de los Gobiernos del PP en España, y del PSOE en Andalucía, han aumentado las desigualdades sociales como vienen constatando numerosos estudios; y en Andalucía, más que en el conjunto de España, como ha señalado elúltimo Informe Foessa. Los indicadores sobre exclusión social evolucionan peor en Andalucía que en el resto de España, sea el gasto medio del hogar, el desempleo de larga y muy larga duración, las dificultades para llegar a fin de mes, o la situación de exclusión y exclusión severa. Son los ámbitos de empleo, vivienda y salud los que más contribuyen a este incremento de la fractura social. Una comunidad en la que el desempleo, el riesgo de pobreza y exclusión social han cobrado una dimensión de emergencia social.
Es en situaciones sociales como la de Andalucía donde cobra especial relevancia un sistema sanitario como elemento de equidad y cohesión social, capaz de dar respuestas a las necesidades sanitarias de toda la población independientemente de su nivel de renta. Sin embargo, la realidad es que empiezan a detectarse señales preocupantes de su deterioro, de su desmantelamiento.
Las primeras señales de este deterioro son el aumento de las listas de espera y la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales. Más allá de los escasos datos maquillados que ofrece la Consejería de Salud –cuando los ofrece–, la realidad diaria más inmediata de los centros sanitarios son demoras que superan los plazos establecidos para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, y un “baile” incesante de pacientes entre los médicos de Atención Primaria como consecuencia de no sustituir sistemáticamente las ausencias. Empieza a recordar esta situación a la de los años 80 y 90, cuando la gente tenía que hacer gestiones especiales del tipo “¿conoces a alguien…?” para intentar que la consulta, la prueba o la operación se realizasen en un tiempo razonable; y si no tenía éxito, intentar la vía de la puerta de Urgencias del hospital. Si éstas vuelven desde hace unos años a saturarse –y más en invierno– es porque vuelven a ser la única vía que les queda a los pacientes que esperan más de lo prudente para esa consulta especializada, o esa prueba, o esa intervención.
Esta es la foto de unos servicios sanitarios incapaces y desbordados para atender a una población que, por otra parte, ni ha aumentado, ni hay datos de mayor morbilidad.
¿Cuáles han sido las causas de este desbordamiento? ¿Qué está pasando?
Lo que sí se ha constatado es una disminución del presupuesto, traducido en una disminución de personal, a lo que ha seguido, como era de esperar, la de la actividad asistencial. Han disminuido los contratos y las horas de contrato en los eventuales –parcialmente restablecida recientemente-, que no han sido compensados por el aumento generalizado de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral semanal. La disminución de retribuciones por actividades adicionales como jornadas de tarde, o para equipos de cirugía móviles que acudían a operar pacientes en lista de espera a otros hospitales, ha tenido su correlato en la disminución de la actividad asistencial. Cuando un sistema mantiene un nivel de actividad sustentado en parte en retribuciones adicionales, es totalmente esperable que al desaparecer éstas caiga esa actividad.
Además de estos elementos, otros factores, a nuestro modo de ver, han empeorado la salud del propio sistema.
Uno de ellos ha sido, y sigue siendo, la obstinada negación de la Junta de Andalucía en reconocer estos recortes; esto ha impedido tomar medidas coherentes para minimizar sus consecuencias. Los máximos responsables de la Consejería de Salud intentaron vender a la opinión pública que con el impulso de la gestión clínica y con una nueva política de compras conseguirían ahorros suficientes para no afectar la asistencia a los pacientes.
En realidad, todo ha consistido en reducir año tras año el presupuesto: de 9.827 millones en 2009 a 8.459 millones en 2015; de un gasto por habitante de 1.183,50 euros en 2009 a 976,51 en 2014, el más bajo de España.
Sin embargo se repite, año tras año, a los directivos de los centrosesta consigna: “Este es tu presupuesto; no hay ni habrá más. Estos son los objetivos, que no se discuten. Trasládalos a tus Unidades de gestión clínica y apáñatelas como puedas; y sin bronca que transcienda a los medios”.
Ante este panorama presupuestario no queda más que trasladar a los directivos de los hospitales y distritos de Atención Primaria la presión para intentar mantener la actividad asistencial como sea, y éstos a su vez a las distintas Unidades de gestión clínica. Pero no se trata de “este” año difícil en el que hay que hacer más esfuerzos para salvarlo; no es una carrera de obstáculos de media distancia,sino una maratón que dura ya 8 años, y hay que actuar en consecuencia.
Las consecuencias de esta política de ocultación de la realidad podemos verla en dos áreas: la planificación hospitalaria y la gestión de las propias Unidades de gestión clínica.
