1937: juicio sumarísimo al pueblo de Cádiz

María Serrano /

Sentencia franquista de la provincia de Cádiz.

José Luis Gutiérrez ha desgranado desde el libro, recién publicado, ‘La Justicia del Terror’ más de 446 sentencias de los conocidos procesos sumarísimos de urgencia que se dieron en la provincia de Cádiz a partir del año 1937. Poco se conoce de estos consejos de guerra, calificados de “asesinatos legales” y administrados por una justicia militarizada. En medio de aquel estado de cosas, fueron juzgadas en la provincia gaditana 1.300 personas.
Más del 75% de los condenados eran jornaleros, obreros industriales, dependientes, artesanos y pescadores. Todo lo que entenderíamos como clase popular. El porcentaje restante pertenecía a las clases medias y profesionales liberales, entre los que se encontraban abogados, médicos, altos funcionarios de la administración republicana o empleados públicos de correos y de distintos ministerios. Una gran mayoría era hombres y menos de un 20% correspondía a mujeres.
Los procesos sumarísimos eran tan “legales” que incluso eliminaban la fase final del juicio que permitía a la acusación pedir más pruebas. Tampoco se llevaba a cabo en muchos de los casos el proceso de la declaración de testigos. Los juicios se improvisaban en aulas de colegios, en medio de una sala del ayuntamiento ante un jurado y una justicia militar que iba forjando sus herramientas de represión desde los primeros meses tras el comienzo de la Guerra Civil.
Gutiérrez destaca que “el aspecto general es que con esos procedimientos no se intentaba hacer justicia. Se pretendía continuar la represión, la desinfección social de los enemigos y de todo aquel que fuera contrario al régimen”. Las brutales sentencias se repetían una y otra vez con los mismos argumentos y una posterior ejecución que en contadas ocasiones no se realizaba bajo el pelotón de fusilamiento, sino con trámites más crueles.
CONDENADO A MORIR DOS VECES
Las sentencias de José Torna y Antonio Lirio, han sido para el historiador “casos especiales” dentro de su investigación. Según destaca en su libro, en la sentencia de Torna éste es condenado a dos penas de muerte. “La petición de varias penas ha sido un elemento recurrente para ejemplificar el ensañamiento de los golpistas con sus víctimas”, destaca. Además, según afirma, esta condena tuvo una importante resonancia al firmarse su ejecución con garrote vil. Este jornalero fue acusado de aconsejar a los carabineros de la columna de Trujillo que se llevasen del pueblo al guardia civil Jerónimo Cabrera, que fue asesinado posteriormente por los golpistas cuando fue encontrado. La vista se realizó en Chiclana de la Frontera, confirmando su ejecución al garrote el 1 de agosto de 1938.
Antonio Lirio fue el segundo de los condenados de la provincia de Cádiz a garrote. Había nacido en Ronda y era vecino de Montecorto, una población malagueña cercana al Gastor. Fue acusado de haber participado como miliciano de la columna de López Calle, en diversos hechos enfrentamientos y operaciones durante la resistencia al golpe. Uno de ellos fue la emboscada que sufrió un camión de las fuerzas golpistas en la carretera Algodonales-Olvera en la que murieron ocho soldados. Fue duramente golpeado en la prisión provincial de Cádiz. Las celdas se encontraban superpobladas con 369 reclusos cuando había espacio para tan solo 150. Finalmente el presidente de la Audiencia Provincial ordenó su ejecución en Jerez el 21 de junio de 1938.
HISTORIA DE UNA EMBARAZADA
Tras varios años de investigaciones, el historiador González ha destacado que en estos 446 consejos de guerra, hallados en el archivo segundo militar de Sevilla, se ha encontrado ejecuciones de dos zonas de la provincia de Cádiz principalmente: una de ellas es la Bahía y la otra es la sierra, con pueblos como Arcos de la Frontera, Setenil de las Bodegas u Olvera.
En medio de aquel archivo, a Gutiérrez también se le ha hecho más de una vez un nudo en el estómago en medio de la lectura cuando se encontraba con historias escritas a golpe de máquina y en tinta azul. La de Ana Aguilera Beltrán, una condenada a muerte que se salvó al estar embarazada era una de esas historias. Gutiérrez añade que “primero retrasaron la ejecución hasta que hubiera dado a luz. Después, el expediente quedó en tierra de nadie, con la conmutación aprobada pero no confirmada”. Permanecería desde agosto de 1937 hasta noviembre de 1941 en la celda esperando cada noche su final. Por entonces ya había pasado por las cárceles de Jerez, El Puerto de Santa María y Gerona donde recibió la noticia, tras una larga agonía, de que su pena había sido conmutada.