La planificación hospitalaria
En estos momentos hay una serie de CHARES (Centros Hospitalarios de Alta Resolución), hospitales pequeños, para asistencia especializada básica ambulatoria y hospitalizaciones de corta estancia, que la Junta fue prometiendo y construyendo, repartidos por todo el territorio. La ubicación de esos centros ha dependido más de intereses clientelares y electorales que de una verdadera planificación. Hay que reconocer que no siempre fue así: en 1984 la Consejería de Salud sí hizo pública la Situación y futuro de la red hospitalaria de Andalucía, que es como tituló el texto que editó con su respectivo ISBN. Eran otros tiempos.
Cabe pensar que desde hace muchos años se abandonó la planificación porque nunca se sabe si dentro de seis meses va a saltar una “necesidad política” (que no de salud) en algún sitio y hay que prometer un CHARE, un nuevo centro de salud, algo.
La situación actual es una red de CHARES acabados o a medio acabar, más o menos equipados, con o sin accesos, con o sin acometidas de suministros básicos; incluso hay alguno abierto más simbólica que realmente. Se desconoce cuáles son las posibilidades y previsiones de puesta en marcha de la consejería para esta legislatura, y cuál sería la cartera de servicios con que iniciarían su funcionamiento, y en qué plazo se iría completando.
Hay además otros hospitales que sustituirán a otros más antiguos, como los de Ronda y La Línea de la Concepción. Hay ampliaciones pendientes como la del Materno-infantil de Almería o la del hospital de Marbella. Hay promesas que ya no son creíbles, como la del nuevo gran hospital de Málaga, o el nuevo hospital de Cádiz, o la del antiguo hospital militar de Sevilla.
¿Por qué la consejería no dice –sin ocultar la verdad– cuál es la situación real, cuáles son sus planes y prioridades para poner en marcha estos centros? ¿Es que no puede reconocer que las cuentas no salen para acabar estas inversiones y arrancar y mantenerlo en funcionamiento? La asistencia especializada que estaba previsto facilitar a los pacientes en Lepe, Cártama, Vejer, Lebrija, etc., se está prestando ahora en otros centros. ¿Cómo afectará a estos centros la puesta en marcha de los primeros? ¿Cómo va a ser la selección de personal para los nuevos centros, más allá de “según la normativa vigente”?
Otro aspecto relacionado con la planificación hospitalaria es el de las fusiones de hospitales, que se anunciaron como medida de ahorro y de mejora en 2013. Hasta ahora sólo tienen soporte normativo las de Granada y Huelva, mediante sendas Órdenes de la Consejería de Salud de finales de 2014, año y medio después de anunciarlas. Recientemente un juzgado ha declarado nulas las actuaciones para la fusión realizadas en Huelva con anterioridad a la publicación de la orden correspondiente. Además de actuar sin un mínimo plan director, la Administración ha actuado arbitrariamente, sin amparo legal. ¿Alguien rendirá cuentas de esta falta de rigor? La incertidumbre de los profesionales y tensiones laborales propiciadas por la ausencia de un plan de fusión es otra prueba de los modos de hacer de la Consejería de Salud. Improvisación para salir del paso, que mañana será otro día. ¿Desiste definitivamente la consejería de las fusiones de los hospitales de Sevilla y Málaga? ¿Se quedarán en una fusión de Unidades de gestión clínica? ¿Cuáles? ¿Cómo se hará? ¿En qué mejorará la asistencia a los pacientes?
Las Unidades de Gestión Clínica o UGC
Hablar de gestión clínica es como hablar de calidad de los servicios sanitarios. La respuesta será distinta según el colectivo (pacientes, profesionales, gestores, políticos). En el caso de la gestión clínica puede pensarse que los pacientes son los que la sienten más ajena. Al fin y al cabo, se supone que lo que ellos desean es que se les atienda pronto y bien, y que mejore su estado de salud. Tal vez les da igual si el hospital se organiza en UGC, en servicios médicos por especialidades o en Unidades de cuidados de enfermería. O que en su centro de salud haya un EBAP (Equipo Básico de Atención Primaria) o una UGC de Atención Primaria. Ahora bien, si las consecuencias de esa organización tienen repercusión en su asistencia, sí les importará.
Esta forma organizativa pretende implicar a los profesionales sanitarios en la gestión de los recursos que ellos mismos utilizan. Después de años (década de los 80) de intentar trasladar a las organizaciones sanitarias públicas conceptos y técnicas de la empresa privada, se empezó a reconocer que el mayor determinante del gasto sanitario era el médico recetando medicamentos, pidiendo pruebas, indicando procedimientos quirúrgicos y utilizando la alta tecnología. Así que se buscó con la yuxtaposición de las dos palabras, “gestión” y “clínica”, otro enfoque: como los médicos no se impliquen también en las consecuencias de su práctica clínica en el gasto, el incremento de éste será insostenible para el Estado.
Buscando una definición de consenso podría decirse que la gestión clínica pretende incorporar a los profesionales sanitarios –en realidad se estaba pensando en los médicos, pero hubo que incorporar en el diseño a las enfermeras y al resto del personal– a la gestión de los recursos que ellos mismos utilizaban, con el objetivo de mejorar la organización del trabajo, dándoles más autonomía y continuidad asistencial (esto es, que el recorrido del paciente por los servicios sea ágil, con el apoyo en una historia clínica electrónica única accesible desde cualquier punto de asistencia). En teoría todos ganarían: la Administración, en la contención del incremento del gasto; los gestores, con nuevas formas organizativas que les permitiesen evitar a jefes de servicio vitalicios poco colaboradores en la introducción de innovaciones clínicas y organizativas; los profesionales sanitarios, en autonomía en la organización de su trabajo, y en posibilidades de promoción profesional; y los pacientes, que estarían más satisfechos porque todo funcionaría mejor.
En Andalucía el Servicio Andaluz de Salud, SAS, intentó ponerlas en marcha hacia el año 2000. Sin embargo fue cuando la retribución variable (como productividad) del personal alcanzó cifras importantes, a partir de 2006, cuando se generalizaron. En 2007, un decreto de la Junta obligó a todos los Equipos de Atención Primaria a constituirse en UGC. En hospitales sigue sin haber norma legal que las regule.
Esta es la teoría.
Creemos que la realidad actual en las UGC se parece más a lo que viene a continuación.
El presupuesto anual de gastos se distribuye básicamente en dos o tres grandes partidas. Si es un hospital, en gastos de personal (capítulo 1) y gastos en compra de bienes y servicios (capítulo 2), que incluye los medicamentos. Si es un distrito de Atención Primaria, se añade el gasto en recetas (capítulo 4, medicamentos dispensados en oficinas de farmacia). Las inversiones (capítulo 6), escasas en los últimos años, se deciden a nivel central.
En los últimos años, el presupuesto, además de seguir siendo insuficiente, ha sido menor que el del año anterior. La minoración se ha hecho sin demasiados matices, aplicando el porcentaje de recortes decidido a cada centro: % menos en personal, % menos en capítulo 2, sólo un incremento del % en recetas,… y así año tras año, un poco menos a todos, con independencia de la situación de partida o de la necesidad.
Así que bajo el principio de “este es tu presupuesto, y no hay ni habrá más”, se establecen los objetivos más importantes para los centros (hospitales, distritos), cuyos gerentes trasladan a cada UGC y el director de cada Unidad a sus profesionales, y los profesionales traducen a los pacientes las limitaciones del sistema, intentando explicar las demoras, los medicamentos no financiados, las ausencias de compañeros no sustituidos, la falta de material clínico… como consecuencia de la disminución del presupuesto.
Además de los objetivos de gasto hay otros que proceden del contrato-programa entre la Consejería y el SAS, que de la misma forma se da traslado a cada hospital y distrito, cuyo gerente debe firmarlo e irse con él debajo del brazo para que se lo firmen los directores de sus UGC. En realidad son contratos de adhesión.
No nos corresponde cuestionar la pertinencia u oportunidad de los objetivos, pero sí hemos de recordar que durante varios años apareció como “objetivo estratégico específico” “impulsar una actitud proactiva, articulada y planificada de los centros del SAS con respecto a los medios de comunicación social”, y cuyo indicador era generar un número concreto de noticias positivas al mes para el gabinete de prensa de la consejería; otro consistió en poner en marcha una comisión de participación ciudadana en la que los representantes de la ciudadanía eran designados por el propio SAS por sorteo de la base de datos de usuarios del SAS; había que reunirse una vez al año para explicar a estos representantes los objetivos del contrato-programa de la UGC y los logros. Es fácil imaginar que el grado de implicación y activismo de estos ciudadanos para con la fiscalización de dicho contrato-programa era tan arbitrario como lo era la forma de su designación.
Según el grado de cumplimiento de estos objetivos, a los profesionales se les abona una cantidad económica como productividad. La evaluación del cumplimiento de muchos de estos objetivos (los que no son económicos ni los de farmacia) no se sustenta en sistemas de información sólidos y autónomos del declarante, que es el propio director de la UGC en muchas ocasiones.
En promedio, en 2008 alcanzar los objetivos podía suponer 8.000 euros para un médico, 4.000 para una enfermera y 14.000 para el director de la UGC. Los recortes también han llegado aquí; ahora se está alrededor de los 6.000, 2.800 y 9.000 euros respectivamente.
Creemos que uno de los problemas de las UGC es la falta de credibilidad en que han caído ante los profesionales: por un lado, por la forma de establecer los objetivos, unidireccional desde arriba, un contrato-programa de adhesión obligada; por otra, la falta de realismo: si el presupuesto del SAS es irreal por insuficiente, los objetivos económicos de las UGC son increíbles; además estaba el éxito sí o sí que la Consejería y el SAS exigían al modelo de UGC, ya que fueron declaradas garantes de la ausencia de recortes, y en Andalucía la doctrina oficial era que en la sanidad pública, blindada por la Junta, no había recortes.
Es legítimo y obligado que un gobierno intente establecer objetivos que orienten la acción de los servicios públicos a la satisfacción del interés general, en el marco del presupuesto aprobado por el Parlamento. No estamos abogando por la vuelta al sistema de jefaturas de departamento, servicio y sección según especialidades médicas de hace cincuenta años. Lo que criticamos y lamentamos es el descrédito en que se ha dejado caer a esta forma de organizar los centros. Si a los problemas estructurales de presupuestos no creíbles e imposición de objetivos, se añade la falta de regulación que lleva a improvisaciones y vaivenes en el nombramiento de sus directores, la falta de transparencia en la evaluación del desempeño de sus miembros por esos directores, y utilizaciones coyunturales vinculadas a fusiones hospitalarias no explicadas, la desafección de los profesionales es inevitable.
Qué proponemos
En primer lugar, y como principio, dejar de ocultar la realidad a los profesionales y los ciudadanos. No podrán corregirse los problemas si no se reconocen y se analizan. El déficit crónico de transparencia es el primer lastre a dejar para salir del pozo en que se ha dejado caer a nuestro sistema sanitario público.
Habría que auditar de urgencia el estado del sistema sanitario para identificar las áreas críticas que ya están afectando o amenazan con afectar a la asistencia a los pacientes, y elaborar un plan de legislatura, tanto estratégico como de actuaciones a corto plazo. Probablemente en este plan se identifiquen necesidadescomo:
* Corregir dotaciones de personal por debajo de mínimos razonables, en centros de Atención Primaria, servicios de Urgencias y unidades de hospitalización concretas. Incluso antes que por mejorar las condiciones de trabajo del personal, por la seguridad clínica de los pacientes.
* Contar cómo están las listas de espera sin trucos estadísticos ni suspensiones temporales administrativas. Gestionarlas con criterios clínicos.
* Recuperar la afección de los profesionales al sistema público. Reconducir las UGC, tanto de Atención Primaria como de hospitales.
* No ocultar la realidad presupuestaria. (Otra cuestión es la priorización del gasto entre las consejerías de la Junta).
* Plantear objetivos centrados en lo importante, no en lo mediático, con criterios clínicos, intentando responder a la pregunta “¿en qué se benefician los pacientes?”, y de Salud Pública, para disminuir las desigualdades en la atención sanitaria, e intentar revertir la “ley de cuidados inversos” atendiendo más a los que más lo necesitan.
* Participación real de la ciudadanía. Si lo que está previsto en las normas no es viable, buscar con seriedad alternativas.
* Planificación realista de servicios hospitalarios, iniciando de forma urgente una auditoría.
* Revisión de los sistemas organizativos desarrollados en paralelo (SAS y Agencias Empresariales Sanitarias) y de lasexternalizaciones de servicios (conciertos para asistencia sanitaria, etc.).
* Hay que aumentar el presupuesto público en salud, progresivamente y en cantidades significativas, para ir acercándonos a la media estatal. No es un éxito haber alcanzado el gasto más bajo por habitante de España.
Finalmente, no podemos dejar de recordar que las desigualdades en salud tienen causas más profundas en desigualdades socialesante las que el sistema sanitario sirve de amortiguador pero no de solución. Disminuir la brecha acrecentada en los últimos años debe ser el objetivo de la política que se hace para la gente.
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Juan Antonio Gil de los Santos. Portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Economista.
Gustavo Laguardia. Médico
Gustavo Laguardia. Médico
EL BRAZO CORRUPTO DE LOS CIUDADANO's INCORRUPTOS
Los tres concejales de Jaen del incorrupto partido Ciudadanos que sostiene a la corrupta DIAZ,a la que ni aguanta Felipe el Jefe de los GAL,que se han pasado al PP.
Lo mismo que hace Rivera que quería apoyar a Rajoy,pero que el supercorrupto gay que nos gobierna no permite.
sábado, 13 de febrero de 2016
SUSANA CUMPLE ORDENES DE LA IGLESIA Y LA BASE DE ROTA
El Parlamento votó una proposición de Podemos para recuperar parte del patrimonio y PP votó en contra mientras PSOE y Ciudadanos se abstuvieron
El PSOE impide que la Junta de Andalucía reclame las inmatriculaciones de la Iglesia
InfoLibre
Los socialistas alegan que es competencia del Gobierno central y desde Podemos lo desmienten y les recuerdan que País Vasco, Navarra y Aragón ya han elaborado ese listado.El Parlamento de Andalucía rechazó este jueves que el Gobierno regional elabore un listado con todos aquellos bienes de los que se ha apropiado la Iglesia desde el año 1978. Tumbaron esta propuesta de Podemos el voto en contra del PP y las abstenciones de PSOE y Ciudadanos. Los cinco diputados de IU sí apoyaron esta petición, que además del registro pretendía que la Junta reclamase aquellas propiedades que la Iglesia se atribuyó sin la debida justificación.
Los socialistas alegaron la dificultad de contabilizar el enorme Patrimonio histórico y cultural de la región: "Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos", expresó la diputada Soledad Pérez.
Según informa El País, desde Podemos, Lucía Ayala recordó que su partido había negociado con el PSOE pedir esta tarea al Gobierno de Rajoy y, que si no obtenían respuesta pasado un mes, sería la Junta la que tomaría la iniciativa. Podemos subrayó además que no es esta una competencia exclusiva del Gobierno del Estado ya que País Vasco, Aragón y Navarra han elaborado ya estos listados, en todos los casos contando con el apoyo del PSOE.
Los socialistas tampoco quieren que se contabilicen las apropiaciones desde 1978 sino desde 1998, año en el que Aznar permitió a los obispos que se quedaran también con los templos de culto. A raíz de entonces, dicen, se produjeron la mayoría de inmatriculaciones. Sin embargo, Podemos proponía ampliar el registro a toda la etapa democrática porque fue una ley franquista la que convirtió a los obispos en funcionarios del Estado y les atribuyó la posibilidad de inscribir a su nombre cualquier propiedad, sin necesidad de contar con el visto bueno de un notario.
"El PSOE se convierte en cómplice del enorme expolio"
Desde la plataforma Mezquita-Catedral: patrimonio de todos criticaron que, con su abstención, "el PSOE traiciona su compromiso expreso reiterado por su presidenta, Susana Díaz, de defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y se desmarca de su propio programa electoral, reclamaba 'la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material'".
De hecho, recordaron que la propuesta rechazada estaba redactada "en idénticos términos a la presentada en mayo por su propio partido ante el Congreso". "La Junta de Andalucía deberá explicar por qué defiende con firmeza el interés general cuando es oposición y a una entidad privada, como la Iglesia católica, cuando tiene responsabilidades de gobierno", añadió el colectivo.
Para esta plataforma "el PSOE de Andalucía se convierte en cómplice del enorme expolio perpetrado por la Iglesia al amparo de una ley claramente inconstitucional" que le ha permitido, entre otras cosas, adueñarse de la Mezquita de Córdoba.
Los socialistas alegaron la dificultad de contabilizar el enorme Patrimonio histórico y cultural de la región: "Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos", expresó la diputada Soledad Pérez.
Según informa El País, desde Podemos, Lucía Ayala recordó que su partido había negociado con el PSOE pedir esta tarea al Gobierno de Rajoy y, que si no obtenían respuesta pasado un mes, sería la Junta la que tomaría la iniciativa. Podemos subrayó además que no es esta una competencia exclusiva del Gobierno del Estado ya que País Vasco, Aragón y Navarra han elaborado ya estos listados, en todos los casos contando con el apoyo del PSOE.
Los socialistas tampoco quieren que se contabilicen las apropiaciones desde 1978 sino desde 1998, año en el que Aznar permitió a los obispos que se quedaran también con los templos de culto. A raíz de entonces, dicen, se produjeron la mayoría de inmatriculaciones. Sin embargo, Podemos proponía ampliar el registro a toda la etapa democrática porque fue una ley franquista la que convirtió a los obispos en funcionarios del Estado y les atribuyó la posibilidad de inscribir a su nombre cualquier propiedad, sin necesidad de contar con el visto bueno de un notario.
"El PSOE se convierte en cómplice del enorme expolio"
Desde la plataforma Mezquita-Catedral: patrimonio de todos criticaron que, con su abstención, "el PSOE traiciona su compromiso expreso reiterado por su presidenta, Susana Díaz, de defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y se desmarca de su propio programa electoral, reclamaba 'la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material'".
De hecho, recordaron que la propuesta rechazada estaba redactada "en idénticos términos a la presentada en mayo por su propio partido ante el Congreso". "La Junta de Andalucía deberá explicar por qué defiende con firmeza el interés general cuando es oposición y a una entidad privada, como la Iglesia católica, cuando tiene responsabilidades de gobierno", añadió el colectivo.
Para esta plataforma "el PSOE de Andalucía se convierte en cómplice del enorme expolio perpetrado por la Iglesia al amparo de una ley claramente inconstitucional" que le ha permitido, entre otras cosas, adueñarse de la Mezquita de Córdoba.
SERA IMPUTADA,INVESTIGADA ,INTERROGADA O CHORIZA DE MIERDA
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación
CIAO SUZY,E SE NON TE VEDIAMO PIU,FELICE MORTE
¿Debe Susana Díaz competir con Pedro Sánchez?
Susana Díaz y Felipe González.
¿Debe Susana Díaz competir con Pedro Sánchez en el próximo congreso federal del PSOE? Según ha sostenido este miércoles Felipe González, la respuesta es no. Ahora bien: la respuesta es no hoy. El adverbio de tiempo es importante. Hace como un mes y medio la respuesta era sí. Y dentro de otro mes y medio la respuesta puede tanto ser sí como ser no.
Además de las externas, el Partido Socialista sufre lesiones internas cuya gravedad nadie discute, pero cuyo alcance final es incierto. Las lesiones internas son las peores porque no se ven a simple vista y eso hace muy difícil diagnosticar su evolución y prescribir su tratamiento.
Ninguno de los dos bandos en liza está dispuesto a olvidar el Comité Federal del pasado 28 de diciembre, donde se declararon oficialmente las hostilidades: los líderes territoriales, con Susana Díaz como ‘prima inter pares’, impusieron a su pretensión de formar Gobierno unas drásticas líneas rojas que rozaban la humillación del secretario general, tal vez no en tanto que secretario pero sí desde luego en tanto que general.
YO, MARIANO
Resumiendo mucho pero sin falsear nada, el mensaje principal de aquel Comité Federal fue ‘¡Cuidado con Podemos!’, y aunque inicialmente Ferraz parecía enrocada en no tomar nota del mismo, lo cierto es que lo hizo. No inmediatamente, pero lo hizo. Tuvo que transcurrir otro Comité Federal, en enero, todavía más complicado que el de diciembre y en el que a punto estuvo de saltar todo por los aires, para que finalmente Sánchez y los suyos reorientaran sus prioridades de negociación hacia Ciudadanos en detrimento de Podemos.
Ahora bien, con lo que no podía contar el doble bando del Partido Socialista, ni tampoco, de hecho, el bando único del Partido Popular, era con que Mariano Rajoy iba a convertir la indolencia que tantas veces se le ha atribuido en la piedra angular de su estrategia para ser investido presidente: Rajoy renunciaba sorpresivamente a su turno para intentarlo y cedía así todo el campo a Pedro Sánchez.
YO, PEDRO
No debió calcular el presidente, como tal vez tampoco los compañeros contrarios a Sánchez, que su joven adversario no se chupaba el dedo. ¿Conque Pedro el Breve, eh? Pues ahora verán: Sánchez se lanzó a una frenética pero bien dosificada carrera por la investidura que –hasta hoy: es importante subrayarlo– le está dando excelentes resultados, no necesariamente para ser presidente del Gobierno, que eso no podemos saberlo, pero sí para volver a ser secretario general (aunque no con César Luena como segundo), que eso sí lo podemos verlo. Sánchez no solo ha conseguido estar en el centro del tablero sin desgaste alguno, sino que ha obligado a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias a recomponer sus estrategias de negociación: el primero ha abandonado su indolencia y el segundo ha aparcado su soberbia.
Y lo mismo se ha visto obligada a hacer la nomenclatura socialista crítica, que ha dado un prudente paso atrás, ha dejado el terreno de juego y se ha subido a la tribuna preferente del graderío nacional para contemplar desde allí cómo se desenvuelve el chaval, ayer Pedrito, hoy Pedro y mañana puede que don Pedro. Para disgusto de algunos y sorpresa de todos, Sánchez está jugando bien los prometedores balones que el destino ha puesto, sonriente, a sus pies: muy bueno el entregado por Iglesias pero mucho mejor el de Rajoy, y no digamos los de la Guardia Civil.
YO, FELIPE
En estas circunstancias, la pregunta y la respuesta que Felipe González se hizo y se dio a sí mismo durante la entrevista en Canal Sur eran pertinentes. Y perspicaces. Felipe no ha perdido su instinto para adivinar lo que piensan muchos ciudadanos sin saber que lo están pensando: el talento de un líder consiste en descubrirle a la gente lo que piensa y lo que quiere antes de que ella misma lo sepa.
González no entró en explicaciones de por qué, si él fuera Susana Díaz, no se presentaría a la Secretaría General del PSOE ni a las elecciones generales, pero el hecho de verbalizar ese pensamiento es un triunfo para Sánchez. En política ocurre mucho lo que los lingüistas llaman función performativa del lenguaje, que se da cuando un enunciado no constata o describe algo, sino que hace algo. ‘Yo te bautizo’ sería un enunciado de este tipo. ‘Yo, Felipe González, hablo del PSOE’ sería otro.
YO, SUSANA
Al decir Felipe, en otro tiempo llamado ‘Dios’, que no es buena idea que Susana compita ahora por el liderazgo del PSOE, ha convertido de algún modo esa idea en realidad, en un hecho incontrovertible para muchos, muchísimos militantes socialistas.
A su vez, Susana Díaz sabe lo suficiente de su partido y lo bastante de la realidad como para considerar seriamente la trascendencia política y el alcance orgánico de la divina intervención de su ‘amigo Felipe’. Para considerarlos, claro está, hoy: con la que está cayendo, es importante subrayar el adverbio. Y es que, decididamente, la presidenta andaluza no tiene suerte con los adverbios.
viernes, 12 de febrero de 2016
GUARRROOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
CÁDIZ - INTOXICACIÓN MASIVA EN EL CARNAVAL
La falta de higiene y manipulación, origen de la intoxicación
Los análisis confirman que los bocadillos de tortilla causaron la salmonelosis, que ya afecta a 114 personas. "Los análisis han hallado niveles altísimos de bacterias, señala el delegado Manuel Herrera.
jueves, 11 de febrero de 2016
EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LAS RATAS
Soy el que soy
Soy del hampa de Valencia
y cazo titiriteros,
saco a ETA del trastero
y me imputan con frecuencia,
encadeno más sentencias
que el cártel de Sinaloa,
y en mi finca de Moncloa
estoy montando un fortín
por si Pablito y Pedrín
atacan desde Lisboa.
Spinela | @laespinela
y cazo titiriteros,
saco a ETA del trastero
y me imputan con frecuencia,
encadeno más sentencias
que el cártel de Sinaloa,
y en mi finca de Moncloa
estoy montando un fortín
por si Pablito y Pedrín
atacan desde Lisboa.
Spinela | @laespinela
RAJOY HACE LO MISMO Y NADIE LE HA DICHO NADA
Un empleado público del PP de Cádiz se pasa seis años cobrando sin trabajar
El juez condena al excontratado a devolver 30.000 euros al constatar que ni acudía al puesto
.
Seis años cobrando "sin realizar tarea alguna y sin acudir al puesto de trabajo". Esta ha sido la trayectoria laboral de un empleado público de Cádiz que ha puesto en evidencia una sentencia judicial que condena al ingeniero J. G. V., ya jubilado, a devolver 30.000 euros al Ayuntamiento por salarios percibidos de forma indebida.
El arranque de esta rocambolesca historia tiene su origen en la Diputación de Cádiz, donde el condenado fue empleado público (personal laboral) hasta pasar al Ayuntamiento. Aprovechando una encomienda de gestión (encargo entre entes públicos), el Gobierno local, en manos del PP durante todo el periodo, destina en 2004 a este supuesto trabajador, "muy conflictivo" según sus excompañeros, a la estación depuradora de San Fernando.
Las instalaciones estaban en ese momento en construcción y la tarea de J. G. V. era hacer un seguimiento de la obra, realizar inspecciones e informes periódicos de la misma y, una vez en marcha, hacer la supervisión de caudales y funcionamiento del servicio.
La ejecución de los trabajos incluyó una oficina de cristal, conocida como "la pecera" por los empleados, para el desempeño de la labor encomendada.MÁS INFORMACIÓN
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Seis años cobrando "sin realizar tarea alguna y sin acudir al puesto de trabajo". Esta ha sido la trayectoria laboral de un empleado público de Cádiz que ha puesto en evidencia una sentencia judicial que condena al ingeniero J. G. V., ya jubilado, a devolver 30.000 euros al Ayuntamiento por salarios percibidos de forma indebida.
El arranque de esta rocambolesca historia tiene su origen en la Diputación de Cádiz, donde el condenado fue empleado público (personal laboral) hasta pasar al Ayuntamiento. Aprovechando una encomienda de gestión (encargo entre entes públicos), el Gobierno local, en manos del PP durante todo el periodo, destina en 2004 a este supuesto trabajador, "muy conflictivo" según sus excompañeros, a la estación depuradora de San Fernando.
Las instalaciones estaban en ese momento en construcción y la tarea de J. G. V. era hacer un seguimiento de la obra, realizar inspecciones e informes periódicos de la misma y, una vez en marcha, hacer la supervisión de caudales y funcionamiento del servicio.
La ejecución de los trabajos incluyó una oficina de cristal, conocida como "la pecera" por los empleados, para el desempeño de la labor encomendada.MÁS INFORMACIÓN
En un último intento por dotar de contenido el puesto que ocupaba J. G. V., le reclamaron un informe sobre la gestión de la depuradora que el empleado solventó con dos escasos folios imprecisos y sin valor alguno.Pero la conflictividad del empleado no hizo más que generar problemas entre los dirigentes locales, que se cruzaron avisos sobre la situación y advertencias periódicas. "El muerto no es mío", recuerda un excompañero que decían los responsables municipales sobre el beneficiario de la situación, quien asumió la condición de "muerto" que le atribuían y dejó de asistir al trabajo.
La situación se perpetuó hasta que en 2010, seis años después de su destino en la depuradora, el Ayuntamiento abre un expediente por "abandono del servicio" y "falta injustificada", un comportamiento "muy grave" previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Para cuando se acordó la suspensión de empleo y sueldo, a J. G. V. le quedaban tan solo cuatro meses para su jubilación anticipada, medida a la que se acogió el empleado, aunque de facto llevaba ya seis años disfrutando de esa situación.
La resolución judicial que le condena ahora a devolver 30.000 euros argumenta que el empleado percibió todas sus nóminas, aunque "no llegó a acudir a su puesto de trabajo ni llegó a realizar tarea alguna".
El Ayuntamiento de Cádiz, ahora gobernado por la formación de Podemos, se ha limitado a señalar que la sentencia es firme desde el 20 de enero y que esta confirma los términos del expediente abierto. La cuantía hace referencia a un año de sueldo, el máximo que se podía reclamar.
En un último intento por dotar de contenido el puesto que ocupaba J. G. V., le reclamaron un informe sobre la gestión de la depuradora que el empleado solventó con dos escasos folios imprecisos y sin valor alguno.Pero la conflictividad del empleado no hizo más que generar problemas entre los dirigentes locales, que se cruzaron avisos sobre la situación y advertencias periódicas. "El muerto no es mío", recuerda un excompañero que decían los responsables municipales sobre el beneficiario de la situación, quien asumió la condición de "muerto" que le atribuían y dejó de asistir al trabajo.
La situación se perpetuó hasta que en 2010, seis años después de su destino en la depuradora, el Ayuntamiento abre un expediente por "abandono del servicio" y "falta injustificada", un comportamiento "muy grave" previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Para cuando se acordó la suspensión de empleo y sueldo, a J. G. V. le quedaban tan solo cuatro meses para su jubilación anticipada, medida a la que se acogió el empleado, aunque de facto llevaba ya seis años disfrutando de esa situación.
La resolución judicial que le condena ahora a devolver 30.000 euros argumenta que el empleado percibió todas sus nóminas, aunque "no llegó a acudir a su puesto de trabajo ni llegó a realizar tarea alguna".
El Ayuntamiento de Cádiz, ahora gobernado por la formación de Podemos, se ha limitado a señalar que la sentencia es firme desde el 20 de enero y que esta confirma los términos del expediente abierto. La cuantía hace referencia a un año de sueldo, el máximo que se podía reclamar.
TE IMAGINAS A LA SEÑORA QUE LIMPIA TU PORTAL DE PRESIDENTA DE ESPAÑA ?
Felipe González, en una imagen de archivo.Felipe González recomienda a Susana Díaz no presentarse a la Secretaría General ni a la Moncloa
EUROPA PRESS
El expresidente considera “inteligente” el movimiento del candidato socialista, Pedro Sánchez, de “abrir diálogo con Ciudadanos e intentarlo con Podemos”.
Con todos mis respeto por las señoras que limpian,ellas saben que no pueden ser ni Presidenta de su portal,ni secretaria general del bar de la esquina.
Una cateta analfabeta sin estudios,más alla de ser catequista en Triana,no puede pretender dirigir nada.
Felipe que la conoce bien sabe que seria la verguenza de todos los españoles,el hazmereir de Europa...
miércoles, 10 de febrero de 2016
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